Normalización a la fuerza
El hecho de que la nueva vía de financiación autonómica siga tratando de forma distinta a tres regiones muestra hasta qué punto estas parten de situaciones diferentes, e incluso contrarias
Las comunidades tendrán en 2026 más facilidad para combinar la financiación barata que les ofrece el Estado con las emisiones propias de deuda. El Gobierno quiere incentivar su salida al mercado, flexibilizando los criterios que permitirán compaginar ambos mecanismos. Aunque las tres autonomías con mayores desequilibrios –Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia– verán limitada su acción, pudiendo acudir al mercado a buscar como máximo el 10% de sus necesidades anuales.
El cambio lleva aparejada la limitación, cuanto menos temporal, del Fondo de Liquidez Autonómico. Hacienda ha comunicado la restricción de cara al año próximo a casos muy puntuales. La alternativa será el compartimento de Facilidad Financiera, reservado hasta ahora a las comunidades que presentaban los balances más saneados. Esto conllevará una menor fiscalización del Ejecutivo a las cuentas autonómicas, y en el ministerio defienden que elevará la “responsabilidad financiera” de los territorios.
El FLA es una reminiscencia de la crisis de deuda soberana de la Gran Recesión. Su desaparición, pues, debería acogerse de forma positiva e incluso deseable. Aunque en este caso es más bien una situación sobrevenida: fruto de la debilidad parlamentaria del Gobierno, que ha no logrado que el Congreso aprobara los objetivos de déficit y deuda de 2024. Y sin esas referencias no hay forma de señalar cuáles son las comunidades incumplidoras, para las que fue diseñado ese fondo de liquidez.
La senda que se inicia ahora hacia la normalización fiscal y la mayor corresponsabilidad territorial parte de ese vicio formal. Y no serán menores los retos. El hecho de que la nueva vía siga tratando de forma distinta a tres regiones muestra hasta qué punto estas parten de situaciones diferentes, e incluso contrarias. Porque mientras algunas pueden optar por acudir solo a los mercados, otras seguirán teniendo cerrado ese camino. Incluso cuando formalmente puedan acudir a las emisiones, el precio a pagar puede convertir esa posibilidad en un imposible.
Y de fondo subyace el ya casi perenne problema del sistema de financiación autonómico y su renovación, tan necesaria como improbable. Por más que el Estado pueda presumir de un aumento de recursos en los últimos años, en parte gracias a los fondos europeos, el sistema sigue infrafinanciando a unos territorios respecto a otros. Y esto ensancha la diferencia entre las comunidades que necesitan obtener recursos adicionales del Estado y las que no. Todo ello en un contexto de inflamación política que, de momento, no tiene visos de remitir. Y mucho menos de contribuir a la solución.
