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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Más inspecciones para detectar los pisos turísticos ocultos

Consumo ha identificado más de 15.200 alojamientos sin licencias en la ciudad de Madrid

Concentración de propietarios de pisos turísticos (VUT) frente al ayuntamiento de Madrid.
CINCO DÍAS

En Yaiza, un pequeño municipio canario con apenas 18.000 habitantes, una de cada cuatro viviendas son de uso turístico. El caso de esta localidad perteneciente a la isla de Lanzarote ejemplifica la explosión de esta actividad en todo el territorio nacional, donde dos de cada tres municipios cuentan ya con pisos turísticos.

La proliferación de estos alojamientos para usos turísticos se ha convertido en un motivo de preocupación social. Es uno de los elementos que explican el aumento descontrolado de los precios del alquiler. La multiplicación de los pisos turísticos, que se anuncian en plataformas como Airbnb o Booking, también despierta el rechazo de los vecinos ante la masificación turística y la crisis de la vivienda. Las Administraciones públicas empiezan a limitar esta actividad. Barcelona ya ha anunciado que eliminará 10.000 pisos turísticos de la ciudad durante los próximos cinco años. Málaga prohíbe la apertura de nuevas viviendas de este tipo en 43 barrios y Toledo acaba de aprobar una ordenanza para limitarlos.

La cuestión es que muchos de estos negocios permanecen ocultos a ojos de la Administración. Muchos no tienen licencia de actividad, a pesar de que se anuncian en conocidas plataformas digitales. El caso más paradigmático, por su importancia, es el del Ayuntamiento de Madrid. Tras un minucioso análisis cruzando datos de Booking y Airbnb con los registros municipales, el Ministerio de Consumo ha identificado 15.204 alojamientos turísticos irregulares en la capital. Solo el 7% de este tipo de alojamientos para fines turísticos dispone de licencia municipal. Se trata de viviendas que no suelen dar cuenta de su actividad económica, apenas tributan, y que, en frecuentes ocasiones, generan problemas de convivencia.

El ministerio exige que las Administraciones competentes intervengan para acabar con prácticas ilícitas que “están limitando el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y expulsando de los barrios a una buena parte de la ciudadanía”. Aunque el Ayuntamiento de Madrid ya ha presentado su propia normativa para limitar los pisos turísticos, se echa en falta más contundencia. La capital ―“una de las ciudades españolas con mayor concentración de pisos turísticos ilegales”, según Consumo― debería seguir el ejemplo de ciudades como Ibiza, que ha puesto en marcha una estrategia de identificación de viviendas irregulares y ha multiplicado las inspecciones y sanciones correspondientes.

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