Cárceles de máxima seguridad, accionistas de mínima
La ofensiva migratoria de Trump ha disparado en Bolsa a los operadores privados de centros de detención en EE UU
Las cárceles han sido rescatadas. Pese al descenso sostenido de la delincuencia en EE UU, el auge de una política migratoria punitiva ha dado un impulso extraordinario a los centros de detención. El presidente Donald Trump puede ser bueno para el negocio, pero probablemente no sea sostenible y reaviva las dudas sobre los incentivos financieros perversos de las penitenciarías privatizadas con ánimo de lucro.
Cuando Trump se aseguró el regreso a la Casa Blanca, los inversores detectaron nuevas oportunidades. Las promesas de campaña apuntaban a que había dinero que ganar apostando por los fabricantes nacionales, la banca, las criptomonedas, los complementos alimenticios, los contratistas de defensa y los productores de petróleo. Ninguna deducción resultó más rentable que la extraída de los juramentos de deportación masiva.
GEO y CoreCivic gestionan juntas unos 165 centros penitenciarios, con capacidad para cerca de 160.000 reclusos. Las acciones de GEO se han disparado alrededor de un 130% desde noviembre de 2024 y las de CoreCivic casi un 160%, muy por encima del índice de referencia S&P 500 y de los valores individuales de los sectores que se daban por beneficiados con Trump.
Aunque los delitos violentos llevan años cayendo y la tasa de homicidios ha descendido hasta su nivel más bajo en siete décadas, la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), ampliada y envalentonada, mantiene ocupados a los alcaides. Entre 2016 y 2024, CoreCivic y GEO aumentaron sus ingresos en torno a un 1% anual. Para 2026, se prevé que la facturación de GEO crezca un 24% respecto a hace dos años, hasta 2.570 millones de euros, mientras que la de CoreCivic va camino de dispararse un 38%, según Visible Alpha.
El mes pasado, GEO presentó dos nuevos contratos con el ICE por 141 millones de euros anuales, mientras su consejero delegado, George Zoley, aseguraba que la compañía negocia venderle a la agencia algunas instalaciones. CoreCivic ya ha traspasado cuatro centros al Gobierno estadounidense por 1.890 millones de euros, un dinero que podría destinar a reducir deuda o a recomprar acciones.
La actividad está ligada a un presidente obsesionado con detener y expulsar inmigrantes. Como eso perjudica a la economía, es probable que sus sucesores moderen esa agresividad extraordinaria. Los operadores de prisiones atraen además una atención cada vez menos deseada. Las muertes de inmigrantes en el centro de GEO en Newark llevaron a Nueva Jersey a abrir una investigación por derechos civiles y a demandar a la compañía por impedir el paso a los inspectores sanitarios del Estado. Después de que los legisladores de Kansas pelearan por imponer restricciones a una de sus instalaciones, CoreCivic se la vendió al Gobierno estadounidense.
Los presuntos malos tratos a los inmigrantes encarcelados han reavivado protestas masivas que amplifican los riesgos para GEO y CoreCivic. Ambas afirman que priorizan el bienestar de los internos. Con el presidente Barack Obama, el Departamento de Justicia trató de poner fin al uso de instalaciones gestionadas por privados. Un estudio de 2016 concluyó que externalizar la detención sale más barato, pero la Administración sostuvo que no es ni más segura ni más económica que la de los centros gestionados por el Gobierno federal. Con las dos empresas cotizando ya con prima sobre su múltiplo medio de ebitda previsto de los últimos diez años, los accionistas están sentados en posiciones de mínima seguridad.