Propuestas frente a la crisis
La semana pasada se presentó el tercer Informe Fundación BBVA-Ivie. Crecimiento y competitividad 2013 que este año lleva por título “Los retos de la recuperación”. Si bien la economía española técnicamente ha abandonado la recesión, superar la crisis exige un crecimiento que genere empleo. Para ello, el Informe define una serie de retos y propone líneas de actuación encaminados a cambiar el patrón de capitalización y adaptarlo al actual escenario competitivo, apoyándose más en activos intangibles (como el I+D, el diseño de nuevos productos, la investigación de mercados, la formación en la empresa, etc.) que en inversiones materiales. Para que el crecimiento sea socialmente sostenible e inclusivo, el informe insiste en la necesidad de minimizar el riesgo de pobreza y exclusión social que representa el enorme desempleo masivo y duradero existente.
El informe realiza un diagnóstico de los antecedentes de la crisis centrado en identificar las debilidades del modelo de crecimiento de la economía española entre los que destacan la escasa orientación de las inversiones a los activos ligados al conocimiento, el escaso aprovechamiento del capital humano, las carencias de formación de numerosos empresarios, el excesivo endeudamiento y la escasez de empresas de gran tamaño. Cuando estalla la crisis, esas debilidades pasan factura en forma de una elevada tasa de paro, agravándose la situación por la escasez y el coste del crédito bancario, derivados de la fragmentación del mercado financiero europeo. La magnitud y duración del desempleo (se han destruido 3,7 millones de empleos desde el inicio de la crisis) comporta riesgos de exclusión laboral graves, una alta probabilidad de dependencia de las políticas de protección social y mayor riesgo de pobreza.
El objetivo es lograr un crecimiento sostenible e incluyente que reduzca los riesgos actuales
En este contexto, la senda de la recuperación que necesita España plantea retos a corto y medio plazo. En el primer caso, la prioridad es volver a crecer para crear empleo, siendo urgente que vuelva a fluir el crédito, que se avance en la corrección del déficit público y que prosiga de forma ordenada la reducción de deuda de empresas y familias. A medio plazo, el Informe Fundación BBVA-Ivie identifica hasta ocho retos cuya superación hará más probable que la competitividad sea duradera. En ese horizonte, el objetivo es lograr un crecimiento sostenible e incluyente que reduzca los riesgos actuales de dualidad del mercado laboral y exclusión social. Para ello es necesario, entre otras cosas: cambiar el patrón de inversión, para basar mucho más la acumulación de capital en los activos intangibles; implementar cambios en la estructura, dirección y gestión de muchas empresas, aumentando la cualificación de los empresarios; aumentar la productividad y la formación de los trabajadores; garantizar el acceso a servicios públicos fundamentales como la educación y la salud, claves para igualar las oportunidades de los grupos sociales más amenazados por la pobreza; e incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Para alcanzar la meta final que es la creación de empleo, el informe detalla quince propuestas agrupadas en torno a dos ejes: la mejora de la competitividad y el crecimiento.
En el primer eje, las propuestas son: 1) promover la inversión en intangibles dado el escaso peso que tienen en España en comparación con las economías avanzadas; 2) incentivar la formación continua en empresarios, profesionalizando la gestión, dada su reducido capital humano en comparación con otros países; 3) formación empresarial para titulados superiores, lo que requiere una colaboración estrecha entre empresas y universidades; 4) apoyo a la exportación y a la internacionalización mediante programas de formación y el desarrollo de instrumentos financieros adecuados; 5) atraer inversión extranjera directa, dadas ventajas de coste y oferta de recursos de la economía española; 6) retener y recuperar talento, aumentando el volumen de actividades de intensidad tecnológica, media y alta; 7) apoyo selectivo a la I+D+i, dada su importancia para conseguir ganancias de productividad; 8) promover un cambio en las relaciones empresa-trabajadores, aumentando la flexibilidad a cambio del mantenimiento del empleo; 9) priorizar el gasto público, haciendo compatible la estabilidad presupuestaria con programas de actuación a largo plazo, protegiendo los determinantes de la productividad del ciclo económico y del ciclo político; y 10) evaluar las políticas públicas, para así mejorar la información, la transparencia y el buen gobierno de los asuntos relacionados con las administraciones públicas.
Es necesario abordar numerosos retos que exigen cambios de gran calado en el sector público y en el privado
La mejora de la competitividad española puede requerir medidas que tengan efectos negativos sobre grupos sociales con desventajas competitivas en los mercados de factores, como los trabajadores menos cualificados que se enfrentan a mayores tasas de paro. Es peligroso ignorar los riesgos que representa para el desarrollo a largo plazo no lograr un crecimiento incluyente, de cuyos frutos participe toda la población. Por esa razón, el Informe de la Fundación BBVA-Ivie considera necesario que la agenda de las políticas a favor de la competitividad vaya acompañada de cinco actuaciones que corrijan o amortigüen sus potenciales efectos negativos sobre los más débiles: 11) políticas activas de empleo más ambiciosas que incluyan actuaciones especiales de formación y fomento del empleo dirigidas a los desempleados menos cualificados y que lleven en esa situación más tiempo para reducir la exclusión laboral y la dependencia de los subsidios públicos; 12) comprometer a toda la sociedad en la formación de los parados, movilizando los recursos del sistema educativo y de las empresas, para el reciclaje de personas con carencias básicas para evitar su exclusión laboral; 13) reforma fiscal y lucha contra el fraude, aumentando la capacidad recaudatoria ampliando las bases imponibles, eliminando deducciones y mejorando la corresponsabilidad interterritorial de las distintas AAPP; 14) garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales a todas las personas con independencia de su lugar de residencia, en especial a las que padecen riesgo de pobreza. Ello exige ajustar las políticas de tasas y copagos orientadas a incentivar la corresponsabilidad para evitar un acceso restringido a ciertos colectivos; y 15) garantizar la sostenibilidad financiera del sector público con reformas de sus ingresos y reglas de gasto para seguir manteniendo las funciones básicas de pensiones y sanidad al servicio de todos los ciudadanos sin poner en peligro al acceso al estado del bienestar de las generaciones futuras.
En síntesis, como afirma el informe de la Fundación BBVA-Ivie, España ha salido de la recesión, pero no de la crisis. Para dejarla atrás es necesario abordar numerosos retos que exigen cambios de gran calado tanto en el sector público como en el privado, encaminados a crecer y evitar la exclusión laboral y social actualmente existentes.
Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis económico de la universidad de Valencia, investigador del Ivie y colaborador del CUNEF