Crecimiento y empleo al servicio, y a merced, de la inmigración
Los inmigrantes absorben la mitad de los puestos de trabajo en el último trienio y son el primer motor del alza de la actividad
La economía española creció en 2024 un 3,2%: ¡bien! Generó en su avance empleo nuevo para 468.000 personas: ¡bien! El mejor desempeño de Europa, otra vez una economía de Champions League: ¡bien! Pero bucear en sus números permite detectar que más grande no significa más fuerte, y que su fórmula tiene recorrido corto porque concentra el esfuerzo en servicios de pobre valor añadido, reparte rentas modestas, y no da buenas noticias sobre productividad, lo que augura su agotamiento y un futuro incierto. Este pequeño ciclo alcista que saca la cabeza en una Europa estancada está al servicio, y a merced, del avance de la inmigración, que ha proporcionado más de la mitad del empleo desde 2021 y se ha convertido en motor del PIB.
El balance de los tres últimos años revela que España se acerca a un precipicio demográfico, como ahora veremos; pero el fenómeno fue más crítico en el último ejercicio, y con más intensidad todavía en el último trimestre, pese a los fuegos artificiales desplegados por las más recientes noticias de empleo y actividad. De menor a mayor: en el último trimestre, la población en edad laboral se incrementó en 180.000 personas, y de ellas solo 4 de cada diez son españolas; el número de activos descendió en 124.000, pero en 150.000 entre los españoles; sin embargo, de los 304.000 nuevos inactivos, el 75% sí son españoles.
En 2024, de los 589.000 nuevos residentes en edad laboral, solo cuatro de cada diez son nativos, mientras que de los dispuestos a trabajar (202.000 nuevos activos) solo son nativos uno de cada cinco, y el resto, extranjeros. Solo el reparto del nuevo empleo fue equilibrado.
Si ampliamos el foco a los tres últimos años registrados en la Encuesta de Población Activa (2022, 2023 y 2024) para disponer de mayor visibilidad tendencial, vemos que la población de más de 16 años se elevó en algo más de dos millones de residentes; pero mientras entre los españoles lo hizo en un 2,32%, el colectivo de extranjeros, a ritmos del 29%. Entre los dispuestos a trabajar, los españoles avanzaron en un 1,57%, y los extranjeros, en un 27,3%, duplicando con creces la cifra absoluta. Pero el aprovechamiento del mercado en los 36 meses de referencia, pese a incrementarse también a favor de los extranjeros, estuvo más equilibrado: el 52% del empleo fue absorbido por inmigrantes, y el 48%, por españoles; en concreto, los españoles ocupados subieron 804.000, y los extranjeros, 870.000.
Pero la incidencia de la inmigración en el crecimiento de la economía y del empleo es mayor que la reflejada en estas cifras. Hay que recordar, en todo caso, que estas cantidades deben considerarse teniendo en cuenta que en el colectivo que Estadística identifica como españoles están los extranjeros que tienen doble nacionalidad, y que no es un colectivo nada despreciable. La Encuesta Continua de Población contabiliza más de nueve millones de personas residentes que son nacidos en el extranjero, y la de Adquisición de Nacionalidad Española registra ya más de 1,3 millones de personas que han adquirido la nacionalidad española tras su llegada como inmigrantes solo desde 2013, cuando arrancó el registro del INE.
Hay más variables que ilustran la gravedad del invierno demográfico en el que ha entrado España. En los tres últimos años, el desempleo entre españoles ha descendido con más fuerza. Registra ya una cifra inferior a los dos millones de personas, un nivel elevado aún, pero que se acerca al que históricamente es estructural y que empieza a encontrar resistencia a descensos adicionales, y que forzará un crecimiento de las vacantes laborales en las empresas. Pero, consecuencia también del envejecimiento, la tasa de actividad de los españoles no llega al 57%, mientras que supera el 68% entre la población extranjera.
España ha apostado, aunque sea de forma pasiva, por el recurso a la inmigración para asistir al mercado laboral y cofinanciar el Estado del bienestar, despreciando cualquier tipo de estímulo al refuerzo de la natalidad, porque esta retarda los efectos, mientras que aquella ofrece soluciones inmediatas. Por ello, la economía, el mercado laboral, el Estado del bienestar y su futura financiación están a merced, pero también al servicio, del fenómeno migratorio.
Necesita poca demostración que el principal motor del crecimiento es el avance de la población, bastante generoso en España en los últimos 25 años por el empuje migratorio. Pero hay razonables y razonadas dudas de que lo que puede ser un alivio de corto y medio plazo pueda ser una verdadera solución de futuro. Un informe de Naciones Unidas, citado por Martin Wolf en La crisis del capitalismo democrático (Ediciones Deusto), hacía ya a principios de siglo algunas proyecciones sobre los flujos necesarios de inmigración para estabilizar las tasas de dependencia de la tercera edad en Europa o Estados Unidos.
En el caso de la UE, con longevidad creciente y natalidad menguante, su población de 400 millones de personas debería llegar mediado el siglo a 1.200 millones; una cantidad técnica y socialmente imposible de cumplir y de asumir. Pese a admitir la innegociable necesidad de la llegada de población migrante, a Europa –y España no es ajena a este territorio–, le cuesta encajarla, con actitudes sociales y electorales muy críticas con el fenómeno.
En cuanto a la solución financiera, la doctrina se mueve entre el positivismo político y el escepticismo económico. Los análisis europeos más documentados los han elaborado los daneses, y concluyen, desagregando lo que aportan y lo que reciben cuatro tipologías de trabajadores, que la inmigración es deficitaria para las finanzas públicas, salvo que se limite a ciudadanos con razonables niveles de formación y generación de productividad, según expuso recientemente el economista Jesús Fernández Villaverde en la Fundación Rafael del Pino.
La base de datos elaborada por los daneses revela que solo los daneses y los inmigrados desde países occidentales hacen contribuciones iguales o superiores a sus percepciones durante toda su estancia en el país. Los inmigrados asiáticos aportan de los 25 a 60 años, pero recuperan sobradamente en prestaciones y servicios su contribución. Y, por último, los inmigrantes africanos, con un nivel formativo muy básico, prácticamente no hacen contribuciones netas en ninguna fase de su vida, o las hacen muy limitadas.
Trasladar este análisis a España no es fácil por la falta de información unificada de aportaciones y prestaciones, sean económicas, fiscales o de carácter social, así como de los niveles formativos, las habilidades laborales y las condiciones de vida. Pero es un ejercicio que las autoridades deben hacer, aunque se aprecie poco o ningún interés en intentarlo. El Banco de España dispone ya de algunos apuntes sobre estas cuestiones, y destaca una mejora formativa apreciable en los últimos años. El sistema formativo nacional no es el mejor del mundo, pero debe reforzar las cualificaciones de los recién llegados y de sus vástagos, porque para el país más envejecido de Europa es un imperativo categórico rejuvenecerse.
José Antonio Vega es periodista