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El PSOE propone un plan integral dotado con 100.000 millones para atajar el conflicto

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió ayer al Gobierno un plan integral de choque para afrontar la crisis provocada por el mal de las vacas locas que incluye medidas de apoyo al sector ganadero así como una campaña de información destinada a los ciudadanos.

Desde el principal partido de la oposición se observa con perplejidad la descoordinación con la que los ministros de Agricultura y Sanidad hacen frente a la actual crisis alimentaria así como la "incompetencia" y la "improvisación" con las que el Gobierno encara las demandas de los sectores afectados y de los propios ciudadanos.

El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, enumeró ayer en el Congreso de los Diputados un decálogo de medidas para afrontar la crisis de las vacas locas, en el que ocupa un lugar prioritario la creación de una comisión interministerial que, presidida por el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, tendría como misión coordinar a los ministerios de Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente y Administraciones Públicas.

Además, el líder socialista pidió la creación de un centro nacional de información al que puedan acudir los ciudadanos y los sectores afectados para resolver sus dudas. Zapatero lo comparó con el servicio que ha creado en Ministerio de Defensa para atender a los soldados que estuvieron destinados en la antigua Yugoslavia y tienen la sospecha de haber contraído alguna enfermedad.

Comisión no permanente

El Grupo Socialista defiende también la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión no permanente que dure toda la legislatura para abordar la evolución de la crisis y facilitar el control parlamentario sobre la actuación del Gobierno.

Zapatero considera urgente la formación de un comité científico independiente que, siguiendo las pautas marcadas en el resto de la UE, aporte información sobre los riesgos de la enfermedad. En su opinión, es necesario despejar cuanto antes las incertidumbres existentes y prevenir la posible extensión de la enfermedad, para lo que ha de contarse con la participación de los mejores expertos en la misma "ante la pura incompetencia del Gobierno".

Zapatero mantendrá en los próximos días una entrevista con Juan José Badiola, director del Centro Nacional de Referencia de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles.

El líder del PSOE se mostró partidario de que el Gobierno dedique los mayores recursos posibles a un plan de Estado que abarque desde la financiación de las medidas que deben adoptar las comunidades autónomas para la retirada de los Materiales Específicos de Riesgo (MER) de las vacas sacrificadas en las granjas y de las harinas de origen animal, hasta la realización de análisis en la cabaña ganadera.

El portavoz socialista de Agricultura, Jesús Cuadrado, cifró en 100.000 millones de pesetas los recursos que debería destinar el Gobierno a este plan, teniendo en cuenta que sólo una tercera parte de los 60.000 millones prometidos por el Ejecutivo serán financiados por los Presupuestos Generales del Estado. El resto procederá de la Unión Europea y de las propias comunidades autónomas.

Con el fin de que todos los sectores afectados por la crisis puedan exponer sus posiciones, el PSOE exige también al Gobierno la creación de una mesa de seguimiento de la enfermedad, en la que deberían sentarse los representantes de los consumidores, de los ganaderos y de los agricultores, así como de las industrias afectadas.

Campaña de información

Zapatero considera imprescindible que a los ciudadanos se les facilite toda la información disponible a través de una campaña de alcance nacional que debería detallar cuales son los productos de riesgo así como los derechos que asisten a los consumidores. A Zapatero le parece "lamentable, insólito y esperpéntico" que en estos tiempos desde el Gobierno haya alguien, en referencia a la ministra de Sanidad, "que se atreva a recomendar cómo hay que cocinar los caldos".

Igual que el Gobierno gastó "cientos de millones" en explicar la reforma del IRPF, recordó ayer Zapatero, "ahora tendría que elaborar un folleto con toda la información disponible sobre esta crisis", afirmó.

La importancia que los socialistas dan al denominado mal de las vacas locas se refleja en el grupo de seguridad alimentaria que van a crear en su ejecutiva, formado por los portavoces de Sanidad y Agricultura del Congreso, los consejeros de ambas carteras de las seis comunidades autónomas donde gobierna el PSOE y expertos en las encefalopatías espongiformes transmisibles.

Zapatero mantendrá próximamente entrevistas con los representantes de la industria cárnica, agricultores y ganaderos.

 

La mina no autorizó a la Xunta gallega el entierro de las reses

El director general de Erinsa, empresa que explota los terrenos donde se hizo el enterramiento masivo de vacas, José Luis Martínez, aseguró ayer que no dio autorización a la Xunta para la operación, aunque sí permitió hacer obras de acondicionamiento del vertedero, aseguró a Efe Pedro Boquete, abogado de Unions Agrarias.

Boquete explicó que, en su declaración, Martínez dijo que recibió una llamada de alguien de la Xunta para decirle si podían sepultar las vacas muertas en la cantera de la que Erinsa es titular en la parroquia de Lanzá, del ayuntamiento coruñés de Mesía.

