La gestión europea de catástrofes naturales
Prepararnos para un mundo más peligroso es una obligación de los Estados ante la constatación de los efectos, cada vez más intensos y frecuentes, del cambio climático
España tienen un sistema de gestión de riesgos y catástrofes naturales homologable con la normativa europea. A lo largo de los años se ha ido acumulando un duro conocimiento, hasta el punto de articular un completo marco nacional, al que se han incorporado las comunidades autónomas, de Protección Civil y gestión de riesgos catastróficos y emergencias que incluye las tres etapas: prevención, alerta y respuesta. Hay una Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (2015), que actualiza otra de 1985, y un decreto que la desarrolla (2023), donde se recoge toda la experiencia acumulada en décadas de gestión de diversos desastres naturales, se establece la elaboración de Mapas de Riesgos y se protocoliza las distintas fases de respuesta señalando con claridad quien es la autoridad competente y que medidas puede adoptar en cada momento según sea la gravedad de la catástrofe. La creación de la UME en 2005, por el Gobierno del que formé parte, ha sido pieza esencial de este aprendizaje.
Si la gestión de desastres y catástrofes naturales es uno de los asuntos mejor protocolizado y engrasado, acorde a nuestro Estado Autonómico, como se ha demostrado en otros desastres anteriores, la pregunta es obvia: ¿qué ha fallado en la dirección de la catástrofe habida en la provincia de Valencia, mi tierra? El enfado ciudadano ante la sospecha de que se podían haber evitado tantas muertes y la evidencia de que la ayuda llegó tarde y con cuentagotas, cuando teníamos la evidencia de que llevaba horas preparada, son dos poderosas razones para el mismo, más allá de la tristeza y desolación causada por la propia catástrofe en casas, pertenencias y trabajos de los afectados. Sus vidas se han visto alteradas de manera dramática, en unas pocas horas y sin esperarlo.
En concreto, ¿por qué el presidente Mazón no solicitó, en ningún momento, aplicar el nivel 3 y, constatando que la magnitud de la catástrofe desbordaba a los medios y recursos de la comunidad autónoma, cedió la dirección al Gobierno central como se establece en el protocolo? Y, también, ¿Por qué el Gobierno de España no decretó el estado de alarma desde el principio y se hizo con el control de la gestión, dada la magnitud de la tragedia y de los recursos necesarios para hacerle frente, como ha solicitado la oposición, aunque ello significara una descalificación del presidente autonómico que, pudiendo pedirlo, no quiso hacerlo? Tiempo habrá para que una Comisión de Investigación analice estas cuestiones, no tanto para buscar culpables, sino para aprender y evitar que los eventuales errores se repitan en próximas catástrofes. Anticipo mi opinión, con la información de la que disponemos en este momento.
Los protocolos pueden estar perfectamente diseñados y contrastados. Sin embargo, algunas cosas importantes, quedan fuera de los procedimientos. Empezando por el factor humano. La Agencia de Meteorología emitió las alertas en plazo y forma, la Confederación Hidrográfica comunicó la preocupante subida de niveles de agua y, con base en ello, la Delegación del Gobierno ofreció inmediatamente su ayuda a la Comunidad. A partir de estas informaciones, corresponde al mando operativo adoptar las decisiones oportunas, incluyendo lanzar alertas a los ciudadanos. No es una decisión fácil cuando afecta a una zona tan grande y tan poblada, pero es su responsabilidad. Como lo es adoptar uno de los tres niveles previstos para la gestión de los desastres, cada uno de los cuales con su autoridad responsable perfectamente establecido.
En este caso, era el nivel 2, que sitúa en la comunidad autónoma la máxima autoridad, poniendo a su servicio al resto del Estado, incluyendo los efectivos dependientes del Gobierno Central, decisión que se ha mantenido, a pesar de que bastaba con que la comunidad hubiera declarado el nivel 3, para que la autoridad la asumiera, de forma automática, el Gobierno Central. Aunque puede discutirse si este no debería haber asumido, desde el principio, el mando, adoptando una decisión jurídica como la que se tomó para hacer frente a la pandemia: el estado de alarma, aunque ello hubiera significado una desautorización de la comunidad autónoma. Este factor humano sirve, también, para explicar la sensación, correcta o no, de que los primeros días hubo una distancia enorme entre las necesidades provocadas por la inundación y los efectivos puestos a disposición para darle respuesta.
El factor informativo también hay que tenerlo en cuenta. Cuando una cámara de televisión emite en bucle los efectos y el estado de ánimo de los ciudadanos, lo transmitido al resto de la población puede inducir sensaciones desequilibradas: ver y escuchar la desesperación de un vecino quejándose de que lleva tres días sin agua, siendo cierto, puede tapar el dato de que, durante ese tiempo, se ha conseguido restablecer el servicio de agua para el otro 90% de afectados. La generalización a partir de casos no representativos es un problema que se agudiza en estas situaciones. Por último, el factor antisistema, que difunden bulos y mentiras que incrementan el enfado, canalizándolo hacia supuestos “culpables” al asentar la sensación, errónea y tendenciosa, de que “nos han abandonado”.
Prepararnos para un mundo más peligroso es una obligación de los Estados ante la constatación de los efectos, cada vez más intensos y frecuentes, del cambio climático. La nueva Comisión Europea ha incluido entre sus líneas de trabajo adecuar la Unión Europea a este fin, de acuerdo con el Informe presentado por el anterior presidente de Finlandia, Sauli Niinistö. La prevención es la clave de una nueva mentalidad que debe incorporarla en todas las políticas, así como adecuar las infraestructuras a la nueva intensidad de los fenómenos naturales. En España hay 1.400 zonas con alto riesgo de inundaciones en los que viven más de tres millones de personas y no siempre lo tenemos presente. Ahora, se echa de menos las obras previstas, desde hace décadas y nunca hechas, de encauzamiento y control de barrancos y torrentes como el del Poyo. Solidaridad con las víctimas, exigir responsabilidades políticas, pero aprendamos de los errores.
Jordi Sevilla es economista.