¿Tiene sentido duplicar el poder económico en España?
Unificar Hacienda y Economía podría mejorar la eficiencia de la política económica; sin embargo, también implicaría rediseñar equilibrios delicados
La reciente remodelación del Gobierno español ha situado al economista valenciano Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. Difícilmente puede afirmarse que la etapa de Montero haya supuesto avances significativos en algunos de los grandes retos pendientes. Esto incluye la lucha contra la evasión fiscal o la simplificación de un sistema tributario caracterizado por la existencia de numerosos impuestos, en muchos casos de menor cuantía que los de nuestros vecinos europeos.
Su nombramiento, impulsado por el presidente Pedro Sánchez, llega en un momento clave para la política económica del país, marcado por la necesidad de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, reformar el sistema de financiación autonómica y garantizar la estabilidad fiscal.
Arcadi España presenta un perfil técnico y orientado al consenso político. Sin embargo, queda por ver si es la persona más adecuada para liderar este ministerio. También queda por ver hasta qué punto estará dispuesto a hacer concesiones en la negociación política, especialmente en cuestiones sensibles como la financiación territorial. En este ámbito, los equilibrios entre comunidades –como el País Vasco y Cataluña– pueden generar debate sobre su impacto en el conjunto de los españles.
Tengamos, además, en cuenta que comparte protagonismo en la política económica con Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía y vicepresidente, lo que reabre una cuestión recurrente en la arquitectura institucional española: ¿tiene sentido mantener separados los ministerios de Hacienda y Economía?
La separación moderna del Ministerio de Economía y Hacienda en España se produjo en el año 2000 bajo el gobierno de José María Aznar, que decidió dividir el antiguo macroministerio en dos carteras diferenciadas. En el modelo actual, el Ministerio de Hacienda se ocupa de la política fiscal, los presupuestos y la recaudación de impuestos, mientras que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa diseña la política económica general, incluyendo el crecimiento, la inversión y las relaciones económicas internacionales.
Esta división responde a una tradición administrativa orientada a la especialización, pero también ha generado problemas de coordinación, especialmente en momentos de crisis o de reformas profundas, como evidenciaron en su día las tensiones entre Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, o entre Montero y Nadia Calviño.
Un único ministerio permitiría alinear de forma más eficaz la política fiscal (impuestos y gasto) con la estrategia económica (crecimiento, empleo e inversión). En el modelo actual, muchas decisiones clave dependen de la coordinación entre departamentos distintos, lo que introduce fricciones y puede ralentizar la respuesta ante crisis económicas. En cambio, una estructura unificada facilitaría decisiones más ágiles en contextos como recesiones, episodios de inflación o shocks internacionales. Además, la coexistencia de dos grandes estructuras administrativas genera, en ocasiones, duplicidades en análisis, previsiones y gestión de recursos públicos.
Varios países de la Unión Europea han optado por modelos integrados que combinan Hacienda y Economía, como Francia, Italia o Portugal. En estos casos, la centralización de competencias ha permitido una mayor coherencia estratégica. No es casual que, en entornos como la Comisión Europea, resulte llamativo que España mantenga dos ministerios donde la mayoría de países cuentan con uno solo.
Sin embargo, este debate choca con una realidad política evidente. En una España donde ningún partido ha hecho de la austeridad institucional una práctica consistente —empezando por la reducción de ministerios, asesores y cargos de designación política—, resulta poco probable que se impulse una reforma que reduzca el tamaño y la influencia de estas estructuras.
Los posibles argumentos en contra de dicha fusión son la potencial concentración excesiva de poder en un solo ministro, una posible pérdida de especialización técnica y una mayor presión política al convertirse en un superministerio con enormes responsabilidades. La llegada de Arcadi España abre, en cualquier caso, una nueva etapa en la política fiscal española, marcada por el pragmatismo y la necesidad de acuerdos. Su perfil dialogante podría facilitar la coordinación con el área económica, pero el debate de fondo sigue vigente.
Unificar Hacienda y Economía podría mejorar la eficiencia y coherencia de la política económica, como demuestran varios países europeos. Sin embargo, también implicaría rediseñar equilibrios institucionales delicados. En última instancia, la cuestión no es solo organizativa, sino profundamente política: depende de si el Gobierno prioriza la concentración de decisiones para ganar eficacia o la separación de funciones como mecanismo de control interno.