¿Pensiones de 1.650 euros con sueldos de 2.000 y cotizaciones de 620?
El gasto de la Seguridad Social, que absorbe todas las cuotas, parte de los impuestos y deuda, es insostenible sin cirugía
La factura de la Seguridad Social superó el año pasado por vez primera los 200.000 millones de euros, con un gasto en pensiones que circula a mayor velocidad que las cotizaciones, y que solo puede ser soportado con ingresos extraordinarios aportados por el Estado, vía transferencias de ingresos fiscales y emisión de deuda. El déficit real de explotación del sistema público supera ya los 50.000 millones, y subiendo, porque cada vez es más complicado financiar pensiones de jubilación de 1.650 euros con sueldos de 2.000 y cotizaciones de 620.
El expresidente Zapatero admitía cuando le explotó la crisis financiera en las manos que no descartaba “que alguien” tuviera “que hacer algún día algo con este asunto”, pero que él no lo haría. ¿Lo harán sus sucesores? Sobre esta cuestión, los partidos políticos solo están de acuerdo en que hay nueve millones largos de votos en juego, y que no se puede jugar a los dados con ellos. Se pusieron de acuerdo una vez en el parador de Toledo, al son monótono de las cigarras de los cigarrales de la orilla sur del Tajo, pero desde entonces las pensiones son materia de batalla política, no de consenso.
No por convicción, sino por imposición, Zapatero terminó haciendo algo, poco efectivo, pero algo, cuando congeló las cuantías de las jubilaciones. Incluso su sucesor en La Moncloa, aunque no tocó las cuantías, activó un elemento moderador del gasto (factor de sostenibilidad) para evitar que se despendolase como lo ha hecho en los últimos años, aunque él mismo lo enterró por la presión de su socio circunstancial PNV.
Incluso Sánchez hizo algo: ligar pensiones a inflación, fuere esta la que fuere, y cargar sobre las espaldas de empresas y particulares cotizaciones extraordinarias. Feijóo, que no sabemos si gobernará algún día, se ha adherido a la parte blanda de las reformas de Sánchez, pero calla sobre las duras. La sensación es que nadie parece tomárselo lo suficientemente en serio. Pero volvamos al principio: algún día alguien, por convicción o por imposición, tendrá que hacer algo, y no será blando: será muy duro.
Unos pocos datos sobre la realidad. En noviembre, último dato consolidado, llegaron a pasivos 53.845 pensionistas, y salieron por fallecimiento 30.944, con un elevado saldo positivo que celebra la ganancia de longevidad de la población. Pero cada pensión nueva era un 19,4% más cara que la que decaía, seguramente porque las rentas sobre las que estaba construida eran superiores también. Pero si ponemos la lupa solo sobre las jubilaciones, en noviembre llegaron 33.069 nuevas, y decayeron 18.828, pero con una diferencia en las cuantías de las prestaciones del 25,6% a favor de las nuevas.
Estos diferenciales, nada despreciables, seguirán aflorando con los años, y solo cuando lleguen a la edad de retiro las cohortes posteriores a la Gran Recesión, las que encajaron fuertes devaluaciones salariales y la consolidación de remuneraciones más modestas en amplios colectivos de la economía de servicios, podrá revertirse en términos reales este desequilibrio. Pongamos que tal cosa ocurre ya hacia 2050. Pero, hasta entonces, qué.
Hasta entonces, la Seguridad Social deberá financiar las prestaciones, crecientes en número, en longevidad y en cuantías, con las aportaciones que genera el mercado laboral, que crece, pero que concentra cada vez más abultados colectivos en rentas inferiores a la media. Ahora la pensión media de jubilación es de 1.449 euros (14 pagas), y la media de las nuevas altas de esta misma modalidad, de 1.650 euros, y en puridad contributiva debe ser soportada por cotizaciones medias de 620 euros al mes (por 12 pagos), que es lo que dan de sí sueldos medios de 2.000 (coste salarial de industria, construcción y servicios), lo que exigiría, simplificando, que debería haber al menos 2,8 cotizantes por cada pensionista. Y sin contabilizar los desempleados que cotizan con cargo de la propia Seguridad Social, solo hay 2,07 aportaciones por pensión: 21,3 millones de cotizantes, frente a 10,28 millones de pasivos.
Este panorama es el que ha llevado las cuentas del sistema público de pensiones a precisar, tras los envolventes enjuagues normativos de las últimas reformas, transferencias del Estado de unos 46.000 millones de euros hasta noviembre y un endeudamiento adicional de 10.000 millones para afrontar las facturas de 2024. Gráficamente, la Tesorería necesita al menos 56.000 millones para soportar un gasto que supera ya los 200.000. Nada menos que uno de cada cuatro euros de los que gasta, lo que supone que genera un déficit fiscal de nada menos que el 3,58% del PIB, y que se suaviza con los excedentes generados en las figuras tributarias.
Esto pasa porque, en España, manteniendo cotizaciones y pensiones en precios constantes, nadie, salvo circunstancias excepcionales como fallecimientos prematuros, se financia en su vida activa todo lo que se lleva en la pasiva. Las transferencias estatales crecientes y la deuda del sistema con el Tesoro, también creciente (llega ya a los 126.000 millones) cubren una miríada de prestaciones ajenas a la jubilación, la viudedad o la incapacidad temporal. Pero, si nos atenemos al mecano contributivo, las aportaciones cerraron el año en torno a los 165.000 millones, y los pagos de la misma naturaleza, en 196.000 millones.
La Autoridad Independientes de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva años alertando de la progresión tendencial de la deuda si no se afrontan los desequilibrios del sistema de pensiones, cuyas últimas reformas deberá evaluar cada cierto tiempo para que sean rectificadas. E informes de instituciones como Fedea y otros think tanks sitúan el déficit del sistema en valores notablemente más elevados que los actuales en el medio plazo, y reclaman que “algún día alguien tendrá que hacer algo”.
Nadie quiere mentar la bicha, pero todos saben que sin ella la solución es muy complicada: la misma implicación que se ha puesto para elevar los ingresos, que castigan a todas las rentas y el coste empresarial, ya que no otra cosa que un impuesto al empleo son las cotizaciones, debe ponerse para moderar, para controlar, para reducir, los gastos. Las fórmulas se han expuesto muchas veces, y haylas variadas en el entorno, porque este problema de envejecimiento acelerado, otras sociedades lo han experimentado, y resuelto, antes que España.
Prolongar voluntariamente la edad de jubilación; obstaculizar las prejubilaciones cuando el mercado laboral expulsa a cada vez más séniors para sustituirlos por sueldos menores; cebar con cuatro perras el fondo de reserva que hoy no soportaría ni una extraordinaria… todo son paños calientes que dejan las cuentas frías. Y echar mano del endeudamiento para que lo pague el ahorro extranjero es, cuanto menos, una temeridad que sirve para constatar que no se quiere afrontar el problema y para que quienes financian los pasivos de España le echen un día el alto.
José Antonio Vega es periodista