El Pacto Verde Europeo enmohece
Quizá es una señal anticipada de la pérdida de consistencia del proyecto continental y la falta de voluntad para competir
El Pacto Verde Europeo nació en 2019 con la decidida intención de convertirse en el marco de actuación no solo para descarbonizar la economía, sino para recuperar un posicionamiento competitivo y de seguridad de suministro de una Europa que carece de recursos energéticos. El objetivo comprometido era reducir las emisiones un 55% para 2030, con respeto a las existentes en 1990 y, alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En mayo de 2022, la Comisión Europea (CE) presentó el plan REPowerEU, con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta a la crisis energética que había generado la invasión de Ucrania y a la manipulación de los mercados por parte de Rusia, principal suministrador energético de Europa. El plan apostó por las energías renovables y amplió la asignación presupuestaria para la obtención de los objetivos verdes y digitales del Fondo de Recuperación Next Generation EU, iniciativa para la recuperación económica dotada con 750.000 millones de euros y aprobada tras la pandemia del covid-19.
En mayo de 2024 se presentó el informe elaborado por Mario Draghi, por encargo de la CE, sobre la situación actual y las transformaciones necesarias no solo para descarbonizar la economía, sino, sobre todo, para recuperar el posicionamiento económico, tecnológico e industrial en un futuro energético y digital diferente al de una economía fósil y dependiente del exterior. En el informe Draghi se reflejaba la necesidad urgente de actuar para que Europa recuperara su competitividad, estableciendo la necesidad de llevar a cabo un proceso de inversión interno de 800.000 millones de euros con carácter anual (aproximadamente un 5% del PIB europeo).
Es difícil no estar de acuerdo con la radiografía del informe, aunque su planteamiento de que fuera el sector privado el que asumiera el destino de los fondos públicos disponibles debe hacernos recordar los análisis de la economista Mariana Mazzucato y la necesidad de que el Estado sea partícipe activo y no solo un proveedor de fondos. Huelga decir que estos informes, aunque fueran una clara hoja de ruta propositiva, en la que se evidenciaban riesgos, pero también oportunidades, han quedado olvidados en un nuevo ejercicio de procrastinación por parte de la CE.
Lo que parecía una estrategia perfectamente trazada y asumida ha ido diluyéndose por una realidad europea marcada por los intereses económicos sectoriales, la preocupante pérdida de peso en el exterior y una deriva política cada vez más reaccionaria.
La primera señal de desistimiento se produjo en mayo de 2020, con la aprobación del Reglamento 852/2020, que definía la taxonomía de las inversiones sostenibles y en la que se abría la puerta a considerar, como tales, todos aquellos procesos que mejoraran su estatus anterior, independientemente de si los recursos energéticos eran fósiles o renovables. Esta posición fue refrendada en distintos Actos Delegados que reconocían como sostenible la producción de hidrógeno con energías fósiles. Se asumió la eficiencia como coartada para mantener la dependencia de los combustibles fósiles, pragmatismo engañoso que iba en contra de la apuesta renovable y, por tanto, de la independencia energética.
A este primer paso atrás le han seguido otros como la anulación del compromiso de no comercialización en 2035 de vehículos de combustión interna, plegándose a la presión de una industria automovilística que ha sido incapaz de adecuar su estructura productiva a la apuesta por el vehículo eléctrico, y de competir con la oferta china, aunque esta esté lastrada por la inclusión de aranceles; el retraso en un año, por ahora de 2027 a 2028, de la aplicación del nuevo impuesto a las emisiones de carbono para edificios, pequeñas industrias y el transporte por carretera, ETS 2; la introducción de exenciones en la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que entró en vigor el 1 de enero; el retraso en la aplicación del reglamento contra la desforestación; la rebaja de objetivos de la Ley de Restauración de la Naturaleza; el aplazamiento del estándar de emisiones para vehículos nuevos Euro7, o la retirada de algunas medidas anti-greenwashing.
La realidad europea está centrada en la sustitución del Pacto Verde por la llamada Brújula para la Competitividad que encarna el Paquete Ómnibus (Directiva UE 2025/794), señal clara de que nuestro compromiso con la sostenibilidad se va evaporando. Se pretende reducir en un 25% la carga administrativa de las grandes empresas y hasta en un 35% la de las pymes, principalmente recortando requisitos de sostenibilidad en la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilidad, la taxonomía verde y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
En resumen, se intenta priorizar la agilidad del mercado sobre la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social corporativa, mediante la simplificación normativa y la reducción de trabas burocráticas. Crecer perdiendo control público implica eliminar los requisitos que provocaron la crisis financiera de 2007.
La Unión Europea podría haber hecho frente a la recuperación siguiendo los consejos de Draghi, pero ha preferido arrodillarse y firmar, en julio de 2025, un acuerdo con Estados Unidos por el que, para limitar los aranceles al 15%, asume el compromiso de adquirir combustibles fósiles por valor de 750.000 millones de dólares en tres años y la obligación de invertir otros 600.000 millones, lo que supone no solo la negación del Paquete Verde, sino la constatación de la pérdida de autonomía y de todos los grados de libertad planificados.
A esta situación hay que sumar la exigencia del presidente Trump a los países miembros de la OTAN de destinar un 5% del PIB a defensa. ¿Hemos cambiado la propuesta de Draghi para el desarrollo competitivo, tecnológico e industrial propio por el aumento del gasto en defensa y por mantener la dependencia de Estados Unidos?
El Paquete Verde Europeo, que marcó un compromiso con la lucha contra el cambio climático y la posibilidad real de recuperar el liderazgo político y económico, enmohece. Quizás es una señal anticipada de la pérdida de consistencia del proyecto europeo y la falta de voluntad para competir y mantenerse como una fuerza real identitaria basada en el respeto de derechos y libertades.