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A fondo
Opinión

Dinero para todo, pero ¿a qué precio?

La abundancia de necesidades públicas y privadas encarece el dinero y amenaza el crecimiento de las economías desarrolladas

El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, en la ONU, en Nueva York, el 22 de septiembre.Kylie Cooper (REUTERS)

El pasado día 5 el azar hizo coincidir en el mismo día el anuncio de la convocatoria de elecciones y la subida de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años al nivel más alto desde hacía 24 años, el 5,3%. La rentabilidad exigida a los bonos soberanos a 30 años ha alcanzado niveles no vistos en décadas: el gilt británico se sitúa en máximos desde 1998, el Treasury estadounidense ha superado el 5,4% por primera vez desde 2005 y el Bund alemán, con el 3,5%, ha superado los niveles observados tras la invasión de Ucrania. En Japón, con un rendimiento que ha pasado en poco tiempo de valores cuasi nulos al 3%, se ha subido a una cota nunca alcanzada desde los años 90. El bono español se mueve en la misma dirección y su cotización supera el 3,8%, medio punto más que a inicios de año. La prima de riesgo, no obstante, permanece en niveles reducidos.

En Europa aumentan las exigencias para que Francia alcance un compromiso fiscal. El gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, ha advertido de que el país corre el riesgo de verse “estrangulado por los tipos de interés” si no adopta medidas para sanear sus finanzas públicas. La prima de riesgo de Francia frente al Bund alemán se ha situado en 120 puntos básicos debido a un déficit fiscal superior al 5%, y cotiza en cotas equivalentes a las de la crisis del euro de 2012.

Los inversores dudan de la sostenibilidad fiscal no solo de la eurozona o Gran Bretaña, sino también de la de Estados Unidos, donde se han sobrepasado los 40 billones de dólares de deuda pública, el 120% del PIB. La deuda se considera sostenible si la tasa de crecimiento nominal de la economía supera el coste medio de financiación. Cuando el PIB nominal crece por encima de los tipos de interés, el peso de la deuda tiende a debilitarse a medida que avanza el tiempo; pero cuando sucede lo contrario, la carga financiera aumenta y la dinámica de endeudamiento queda expuesta a costes más altos. Esa es la inquietud que predomina ahora mismo: el hecho de que los Estados deberán asumir costes financieros más altos en los próximos años. En EE UU el gasto en intereses es la tercera partida presupuestaria más importante, únicamente por detrás de la Seguridad Social y Medicare. En lo que va del ejercicio fiscal 2026 el país ha destinado 931.000 millones de dólares al pago de intereses, superando por primera vez el gasto en defensa nacional, que asciende a 804.000 millones, lo que representa el 14,6% del gasto total frente al 8,7% de media de la última década, y absorbe el 19,7% de los ingresos públicos.

En España se prevé un incremento del gasto en intereses cercano al 50% entre 2025 y 2030, y de mantenerse los tipos en los mismos niveles que en 2025 —es decir, en torno al 3,2% los de largo plazo y el 2,2% los de corto plazo, muy por encima de los niveles que predominaron entre 2015 y 2022—, los pagos pasarán de 43.000 millones de euros este año a unos 60.000 millones en 2030. Como consecuencia, la factura por intereses será un freno para que el déficit de las administraciones sea menor del 3% en los próximos años. Este incremento se debe a la subida de los tipos de interés y a la necesidad de refinanciar deuda que fue emitida a tipos muy reducidos durante la época de la expansión cuantitativa. Los Estados no aprovecharon la década de tipos de interés bajos y negativos —entre 2010 y 2020— para tratar de rebajar su endeudamiento, y la covid-19 y los fuertes estímulos adoptados para apoyar la economía global durante la pandemia desequilibraron de tal forma sus balances que ahora se enfrentan a una coyuntura en la que los costes de financiación son más elevados y la competencia por captar el ahorro privado es mayor.

Todos los grandes actores de la IA están tratando de captar financiación. Los cinco grandes proveedores de datos en la nube —Amazon, Micro­soft, Alphabet, Meta y Oracle—, que hasta el año pasado cubrían la totalidad de la inversión con los beneficios generados en sus negocios, se han convertido en grandes emisores de deuda, hasta el punto de que en muy pocos meses suponen el 20% de las emisiones del mercado estadounidense de bonos con grado de inversión. La empresa china DeepSeek puede obtener al menos 80.000 millones de yuanes —unos 12.000 millones de dólares— en su última ronda de financiación privada, por encima de su objetivo de alcanzar 50.000 millones de yuanes, debido tanto al atractivo que ha generado su último modelo de inteligencia artificial, V4 Flash, como a una posible salida a Bolsa el próximo año.

Su rival Moonshot, que también tiene como objetivo una salida a Bolsa a principios de 2027, ha cerrado una ronda de financiación que valora a la compañía en una cifra cercana a los 50.000 millones de dólares. Son evidencias de que se ha acelerado la carrera por liderar la adopción de la inteligencia artificial y de que estos proyectos de inversión privada despiertan el interés de los inversores y actúan como motor del crecimiento de la economía y la actividad en las Bolsas.

Esta combinación de déficits públicos elevados, altas necesidades de financiación de la IA y un entorno de tipos más altos durante más tiempo cuestiona la capacidad de las economías desarrolladas para afrontar los costes de endeudamiento sin que eso afecte a su crecimiento y al de las empresas, en un escenario de costes financieros más altos e inflación persistente. En este contexto, España necesita fondos para afrontar el problema dual de la vivienda: su vertiente social, la dificultad de acceso, y la económica, que consiste en equilibrar oferta y demanda.

Según el INE, entre el cierre de 2025 y 2037 se van a crear alrededor de 3,2 millones de nuevos hogares en España, por lo que, para no aumentar el déficit de vivienda ya acumulado en el país, sería necesario construir un promedio de 178.000 nuevas viviendas al año. Ahora bien, si además de atender la nueva demanda prevista para el periodo 2026-2037 se plantea la absorción del déficit acumulado durante la última década con el objetivo de alcanzar una situación de equilibrio en 2038, sería necesario sostener un ritmo superior a las 230.000 unidades anuales. Este volumen representa un nivel un 128% superior al registrado en 2024, que constituyó el máximo de la última década. A los precios actuales sería necesario invertir al menos la recaudación de un año, más de 300.000 millones de euros, durante ese periodo. Tal y como están las cuentas públicas, para movilizar esos fondos es ineludible acudir a los inversores privados, ya sea para construir o para disponer de viviendas para alquilar, es decir, al mercado.

La regla fundamental de la persuasión dice que no se puede atacar a quien se quiere persuadir (Albert Bandura), así que durante la campaña electoral se podrá renegar, descalificar y menospreciar a los inversores y a los ahorradores, pero al final, por mucho que se recurra al pensamiento mágico, el dinero no es del Estado, sino de los particulares, quienes, ante la posibilidad de que el riesgo político o administrativo aumente, se cubren prestando más caro. No hablan, solo escuchan y actúan.

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