Cuando el fraude llega por teléfono
El ingente volumen de intentos detectado y el que se conocerá en el próximo balance exigen mayor contundencia, celeridad y agilidad
Las grandes empresas de telefonía en España han bloqueado desde el 7 de marzo pasado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto (SMS) que pretendían engañar al ciudadano y conducirlo hacia algún tipo de pago ilegal. A menudo, los estafadores se hacían pasar por instituciones públicas, como Correos o la DGT, o bien suplantaban el nombre y el remitente de entidades financieras. La respuesta de las operadoras (Telefónica, MasOrange, Vodafone, Digi y otras de menor dimensión) es de obligado cumplimiento después de la norma aprobada por el Gobierno en el marco de un plan que exige anular aquellas comunicaciones con numeración que no haya sido atribuida, asignada o adjudicada, incluyendo numeración vacía.
Esto no es más que el principio del plan, ya que la segunda fase entró en vigor el pasado 7 de junio y elevó la exigencia de reaccionar cuando las llamadas fraudulentas vengan de países extranjeros, pero simulen hacerse con numeración española para engañar al ciudadano. Tampoco se pueden realizar llamadas comerciales desde números móviles, sino que deben realizarse con reconocimiento geográfico, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales, o desde números 800 y 900. En estos dos meses, el número de llamadas interceptadas ha pasado a rozar el medio millón diario.
Las cifras constatan el grave problema latente, pero también el camino que queda por delante. De momento, el plan del Gobierno se reduce al ámbito de la ilegalidad, por mucho que ahora debiera ser más sencillo para todos los ciudadanos reconocer una llamada comercial. Porque las empresas siguen llamando a la hora de la siesta o cuando sus estrategias de marketing consideren oportuno. Eso sigue sin estar prohibido y es otra batalla distinta en la que el Gobierno tendrá que hilar muy fino para fijar unos límites justos para empresas y ciudadanos. No fue hasta 2018, por ejemplo, que se prohibió a las comercializadoras de luz y gas ir puerta a puerta vendiendo su producto. Ahora, se busca que tampoco sea posible por teléfono a no ser que el consumidor dé el primer paso.
El problema, más allá de la indudable molestia de recibir llamadas no deseadas, es que los delincuentes siempre van un paso por delante. El Ministerio ha admitido que los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas. El ingente volumen de intentos fraudulentos detectado y el que se conocerá en el próximo balance, exigen mayor contundencia, celeridad y agilidad.