Un mecanismo dudoso para una necesidad acuciante, la de la vivienda
La urgencia habitacional no justifica normalizar mecanismos excepcionales que alteran el equilibrio institucional durante la disolución parlamentaria
Los decretos de vivienda que han agitado la política española en los últimos días, hasta el punto de desencadenar una convocatoria de elecciones anticipadas, volvieron este martes, prácticamente intactos, a la misma mesa del Consejo de Ministros que los aprobó hace una semana. El Ejecutivo de coalición ha querido dejar claro que la vivienda es su prioridad utilizando una vía poco ortodoxa —legal, pero usando la puerta de atrás— para tratar de garantizarse la aprobación de medidas de calado. Tras el sonoro rechazo del Congreso del pasado viernes, al cambiar Junts el sentido de su voto, será la Diputación Permanente, el órgano que rige una vez están disueltas las Cortes, la encargada de convalidarlos. Con la garantía que ofreció este martes el PNV de que volverá a aprobar el primer decreto, ese texto previsiblemente saldrá adelante porque el voto de Junts es irrelevante en este trámite. La maniobra, sin embargo, supone un modo de proceder bastante extraordinario en un elemento central de la política como es la vivienda.
El Ejecutivo justifica la urgencia en la necesidad de evitar desahucios como el de Maricarmen Abascal, que ha motivado la movilización social que culminó en los decretos de vivienda. En realidad, resulta incomprensible que, una vez superada la pandemia, no existiese en vigor un mecanismo que prohibiera esas salidas forzosas de personas vulnerables y sin ninguna alternativa. Más allá de esa medida estrella, también entrarán en vigor las prórrogas por dos años a los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y el crédito al 0% para la compra de la primera vivienda, con un presupuesto estimado en 10.000 millones de euros para la entrada.
Más allá del incentivo individual, el Ejecutivo ha prometido más limitaciones a la compra de inmuebles por parte de fondos que pretendan especular con ellos y un paquete cercano a los 700 millones de euros con estímulos para la construcción industrializada y con ayudas para los proveedores sociales de viviendas.
La enorme crisis de acceso que existe en España —especialmente en territorios y colectivos determinados, con gran incidencia en el mercado de alquiler— justifica adoptar medidas de calado. Sin embargo, aprobar por una vía pensada para trámites de urgencia algo de tanta trascendencia puede sentar un peligroso precedente. La misma idea puede impulsar a gobiernos futuros a emplear ese mecanismo cuando las Cortes ya estén disueltas, aun a riesgo de que las nuevas Cámaras deroguen poco después, con nuevas mayorías, las medidas recién aprobadas.