A esta petición, la empresa respondió positivamente, a condición de que se firmara un convenio en el que se documentase que la finca, una vez permutada, pasaba a ser propiedad de la Xunta.

De este modo, la empresa no autorizó al Ejecutivo gallego a ejecutar los vertidos mientras que no se asumieran las condiciones exigidas, agregó Boquete. Con este convenio, la Xunta se haría cargo de todos los vertidos, exonerando a Erinsa de toda de responsabilidad.

El responsable de Tragsa, empresa que se encargó del transporte de las reses, José Antonio Deniz, reconoció que el traslado de las vacas se hacía en camiones normales que ni se esterilizaban, ni se desinfectaban después de cada carga.

Camiones sin esterilizar

Deniz explicó, según el abogado de Unións Agrarias, que primero se vertieron 53 toneladas de harinas animales y después las vacas muertas, tras lo cual se echó la cal, sin saber si era suficiente para esterilizar a los animales.

El último en declarar fue el alcalde de Mesía, José Fraga, quien reconoció que le enviaron al ayuntamiento un fax en el que se daba cuenta de los hechos, pero que no lo recibió hasta el 2 de enero, debido al periodo vacacional.

No obstante, aseguró que la notificación era tan escueta que no la consideró suficiente para conocer con exactitud los hechos.

El abogado de Unións Agrarias señaló a Efe que, tras escuchar las declaraciones de los testigos, pedirá al juez que se llame a declarar, en calidad de imputado, al director general de Medio Ambiente de la Xunta y, como testigo, al representante legal de Sugasa, planta incineradora de Ourense.

 

Dimiten los ministros alemanes de Sanidad y Agricultura

Ciro Krauthausen Berlín

La crisis de las vacas locas forzó ayer en Alemania la renuncia de los dos ministros encargados de la situación, la responsable de la cartera de Sanidad, la ecologista Andrea Fischer, y el encargado de Agricultura, el socialdemócrata Karl-Heinz Funke.

Ambos políticos habían sido acusados de no actuar a tiempo y de manera descoordinada antes y después de que, el 24 de noviembre pasado, se descubriera el primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Alemania, un país que ¿al igual que España y pese a múltiples advertencias, provenientes entre otras de Bruselas ¿ se consideraba inmune a la enfermedad.

Durante la rueda de prensa en la que dio a conocer su renuncia, Andrea Fischer admitió que ella nunca había estado ¿100% convencida¿ de que Alemania estuviese libre del mal. Aunque potencialmente escandalosa, esta tardía confesión concuerda con conocidas posturas de la política de los Verdes, quien desde hace mucho tiempo advertía sobre los riesgos inherentes ¿a la agricultura industrializada, a la preponderancia de los intereses económicos sobre aquellos de los consumidores, y a la falta de disposición de pagar un precio apropiado por buenos alimentos¿, según repitió ayer.

¿Sólo ante este trasfondo fue posible creerse libre de EEB¿, dijo la ya ex ministra, quien, muy tensa, admitió el error de no haber advertido a tiempo a los consumidores de la posibilidad de que algunos embutidos pudiesen estar contaminados, a finales de diciembre.

Dado que la ¿confianza de los consumidores ha resultado socavada¿ y su propia posición ¿debilitada¿, la ministra consideró que la reestructuración del sector tendrá que ser acometida por otros.

Fischer ¿quien venía impulsando una ambiciosa reforma de la Sanidad¿ negó que su dimisión obedeciera a presiones del canciller, Gerhard Schröder, quien ayer se limitó a comunicar que aceptaba y respetaba las dimisiones de sus ministros.

El encargado de Agricultura, Karl-Heinz Funke, durante las últimas semanas se había mostrado bastante menos crítico con la agroindustria. Además de sostener, hasta entrado noviembre, que el mal de las vacas locas no había llegado a Alemania, Funke se opuso a la prohibición de las harinas cárnicas y mantuvo múltiples conflictos con su colega de Sanidad.

Salida a regañadientes

Tras la renuncia de Fischer, Schröder parece haber presionado para que también dimitiera el ministro de Agricultura, según informaciones de la televisión alemana. Funke, de profesión agricultor, reconoció errores en la gestión de la crisis y admitió a regañadientes que su renuncia deberá despejar el camino para una reorientación de la política agraria.

Al cierre de esta edición, la coalición rojiverde aún debatía sobre quienes sustituirán a ambos políticos. Una amplia reestructuración del Gabinete, solicitada por la oposición democristiana, sin embargo, parecía descartada.

Una de las opciones que baraja el Gobierno es centralizar organizativamente la protección de los consumidores, tarea hasta ahora dispersa en varios ministerios. Tras dos nuevos casos conocidos ayer, son ya diez las vacas en las que en Alemania se ha detectado EEB.

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