Simplificar la regulación digital: una necesidad estratégica para el futuro de Europa
Convertir esa oportunidad en resultados concretos requiere visión de futuro y colaboración público-privada
Europa ha sido durante décadas un referente mundial situado a la vanguardia regulatoria, con una anticipación temprana de los retos producidos por nuevas revoluciones económicas. Su marco jurídico ha aportado confianza, estabilidad y seguridad jurídica, tanto a inversores como a consumidores, así como a productores y usuarios de estas revoluciones, lo que ha permitido atraer inversión y consolidar un entorno económico previsible. Sin embargo, lo que durante años ha sido un activo estratégico y un eje de acción exterior con el llamado efecto Bruselas, comienza a percibirse como un factor de freno a la competitividad económica.
Más allá de la complejidad de la legislación europea, uno de los grandes desafíos es la fragmentación existente entre Estados miembros. Hoy conviven más de 34.000 normas, muchas de ellas con limitada capacidad de ser interoperables, y que generan un ecosistema regulatorio difícil de gestionar. Para las empresas, esto significa más costes, más trámites y menor capacidad de escalar. Y en los sectores tecnológicos, donde la rapidez es crucial, este lastre se convierte en una desventaja mayor. Además, desde la perspectiva del consumidor, la multiplicidad de normativa dificulta garantizar la protección de las personas en el uso de bienes y servicios tecnológicos.
La Comisión Europea es consciente de esta situación y el año pasado anunció un paquete de medidas para reducir 400 millones de euros en costes administrativos anuales, que se suman a los 8.000 millones ya previstos a través de anteriores planes de simplificación. En el llamado Ómnibus, digitalización de trámites, ventanillas únicas o reducción de cargas burocráticas son parte de la agenda. Es una clara declaración de buenas intenciones que, si no cuenta con la participación del sector privado y de actores con una rigurosa capacidad analítica, no alcanzará un impacto real.
Desde Adigital, hemos buscado dar respuesta a esta ventana de oportunidad que se presenta en las instituciones europeas. Por ello, tras un proceso de siete meses con ejercicios de contraste y de generación de espacios de confianza mutua, con empresas con base tecnológica, las instituciones públicas, think tanks y centros académicos, lanzamos la primera propuesta empresarial española para la simplificación regulatoria en la agenda digital de la Unión Europea.
De una manera rigurosa y técnica a la par que ambiciosa y estratégica, nuestro objetivo es aportar una visión propositiva con recomendaciones factibles y específicas, habiendo identificado trece áreas críticas para la economía digital: protección de datos, ciberseguridad, fiscalidad digital, plataformas, inteligencia artificial, identidad digital, moderación de contenidos, sostenibilidad, comercio electrónico, derecho de la competencia y contratación pública.
Es esencial desarrollar un enfoque equilibrado que garantice tanto la protección de los valores europeos como la viabilidad operativa de los modelos de negocio innovadores. La simplificación normativa no debe entenderse como una desregulación ni como un retroceso en la protección. Por el contrario, se trata de hacer más eficiente el cumplimiento normativo, eliminando redundancias, contradicciones y requisitos desproporcionados que no aportan valor real a los objetivos perseguidos.
Si bien este enfoque es necesario, no es completo. Necesitamos, desde España, apostar por dos elementos adicionales en el esfuerzo de la Unión Europea: el fomento de una normativa armonizada entre Estados miembros que favorezca la integración del mercado único, como el régimen 28; y el desarrollo de herramientas que faciliten el cumplimiento normativo.
El diagnóstico es claro y compartido: el mercado único europeo sigue sin ser plenamente operativo. Y mientras tanto, las empresas que nacen con vocación global se encuentran con enormes desafíos para competir en un entorno cada vez más competitivo por parte de sus rivales internacionales. Para construir campeones digitales, Europa debe facilitar un entorno que permita la escalabilidad y, si no se toman medidas urgentes, quedaremos rezagados en la carrera tecnológica global.
Pero no basta con simplificar. No es una cuestión técnica: también es una cuestión de gobernanza, agilidad e instrumentos. Para ello, que la tecnología sea receptora pero al mismo tiempo agente activa que ayude y acompañe en este proceso de simplificación es algo oportuno y necesario. Trabajar con herramientas de regTech y enforcementTech que permiten automatizar procesos de cumplimiento, reducir costes, ofrecer trazabilidad en tiempo real y liberar recursos para la innovación no solo haría más eficiente el sistema, sino que abriría la puerta a una supervisión más ágil, transparente y adaptada a la realidad digital.
Además, Europa necesita un cambio cultural en la forma de legislar. Cada nueva norma debería evaluarse no solo desde su dimensión jurídica, sino también desde su impacto en la innovación, la competitividad y la capacidad de las empresas para escalar. Esta evaluación debe integrarse en el proceso legislativo desde el origen, con métricas claras y revisiones periódicas que permitan corregir desviaciones. Regular mejor no es regular más, sino regular con inteligencia y con visión estratégica.
El retorno de este esfuerzo es tangible. Menos burocracia se traduce en más inversión, más empleo cualificado y un entorno más atractivo para retener talento. Pero, sobre todo, supone un marco que permite crecer a las empresas. Y esa es la verdadera clave de la economía digital. Europa no debe renunciar a su liderazgo regulatorio. Ha sido, y sigue siendo, una ventaja en términos de confianza inversora, certidumbre jurídica y protección de derechos. Pero ese liderazgo solo será sostenible si se alinea con la innovación y el crecimiento económico. La simplificación inteligente no es un lujo administrativo: es una necesidad estratégica para el futuro del continente.
De hecho, implementar la regulación desde un primer momento, lejos de restar competitividad, suma, ya que, si las empresas trabajan desde un principio dentro del marco regulatorio, es más sencillo actualizar su modelo productivo a las novedades jurídicas.
A través de la propuesta que hemos estado elaborando, estoy segura de que España tiene una oportunidad de situarse en la vanguardia de esta agenda. Nuestro país cuenta con un ecosistema digital dinámico, con talento tecnológico y con capacidad institucional para liderar el debate sobre regulación inteligente. Convertir esa oportunidad en resultados concretos requiere visión de futuro, colaboración real entre lo público y lo privado y voluntad política para transformar propuestas en reformas efectivas que ayuden a avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación y la competitividad. Desde Adigital estamos dispuestos y con capacidades para hacerlo y apoyar en este camino a las instituciones públicas.
