El Gobierno debe resolver las dudas sobre el registro de viajeros
La situación genera inseguridad jurídica en una industria que ha mostrado siempre un gran afán de cooperación con las fuerzas de seguridad
El sector turístico español vive en una especie de paraíso ininterrumpido, gracias a la creciente afluencia de viajeros (sobre todo extranjeros), y a pesar de unas tarifas que se han disparado por encima de la inflación general desde la pandemia. A veces, sin embargo, aparecen nubarrones incómodos. Es el caso de la exigencia por parte del Ministerio del Interior de que las empresas registren nuevos datos de sus clientes, algo a lo que se oponen los hoteles y las agencias de viajes, porque consideran que va contra el reglamento de protección de datos europeo, además de no estar claro a qué parte de la cadena de venta le corresponde consignar la información.
El decreto ley ya sufrió sucesivas moratorias, y ahora es la orden ministerial que lo regula la que está en periodo de consultas, hasta el día 21 de enero. El hecho de que se apruebe por esta vía una norma que afecta a los derechos fundamentales también está en cuestión.
Esta legislación es una singularidad entre los países europeos, y no viene dictaminada por una directiva de Bruselas. Cuando menos, complica la gestión de los establecimientos y de las agencias. Es imprescindible que la orden ministerial aclare, sin dejar lugar a las dudas, quién debe registrar los datos, y cuáles, dado que lo habitual es que en el proceso de reserva participen varios operadores.
La situación actual genera inseguridad jurídica en una industria que, por lo demás, ha mostrado siempre un gran afán de cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, a las que ya ofrecen de forma voluntaria abundante información sobre los usuarios, en concreto, toda la que aparece en el documento de identidad o el pasaporte.
En particular, el borrador de la orden de Interior determina que los establecimientos den ciertas referencias personales si las conocen, lo cual deja margen a la subjetividad, porque los hoteles pueden acceder, por ejemplo, al número de la tarjeta de crédito si se lo piden a la agencia en la que se ha hecho la reserva, pero no tienen por qué conocerlo por sistema.
El Ejecutivo debe resolver cuanto antes la incertidumbre en torno a cómo se reparten las nuevas obligaciones. Los empresarios ya han amenazado con llevar a los tribunales la regulación, para que evalúen la corrección del proceso en una doble vertiente: si se atiene al reglamento de protección de datos y si aborda los derechos fundamentales por los cauces adecuados.
