Un juez imputa a la Xunta por enterrar vacas en una mina
Las medidas adoptadas por las autoridades para combatir el llamado mal de las ¿vacas locas¿ ya están en los tribunales. La Xunta de Galicia está imputada en la causa judicial abierta por el enterramiento masivo de vacas en la mina coruñesa de Mesía, una medida que justificó su presidente, Manuel Fraga, a pesar de estar legalmente prohibido. La crisis desatada por la enfermedad de Creutzfeld-Jakob ha puesto de manifiesto, por un lado, la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la incineración masiva de animales, mientras que el sector cárnico teme que el miedo de los consumidores provoque un nuevo hundimiento de las ventas si se confirman nuevos casos.
La Xunta de Galicia deberá acudir como imputada en la causa judicial abierta por el el caso del enterramiento masivo de vacas en la mina del municipio coruñés de Mesía. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, justificó la medida por la situación de "crisis" que está viviendo Galicia.
El juez que instruye el caso del enterramiento masivo de vacas en el municipio coruñés de Mesía ha llamado a declarar, en calidad de imputado al director general de Producción Agropecuaria de la Xunta de Galicia, Antonio Crespo, según el auto facilitado por una de las organizaciones agrarias denunciantes, informa Efe.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ordes mantiene abierta una causa por este caso tras la denuncia presentada por los vecinos de la parroquia coruñesa de Lanzá, en el Ayuntamiento de Mesía, la Federación de Productores Lácteos y Unións Agrarias.
La propia Xunta de Galicia había prohibido el enterramiento de reses por real decreto, pero ante la detección de un caso de un animal afectado por el mal de las vacas locas y el consiguiente sacrificio de animales para evitar la propagación de la enfermedad, la Administración gallega optó por el enterramiento masivo de reses en la mina de Mesía, lo que suscitó las protestas y la denuncia de los vecinos afectados.
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, justificó ayer esta decisión como una "solución de emergencia" ante la avería de la incineradora de Ourense. Según Fraga, la mina de Lanzá era un lugar "perfectamente apropiado" para los enterramientos, aunque están legalmente prohibidos. Señaló que las vacas depositadas en la mina murieron de muerte natural y garantizó que no se han producido filtraciones a los ríos procedentes de las reses muertas.
Dada la "resistencia social" surgida por esta decisión, el titular de la Xunta aseguró que el terreno se acondicionará, cerrará y quedará perfectamente sellado, aunque las reses finalmente no se incinerarán.
Manuel Fraga anunció que la Xunta construirá una incineradora de alta capacidad para la eliminación de las reses muertas por causas naturales en la comunidad. Las instalaciones se construirán en el municipio coruñés de Touro y, mientras se llevan a cabo las obras, este ayuntamiento ha ofrecido unas antiguas minas para este mismo fin.
La Xunta ha calculado que el coste de la aplicación de la totalidad de las medidas durante el año 2001 podrá ascender a 4.900 millones.
Además, la Xunta ha llegado a un acuerdo con la Generalitat de Catalunya para trasladar a aquella Comunidad los animales que no puedan ser tratados en Galicia. Según Fraga, este traslado se efectuará por carretera en vehículos adecuados y no incluirá los materiales específicos de riesgo, que son incinerados en la planta de Ourense, mientras que los animales sospechosos o con riesgo de estar afectados por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) son tratados en instalaciones específicas en Chantada.
La oferta de la Generalitat a la Xunta está condicionada a que Galicia se haga cargo de los piensos de origen animal resultantes. Según la Generalitat, las empresas catalanas dedicadas a la transformación de vacas muertas en harinas no utilizan toda su capacidad de trabajo y pueden asumir la transformación de entre 100.000 y 200.000 toneladas anuales.
El hecho es que un sólo caso de la enfermedad de las vacas locas detectado en la Comunidad gallega ha puesto de manifiesto las dificultades que tienen las administraciones públicas para intentar solucionar un problema que puede ir a más.
El Centro Nacional de Referencia de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles hará públicos hoy los resultados de los análisis llevados a cabo en dos reses de León que dieron positivo en los primeros test de la enfermedad, lo que puede agravar aun más el problema.
El consejero de Agricultura de Castilla y León, José Valín, se reunió ayer con organizaciones de consumidores para garantizarles la calidad de la carne de la región, ya que aseguró que esta comunidad dispone de los tests necesarios para efectuar los análisis. Valín explicó que la carne está garantizada por las pruebas que se harán a todas las reses de más de 30 meses, además de la eliminación de los materiales de riesgo y de la prohibición de utilizar harinas cárnicas como piensos.
El consejero explicó que los análisis comenzaron a realizarse el pasado martes en un matadero de Salamanca, por ser ésta la provincia con mayor censo bovino de España, y que en estos momentos "no existe carencia de test priones", ya que se "irán dando según las necesidades".
Valín anunció que a partir del día 15 funcionará la ampliación del Laboratorio Pecuario Regional, de León, para hacer más análisis, mientras que en Salamanca estará listo otro centro de analítica previsiblemente en febrero.
España,
sin capacidad para incinerar 184.000 vacas al año
Marta Matute Madrid
La polémica actuación de la Xunta de Galicia ha destapado uno de los muchos problemas de logística que lleva implícita la gestión de la crisis de las vacas locas: las cinco plantas incineradoras que funcionan en España, una de ellas en Ourense, no tienen capacidad suficiente para eliminar en estos momentos todo el material específico de riesgo de las vacas, constituido por las vísceras de bovino y las reses muertas en una explotación agropecuaria.
Sólo en Galicia mueren cada día medio centenar de vacas, según explicó ayer Manuel Fraga, y el Ministerio de Agricultura estima en 184.000 el número de reses que mueren cada año en toda España. La legislación española obliga a incinerar estos animales desde el pasado 25 de noviembre, cuando entró en vigor un real decreto, desarrollo de una norma comunitaria, que considera a las reses de más de 12 meses que hayan muerto en granja (sea cual sea la enfermedad causante del fallecimiento) material de riesgo y obliga a incinerarlas.
Alto coste
Las cinco plantas que hay en España no pueden tratar todos estos animales porque, además, tienen que quemar lo que se considera específicamente material de riesgo: las vísceras y otros órganos proclives a incubar el peligroso prión de la EEB.
La eliminación de los materiales específicos de riesgo (MER) suponen un coste total para los ganaderos españoles de 11.300 millones de pesetas anuales, según los datos aportados por la organización agraria UPA, que considera que dicho importe debe ser asumido por el Estado, porque el mal de las vacas locas es un problema de sanidad pública.