Redes eléctricas: ¿la oportunidad perdida para industrializar España?
La rentabilidad que la CNMC prevé autorizar desincentivará las inversiones
La fuerte caída en los costes de las instalaciones de generación de electricidad eólica y fotovoltaica en las últimas décadas abre la posibilidad a que, por primera vez en su historia, España pueda tener una energía más barata que el resto de los países europeos.
Por ello, muchas industrias han manifestado su interés por localizarse en nuestro país, con la consiguiente creación de puestos de trabajo y PIB. Sin embargo, esas inversiones se están viendo frustradas porque no existe suficiente capacidad en las redes eléctricas para conectar esa demanda.
El problema es puramente regulatorio y su origen se remonta a la crisis del déficit de tarifa que llevó en 2013 a adoptar diversas medidas para recortar los costes del sistema eléctrico. Entre dichas medidas, se impuso un límite a las inversiones en redes y se aprobó un marco retributivo que no retribuye a las empresas distribuidoras de electricidad cuando acometen inversiones anticipadas para atender la demanda que prevén, sino que deben esperar a que haya una solicitud formal de un cliente. El problema es que los clientes deben entonces esperar años hasta que se lleven a cabo las inversiones necesarias para atender su demanda, y optan por instalarse en otro país.
Para resolver estos problemas, el Gobierno ha abierto la posibilidad de relajar los límites a la inversión y de permitir de una forma muy acotada las inversiones anticipadas.
Al mismo tiempo, la CNMC está planteando cambios en el marco regulatorio que incrementarán significativamente el riesgo para las empresas eléctricas de no recuperar el coste de las inversiones que acometan. Esto ocurre porque la CNMC plantea abandonar el actual marco regulatorio en el que la retribución se basa en las inversiones que realmente se hayan llevado a cabo, por un marco diferente basado en fórmulas paramétricas de tal modo que la retribución de las empresas puede no reflejar los costes de las inversiones que se hayan realizado.
El hecho de que las empresas tengan que asumir riesgos no es un problema en sí mismo, pues son muchas las actividades empresariales que deben desarrollarse en entornos de incertidumbre. El problema es que ese mayor riesgo no viene acompañado de una expectativa de mayor rentabilidad. Prueba de ello es que la CNMC propone la misma tasa de retribución para las redes de distribución y de transporte de electricidad (6,46%), a pesar de que las inversiones en redes de transporte no tienen esos riesgos. El resultado es un desincentivo a la inversión en redes de distribución.
Resulta sorprendente que la propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las inversiones en redes de distribución elaborada por la CNMC ignore ese cambio en el marco regulatorio que incrementa el riesgo de dicha actividad y que debería plasmarse en una compensación por ese mayor riesgo.
Pero es que, además, al mismo tiempo que la CNMC incrementa el riesgo de las inversiones en redes de distribución, plantea una tasa de retribución que reduce su diferencial respecto a la rentabilidad de las obligaciones del Estado a 10 años. Mientras que el diferencial con respecto a la rentabilidad de las obligaciones del Estado a 10 años en los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior al inicio de dicho periodo fue de 415 puntos base en el periodo 2020-2025, en la propuesta de la CNMC para el periodo 2026-2031 el diferencial se reduce a 316 puntos base.
También resulta difícil de entender, que la CNMC utilice valores distintos para los mismos parámetros cuando calcula la tasa de rentabilidad para distintos sectores regulados cuya tasa de retribución debe fijar.
El ejemplo más llamativo es que la CNMC utiliza un enfoque distinto para fijar la prima de riesgo del mercado de capitales en el caso de los sectores aeroportuario, ferroviario y de comunicaciones y en el caso del sector eléctrico, a pesar de que el enfoque debería ser el mismo porque todos los sectores tienen como referencia el mismo mercado de capitales. El resultado es que, cuando la CNMC calcula la tasa de retribución de todos los demás sectores regulados, estima que la prima de riesgo del mercado de capitales es del 5,92%, mientras que, cuando la CNMC calcula la tasa de retribución el sector eléctrico, estima que esa misma prima es de solamente un 4,98%.
Por tanto, la rentabilidad que la CNMC prevé autorizar se convertirá en un desincentivo a las inversiones en redes de distribución, incluso en contra de las Orientaciones de Política Energética del Gobierno, que instruían a la CNMC a incentivar las actividades de transporte y distribución para atender la creciente demanda eléctrica, buscar la consecución de las inversiones necesarias para la transición energética y atender al contexto de competencia a nivel europeo e internacional por los recursos financieros y las inversiones en transición energética.
De esa forma, España verá ralentizados el ritmo de integración de las energías renovables en el sistema eléctrico, el ritmo al que se despliegan los puntos de recarga, las inversiones en digitalización de la red, y la electrificación del transporte. Ello obstaculizará no solamente la lucha contra el cambio climático, sino también la instalación de industrias que buscan energía barata y sin emisiones, perdiendo con ello una oportunidad histórica de reindustrializar la economía con empleos de calidad.
