Incógnitas sobre la financiación autonómica
Es imprescindible actualizar el actual sistema de dotación a las comunidades, pero la insistencia en la ordinalidad y la existencia de nuevos fondos abre algunas grietas en el modelo
Pocos asuntos generan tanta controversia –y admiten lecturas tan dispares– en España como la financiación autonómica. La reforma propuesta por el Gobierno, que actualiza un modelo pendiente de renovación desde 2014, prevé inyectar hasta 21.000 millones más en el sistema durante el primer año, un aumento de ingresos que de entrada beneficia a todas las comunidades (o al menos se garantiza que ninguna pierde respecto al modelo actual). Pero la existencia de dos nuevos fondos sin criterios claros de adjudicación y el énfasis, solo para Cataluña, en la llamada ordinalidad (garantizar que una comunidad ocupa la misma posición en la clasificación de las que más aportan y las que más reciben) agrietan la propuesta inicial.
El Gobierno recurre a un mecanismo ya ensayado (elevar el porcentaje de recaudación de IRPF y de IVA que se cede a las comunidades) para lograr que las autonomías dispongan de más recursos. Además, la Administración eleva la aportación que hace a la caja común del sistema. Las comunidades del PP se han apresurado a rechazar el sistema, pero tampoco ha logrado el apoyo de dos barones socialistas, los de Castilla-La Mancha y Asturias. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que el sistema es voluntario. En la primera discusión, Montero evitó dar la cifra que permitiría hacer cálculos sobre qué comunidades salen más beneficiadas y cuáles perjudicadas. La titular de Hacienda no ofreció la población ajustada (la que, en lugar del dato bruto de habitantes toma un valor corregido con criterios de insularidad, dispersión de la población o edad media), de forma que no se puede hacer el cálculo de cuánto recibe cada territorio con ese indicador ajustado. Pero un análisis de Fedea que toma como base los datos de 2023 –últimos disponibles– concluye que son, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia las más beneficiadas por el cambio. Por volumen de ingresos extra recibidos, es Andalucía la autonomía más favorecida.
A la espera de conocer los datos reales –y el reparto que hace el Ejecutivo del llamado fondo climático, que se vuelca en los territorios del Mediterráneo, y del mecanismo de IVA para las pymes–, la reforma de la financiación autonómica arranca entre dudas pese a que resulta imprescindible. La idea de que todo el modelo busca en primer lugar contentar los pactos en Cataluña, y el blindaje de la ordinalidad de esta autonomía sin extenderlo a otros territorios, enturbian todo el plan.
Aún así, resultará difícil para algunas comunidades como Andalucía o la Valenciana, gobernadas por el PP, explicar que renuncian a aumentar notablemente sus recursos.