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Breakingviews
Opinión

Las empresas no son un buen amortiguador frente al impacto presupuestario de la guerra

India traslada al sector privado la carga de la crisis energética

Coches quemados junto a unas instalaciones de Maruti Suzuki, tras una protesta salarial de los trabajadores, en Noida (Uttar Pradesh, India), el 13 de abril.Anushree Fadnavis (REUTERS)

Los petroleros han vuelto a cruzar el estrecho de Ormuz. Pero las empresas seguirán pagando un precio por el conflicto, y no solo a través de la energía. Los gobiernos asiáticos seguirán trasladando la carga al sector privado.

Dos Estados indios que albergan fábricas de Samsung y Maruti Suzuki han ordenado este mes subidas salariales de hasta el 35% para sofocar protestas laborales provocadas por la inflación. La situación pone de relieve un problema estructural del país: el estancamiento de los ingresos. Ya en 2024, el principal asesor económico del Gobierno, V. Anantha Nageswaran, instó a las empresas a pagar mejor a sus trabajadores. Los salarios mínimos son muy bajos, pero la reacción precipitada de los Estados no es una alternativa a incrementos graduales y bien planificados. Si más territorios siguen ese camino, la inflación se intensificará en todo el país. Desde que estallaron los combates en el Golfo, el único alivio del Ejecutivo federal ha sido una rebaja de los aranceles sobre los combustibles.

La fragilidad de las finanzas públicas explica en parte este traslado de cargas. Los Estados indios han girado hacia el populismo y recurren con frecuencia al reparto de ayudas para ganar elecciones. El déficit fiscal agregado de los Estados alcanzó el 3,3% del PIB, frente al 2,6% previo a la covid, lo que deja escaso margen para afrontar la última crisis. Esto no solo debilita el discurso del primer ministro, Narendra Modi, sobre la reindustrialización del país, sino que también amenaza con erosionar la ventaja competitiva que los exportadores podrían haber ganado gracias a acuerdos comerciales con mercados como la UE y Reino Unido.

El problema será generalizado. Las firmas que operan en el sur y el sudeste asiático, donde la dependencia energética de las importaciones es alta y las condiciones presupuestarias se deterioran, están en alerta. Indonesia está recaudando sanciones y revocando licencias de explotación de recursos bajo el paraguas de una ofensiva ambiental. Este tipo de decisiones son difíciles de revertir. A la postre, confirman la creciente ambivalencia de los inversores globales a la hora de comprometer capital paciente en estos Estados asiáticos. A largo plazo, será peor para los trabajadores y para los políticos.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

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