España termina 2025 como séptimo país del mundo en competitividad en IA
Parte esencial de la carrera tecnológica tiene que ver con la capacidad real de los gobiernos para modernizar sus estructuras
En España no somos séptimos en casi nada. En deportes, tal vez, lo cual no es un mérito menor. En gastronomía, quizás, y en turismo. Nuestro privilegiado entorno natural contribuye a eso. Es cierto que, a tenor de los casi 100 millones de visitantes que pisaron nuestro país en 2025, algo debemos tener, además de sol y la playa.
Algunos intangibles como la simpatía, la hospitalidad o el civismo –dimos al mundo una lección de buen comportamiento durante el apagón del 28 de abril del que no se ha hablado lo bastante- deben tener algo que ver, pero no nos engañemos. A pesar de destacar en algunos parámetros, en líneas generales no somos los séptimos en casi nada.
No estamos, por ejemplo, entre los 25 países más ricos del mundo, según datos del FMI que toman como base el PIB por cápita. Cierto que en esta engañosa publicación, comandada por Liechenstein, se cuelan países como Luxemburgo, San Marino o la propia Andorra, pero no es menos real que estamos lejos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Por eso me sorprende y congratula que nuestro país ocupe una posición relevante en el desarrollo de una tecnología llamada a protagonizar el desarrollo económico en las próximas décadas: la inteligencia artificial. Lo dice al menos así un índice elaborado por la Universidad de Stanford, el Global AI Vibrancy Tool.
Este listado no mide únicamente el volumen de investigación o de patentes, sino que pondera 42 indicadores distribuidos en ocho pilares, entre ellos la producción científica, la inversión, la atracción de talento y, muy especialmente, política y gobernanza. Un enfoque multidimensional que intenta ofrecer una radiografía más completa de lo que significa ser competitivo en IA para una economía moderna y sus administraciones públicas.
Con una puntuación de 16,37, España se sitúa por delante de economías tecnológicamente muy relevantes –como Japón, Francia, Canadá o Alemania– y a una distancia razonable de países tradicionalmente ricos y cultivados. Es además el segundo país en Europa, solo superado, y por muy poca diferencia, por el Reino Unido.
Es un buen resultado, aunque no palía una realidad que debería estar doliéndole a Europa. De los 10 primeros países del mundo solo hay dos en nuestro continente (Reino Unido y España) y están a una distancia abismal del líder mundial, Estados Unidos, y de las dos potencias que le siguen, China e India.
Según este ranking, EE UU tiene una puntuación de 78,6. Y eso deja lejísimos a China, que obtiene un 36,95. India obtiene una meritoria tercera posición, con un 21,59. Corea del Sur (17,24); Reino Unido (16,64) y Singapur (16,43) son los otros países que están por delante de España.
Dicen algunos analistas económicos que Estados Unidos se lo está jugando todo a la inteligencia artificial, que todo su crecimiento económico depende exclusivamente de esta tecnología y que corre muchos riesgos al no impulsar otras áreas económicas. Puede que sea cierto, pero también lo es que si la jugada le sale bien la distancia que pondrá respecto a otras potencias puede ser sideral. Y confirmarla, definitivamente, como la gran potencia del siglo XXI.
En cualquier caso, no parece una mala noticia que España ocupe el séptimo lugar en competitividad en una tecnología tan relevante. Y tampoco es una casualidad. Responde a la confluencia de esfuerzos sostenidos tanto en el sector público como en el privado, orientados a integrar la IA en la vida institucional, económica y social.
Uno de los aspectos más notables del informe es el rendimiento de España en el área de política y gobernanza, un pilar crítico para el desarrollo sostenido de la IA. España lidera el mundo en número de menciones a la inteligencia artificial en procesos legislativos del año 2024, con más de 300 intervenciones en parlamentos y asambleas.
Este dato refleja no solo un nivel de atención política elevado, sino también una madurez institucional para integrar la IA como tema central de la agenda pública y regulatoria. Cuando se agrupan menciones desde 2016 hasta 2024, España encabeza también la tabla, con más de 1.200 alusiones a la IA en debates legislativos.
Además, el informe de Stanford también subraya que España figura entre los países europeos con mayor inversión pública en IA, lo que sugiere que el compromiso del sector público va más allá del discurso y se concreta en recursos financieros y proyectos de impacto.
Modernizar la administración
A pesar de estos logros, la competitividad en IA no se mide solo por rankings y menciones en parlamentos. Parte esencial de esta carrera tecnológica tiene que ver con la capacidad real de los gobiernos y las administraciones públicas para modernizar sus estructuras internas. La adopción eficaz de IA en la administración no es un capricho técnico, sino una condición de competitividad nacional. Un sector público que utilice IA para mejorar la eficiencia de los servicios, la transparencia administrativa, la evaluación de políticas públicas o la atención al ciudadano puede transformar drásticamente su productividad y capacidad de respuesta. Esto ya no es futurismo: es una exigencia para competir en mercados globales y responder a desafíos complejos como la demografía, la sostenibilidad o la seguridad digital.
España debe aprovechar su impulso actual para profundizar en la modernización de la administración pública. Esto implica facilitar la interoperabilidad de sistemas, mejorar, ordenar y estructurar bien los datos, fortalecer la formación en competencias digitales entre los empleados públicos, y establecer marcos normativos ágiles que garanticen la innovación responsable.
Además, la inversión en IA gubernamental debe estar acompañada de una visión estratégica que promueva la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas. Solo así España podrá traducir su posición destacada en índices globales en impacto real sobre la productividad, la competitividad internacional y la calidad de vida de sus ciudadanos.