Un impuesto a las energéticas que podría no sobrevivir
La fiscalidad se ha convertido quizás en la materia más difícil para el Ejecutivo. Es donde socios y no socios más aprietan, conscientes de lo perentorio del asunto.
Una de las tradiciones navideñas que pasan más desapercibidas, pese a su arraigo, es que el último Consejo de Ministros del año se convierta en un cajón de sastre en el que el Gobierno saca asuntos impostergables, reformas por cumplir y algún que otro deseo para el año nuevo. El del lunes no fue una excepción, y destacó la aprobación de una batería de medidas fiscales algo menos ambiciosa de lo que se preveía: pese a que figuraba en las quinielas, y el Ejecutivo había anunciado su intención de darle luz verde, la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina tendrá que esperar de momento.
Es una muestra de que el asunto, que ahora figura como exigencia para el desembolso del quinto tramo de fondos europeos y Bruselas lleva mucho demandando, no logra el suficiente consenso en clave nacional. La medida, que supondría elevar en unos 11 céntimos cada litro de diésel, no es popular y los políticos son bien conscientes de su impacto en las clases media. Sin embargo, también es conocido que la bonificación de este combustible no está justificada por motivos ambientales.
Lo que no esperó es el impuesto a las energéticas. Un tributo nuevo porque, tras el sonoro rechazo al anterior de Junts y PNV, aprobando una enmienda introducida por el Partido Popular a través del Senado, la prórroga era imposible. Así que el Ejecutivo, para cumplir la promesa que hizo a sus socios de izquierda de que 2025 empezaría con alguna forma de tributación al sector, sacó adelante un real decreto-ley. El impuesto en esta ocasión llega acompañado de incentivos fiscales para favorecer las inversiones verdes, como destacó Pedro Sánchez en su balance del año. Pero, políticamente, como muestra el hecho de que el propio presidente se refiriera a ello, el objetivo es lograr el beneplácito de los partidos nacionalistas de derechas.
De no lograrlo, y no parece nada sencillo, el impuesto decaerá en un mes, cuando el decreto-ley tenga que ser validado por una mayoría que, sin el acuerdo de todos los socios, el Ejecutivo no tiene. Se trata de un ejemplo más de que la fiscalidad se ha convertido quizás en la materia más difícil para el Ejecutivo. Es donde socios y no socios más aprietan, conscientes de lo perentorio del asunto. Y el Gobierno despide el año con algunos deberes hechos, otros a medias y algunos muy importantes por hacer, como la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que de momento están prorrogados por segundo año consecutivo.
