Acelerar bajo control: el dilema de la velocidad en los pagos transfronterizos
En un mundo de recursos limitados, no dejemos de centrar nuestros esfuerzos en seguir aumentando la seguridad de estas operaciones
Según el Banco de Inglaterra, los pagos transfronterizos alcanzarán un valor de 250 billones de dólares a nivel mundial para 2027, lo que supone un aumento de 100 billones de dólares en diez años. Este flujo continuo de capital, fiel reflejo de la relevancia que tiene el comercio internacional en el siglo XXI, se sostiene gracias a una infraestructura de plataformas, cámaras y bancos corresponsales que participan en la cadena de valor de los pagos transfronterizos.
El Financial Stability Board (FSB), organismo internacional que vela por la estabilidad del sistema financiero, señaló en 2021 que la mejora de estos pagos –en términos de transparencia, costes y eficiencia– debía estar entre las prioridades del G20. Los países pertenecientes al grupo establecieron varios objetivos para 2027 como, por ejemplo, que los costes no fueran superiores al 3 % –según un informe de Minsait, actualmente se sitúa en el 6 % a nivel mundial–, o que el 75 % de los pagos debería abonarse en el plazo de una hora y el resto en el plazo de un día hábil. Según el FSB, solo entre el 1 y el 30 % de los pagos transfronterizos se abonan en el plazo de una hora, muy por debajo del objetivo propuesto por el G20. Además, la organización constató en un informe de seguimiento de finales de 2023 que no se había alcanzado ninguno de los objetivos marcados hasta la fecha.
En este contexto, resultaría necesario reconsiderar alguna de estas metas, especialmente la que atañe a la velocidad de los pagos. Aunque existe un esfuerzo importante por conseguir que los flujos de pagos transfronterizos sean inmediatos, la industria y los reguladores deben asegurar en primer lugar que estos sean seguros, minimizando los riesgos asociados, como el fraude o el blanqueo de dinero; riesgos que implican ya una inversión de miles de millones de dólares al año y cuya gestión negligente conlleva sanciones millonarias e incluso penas de cárcel. Si las transacciones transfronterizas se liquidaran en segundos, habría menos margen para que las contrapartes aplicaran controles de cumplimiento y bloquearan los pagos sospechosos.
Además, las iniciativas para los pagos transfronterizos instantáneos requieren que los bancos y los proveedores de servicios de pago (PSP) estén operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto no es desconocido en otros dominios como el procesamiento de tarjetas de crédito, pero plantea importantes desafíos operativos, como contar con una infraestructura para realizar procesos contables al final del día con capacidad de actualizar y mantener el servicio mientras continúa operando. La infraestructura también debe ser capaz de gestionar el riesgo de cambio de divisas cuando sea necesario, sin comprometer la gestión de la liquidez ni la mencionada supervisión del fraude y del blanqueo de capitales. Sería ingenuo pensar que todo esto no conlleva aparejados importantes costes iniciales, así como continuos costes por tener los sistemas y el personal activos 24/7, no solo en el proveedor de los servicios de pago, sino también en cualquier tercera entidad o proveedor en los que se apoye.
Ante este desafío, parecería prudente pensar en el efecto indeseado de una concentración del mercado de pagos transfronterizos en las entidades más grandes y con más recursos, y en el impacto que esto podría tener sobre la libre competencia. No olvidemos que uno de los objetivos del G20 es reducir los costes de los pagos transfronterizos.
La cuestión de los costes quizá requiera además de una reflexión a dos niveles. Por un lado, vemos como se están marcando desde el regulador algunas reglas (véase la limitación del precio de pagos instantáneos SEPA al de sus equivalentes “tradicionales”) y, por otro lado, hemos de reflexionar sobre la percepción de los usuarios de que los servicios de pagos son gratuitos. Me viene a la mente el dicho: si el producto es gratis, el producto eres tú. Esto puede ser aceptable si esa es la política comercial del proveedor de servicios, pero debería ser el proveedor de servicios el único capacitado para establecer dichas políticas.
Lejos de negar la capacidad de la industria –y, por supuesto, la conveniencia– de hacer más eficientes los pagos transfronterizos, sobre todo en ciertas geografías alejadas de Europa, puede ser necesario abogar por la redefinición de los plazos y el alcance de los objetivos. Esto implicaría evitar la búsqueda de respuestas a preguntas que aún no existen o incurrir en desarrollos que no presenten una alineación proporcional entre los costes y la mejora de la experiencia del usuario.
Y es esa mejora real en la experiencia de usuario la que debe guiarnos, sin pretender estandarizar esfuerzos en realidades no estándar. La mejora de la velocidad, por ejemplo, no debería ser tan urgente cuando los pagos transfronterizos ya se están procesando en cuestión de minutos, tal y como ocurre en la zona SEPA, como debería serlo en otras zonas donde esto no ocurre.
Las entidades que participan en este mercado, que operan bajo los más altos estándares de eficiencia operativa, seguridad y cumplimiento normativo, deben esforzarse por ofrecer servicios de pago más rápidos, transparentes y baratos. Sin embargo, en un mundo de recursos limitados, donde la rentabilidad es garante de la sostenibilidad de los propios servicios y de la capacidad de inversión e innovación, no dejemos de centrar nuestros esfuerzos en seguir aumentando la seguridad de estos pagos, abordando así los retos que plantea la evolución tecnológica y los riesgos asociados. Estos factores son esenciales para generar confianza y garantizar la viabilidad e integridad de las operaciones en un entorno global cada vez más exigente.
Rafael Linde es director de Desarrollo Internacional y Gestión de Relaciones Globales de Cecabank.