Viviendas ocupadas por contrato: la grieta legal que crece
No se trata de elegir entre proteger al inquilino o al casero, sino de que la ley que no sea un arma
Hay una figura que crece en el mercado del alquiler como una sombra que se cuela por una rendija legal. No fuerza la puerta, no actúa de noche ni se esconde. Entra con contrato, entrega el primer mes y las garantías para generar confianza y luego deja de pagar. Es el inquiokupa: un término usado para definir al inquilino que se instala bajo apariencia legal y convierte la vivienda en suya durante muchos meses, sin renta, sin prisa y sin consecuencias inmediatas.
El término no es una figura jurídicamente reconocida aún, pero es ya una palabra habitual entre abogados, administradores de fincas y pequeños propietarios. Porque lo que hasta hace unos años era un caso aislado, hoy se ha convertido en una amenaza estructural: más del 75 % de los desahucios en España se deben ya al impago del alquiler, y el tiempo medio para recuperar la vivienda supera, en muchos casos, los 10 meses. Para entonces, la deuda se ha disparado, el daño emocional está hecho y el propietario solo quiere salir del mercado cuanto antes.
El sistema permite este escenario porque ha olvidado que alquilar no es un acto heroico, sino una relación de confianza. Y esa confianza se ha roto. Lo demuestra el dato más inquietante de todos: una de cada cuatro viviendas que estaban en alquiler han sido retiradas del mercado en el último año, según datos de Fotocasa y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI). No es un desplome, pero sí una hemorragia constante y silenciosa. Y como en toda herida mal tratada, lo peor no es lo que se ve, sino lo que viene después.
Los propietarios no son especuladores con corbata. En su mayoría, son personas con una sola vivienda en alquiler. Esa casa heredada, ese piso comprado con esfuerzo como complemento a la jubilación. Muchos tienen miedo. No a la ley, sino a su ausencia. Porque cuando se produce un impago, no hay herramienta ágil ni mecanismo eficaz que los proteja de una situación que puede durar más de un año y costarles miles de euros. Mientras tanto, los gastos siguen cayendo como una losa: IBI, comunidad, suministros, abogados, incluso hipoteca. Y el inmueble, bloqueado.
La consecuencia directa es un mercado más tenso, más caro y más desigual. Porque si cada vez son menos los que se atreven a alquilar, cada vez habrá más personas compitiendo por menos pisos. Los precios suben, los requisitos se endurecen y el acceso se vuelve una carrera imposible para quienes más lo necesitan. Es un círculo perverso, del que solo se sale reconociendo que el problema no es el propietario que exige garantías, sino el sistema que le impide protegerse.
Y, por si fuera poco, la legislación actual no distingue con nitidez entre el inquilino vulnerable y el que abusa. Basta con alegar una situación económica complicada –real o no– para paralizar un proceso de desahucio durante meses. En algunos juzgados, los casos se amontonan con tal volumen que los procedimientos tardan más de 14 meses en resolverse. En ese tiempo, muchos propietarios se ven obligados a malvender o directamente abandonar la vivienda.
Y es entonces cuando el daño deja de ser individual y pasa a ser colectivo. Porque la vivienda que se retira del alquiler no se sustituye por una pública. No en vano, España sigue a la cola de Europa en este ámbito: sólo el 2,5 % del parque es social, frente al 9 % de media europea. A este ritmo, harían falta más de 500.000 nuevas viviendas asequibles para cubrir la demanda actual, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Pero mientras eso no llegue –y no llegará pronto–, el sistema depende de la confianza del propietario particular. Y esa confianza, hoy, está en cuidados intensivos.
No se trata de elegir entre proteger al inquilino o proteger al casero. Se trata de diseñar una ley que no se convierta en un arma para el que actúa de mala fe. Una ley que no haga del impago una estrategia rentable. Y, sobre todo, una ley que reconozca que, si queremos un mercado del alquiler más justo, tiene que ser también un mercado seguro y para todos.
Miguel Ángel Gómez Huecas es presidente de Amadei.
