Sostenibilidad de las pensiones: ¿encrucijada o reto?
Debatir solo sobre el dato o la parálisis por el análisis, o no hacer nada, no es una opción
El sistema de pensiones en España se encuentra ante lo que podría ser una nueva encrucijada. Nueva porque llevamos unas cuantas. De hecho, no ha desaparecido como tal del debate público desde años inmemoriales.
El gasto en pensiones se ha disparado en los últimos años a raíz de su mejora y se prevé que pase del 12,7% del PIB en 2022 al 16,1% en 2050. Este incremento de 3,4 puntos porcentuales pone en evidencia un problema de sostenibilidad que no podemos ignorar. Nos jugamos el pan de las generaciones que levantaron el país. La solidaridad intergeneracional que impregna nuestro sistema de pensiones –los del presente reconocen el esfuerzo a los del pasado–, es en sí misma un valor a preservar. Recuperar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas es crucial. Poderles pagar y, a poder ser, mediante un sistema contributivo con el esfuerzo de los que trabajan y cotizan, también.
La última reforma que, además de la mejora de las prestaciones, añadió medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el aumento de las cotizaciones máximas y la cotización adicional de solidaridad pretendía garantizar la viabilidad del sistema. Sin embargo, el impacto medio anual de estas acciones solo alcanza el 1,4% del PIB, insuficiente para cubrir el aumento de gasto previsto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que las medidas adoptadas generan una dependencia creciente de las transferencias de recursos generales al sistema de pensiones porque con las cotizaciones sociales no llegamos a cubrirlo.
Más allá del debate metodológico y cuestionamiento de la regla de gasto aparecen algunas incógnitas. La reforma introdujo una condición de obligado cumplimiento –exigida por Bruselas– mediante la que debe informarse por parte de ese organismo del impacto de las reformas introducidas y del resultado de la llamada cláusula de cierre. En caso de no cumplirse las previsiones de gasto e ingresos, se obliga al Gobierno a introducir reformas que garanticen la sostenibilidad del sistema; reducción de gasto o incremento de ingresos. Y en el informe de la AIReF, aunque se confirma el cumplimiento, surgen dudas razonables de futuro sobre la viabilidad real del sistema que deberían analizarse. En él se sugiere un análisis más completo y detallado de elementos que influirán en todo ello como es el envejecimiento, la trayectoria de deuda, la suficiencia y equidad intergeneracional o el impacto de los flujos migratorios. Un apunte de sentido común en todo ello. Un factor clave que debilita la sostenibilidad del sistema es el envejecimiento de la población. La proporción de personas en edad de jubilación aumenta rápidamente mientras que el número de trabajadores en activo no crece al mismo ritmo. Esto conlleva que cada vez habrá menos cotizantes por pensionista, un desajuste que terminará tensionando aún más la caja de la Seguridad Social.
Las dudas sobre el sistema no son nuevas. Entre 2012 y 2017 el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en 2011 contaba con más de 66.000 millones de euros, se agotó prácticamente en su totalidad para hacer frente al pago de las pensiones en un contexto de crisis económica y alto desempleo. En 2017 el saldo del fondo apenas superaba los 8.000 millones de euros, lo que llevó al Gobierno a recurrir a préstamos del Estado para cubrir el déficit del sistema. Esta situación evidenció la fragilidad del modelo y la necesidad de reformas estructurales.
Ante este escenario, es imprescindible un análisis más detallado, evitando quedarnos en el debate de la metodología de análisis para abordarlo de todas las formas posibles y, si cabe, asumir más reformas. La AIReF ha propuesto medidas como la ampliación de la vida laboral, incentivos reales a la jubilación activa y un modelo de pensiones complementarias que no dependa únicamente del sistema público de reparto. No son soluciones fáciles, pero son imprescindibles para evitar que la crisis de las pensiones estalle en las próximas décadas. Pero también existe el debate de si podemos mantener en sistema actual y, como viene sucediendo, añadir recursos generales ajenos a las cotizaciones sociales para cubrir el déficit que pueda existir tanto de gastos en prestaciones como de los llamados gastos impropios del sistema de seguridad social, erosionando progresivamente su carácter contributivo.
También deberíamos plantearnos cómo resolvemos el inmenso agujero que genera el preocupante incremento de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que se ha doblado en los últimos 10 años y que en la postpandemia está alcanzado cifras alarmantes. Ya no solo para afrontar medidas sobre el régimen de protección de las prestaciones o su control, sino para asumir que la mejora del sistema de salud sería una inversión y no un gasto, con los ahorros que podría producir en prestaciones de baja laboral para el sistema y las empresas.
El futuro de las pensiones no está escrito, solo pendiente de seguir decidiéndolo, pero es necesario actuar con celeridad y máximos consensos. Si se siguen corrigiendo los desequilibrios actuales con una estrategia a largo plazo basada en un reparto más equitativo del esfuerzo en cotizaciones tanto para empresas como personas trabajadoras, el equilibrio de la aportación pública y en un modelo de financiación diversificado, podemos garantizar la sostenibilidad del sistema. Debatir solo sobre el dato o la parálisis por el análisis, o no hacer nada, no es una opción. Pero si se adoptan las decisiones adecuadas, aún estamos a tiempo de convertir este desafío en un reto. Una oportunidad para construir un modelo de pensiones más justo, eficiente y resiliente para las futuras generaciones. Nos jugamos con ello nuestros valores.
Josep Ginesta es profesor de OBS Business School y secretario general de Pimec.
