Por una digitalización eficiente e inclusiva
Deberían explorarse fórmulas para que el aumento del teletrabajo de los empleados públicos no suponga una merma en el trato
Desde la organización colegial de los economistas venimos reiterando desde hace tiempo la importancia de avanzar en el proceso de digitalización, impulsando la modernización de los servicios públicos y la adopción de medidas como la facturación y las notificaciones electrónicas, con el fin de reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos de gestión, lo que, sin duda, será un acicate para intentar atajar uno de los problemas estructurales más graves de la economía española como es la falta de productividad.
En este proceso, los profesionales de nuestro país –y más en concreto, los que asesoran y ejercen su trabajo en ámbitos como el fiscal, laboral, contable, financiero, auditoría y concursal, entre otros– desempeñan un papel fundamental, en cuanto que, en muchas ocasiones, actúan en representación de terceros a la hora de relacionarse con las diferentes Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) para el cumplimiento de sus obligaciones, lo que, a su vez, redunda en beneficio de dichas administraciones en cuanto que colaboran con ellas para que las tramitaciones sean más ágiles y efectivas. Sin embargo, tenemos la sensación de que desde la Administración no se está dando a estos profesionales el peso y reconocimiento que merece la labor que realizan, a la vista de que se están desoyendo algunas de las peticiones y propuestas que hemos ido realizando en los últimos tiempos.
Desde la pandemia, el proceso de la digitalización se ha ido acelerando y todos hemos realizado esfuerzos para adaptarnos, aceptando los ritmos, a veces demasiado exigentes, que nos han sido impuestos. Pero, entendemos que estos avances tecnológicos no deben suplir en su totalidad la tradicional interacción entre administraciones y administrados, debiendo separar aquellos procedimientos administrativos que pueden beneficiarse de la digitalización de aquellos que requieren un enfoque más personal y directo.
A día de hoy, ya pasadas las restricciones sanitarias, aún no se ha conseguido normalizar el servicio de asistencia presencial, por lo que consideramos que habría que agilizar este proceso con objeto de ofrecer una atención más ajustada a cada colectivo que permita identificar las necesidades específicas de cada uno de ellos.
En este sentido, hemos de insistir en la lentitud con la que se está procediendo a este respecto. Así, por ejemplo, la Administración tributaria ha necesitado cinco años para poner en marcha un servicio de cita especializada con condiciones exclusivas para colaboradores sociales adheridos al Código de Buenas Prácticas. Aunque se ha tardado mucho en implementar esta medida sin duda loable, por lo menos ya es una realidad. Lamentablemente, nos consta que en muchas otras Administraciones de todos los niveles de ni tan siquiera se están planteando iniciativas de estas características.
Somos conscientes de que esta revolución tecnológica está requiriendo adaptaciones en las estructuras del sector público, al igual que en el privado, pero en ningún caso esta debe consistir en una descarga de tareas del primero en el segundo, máxime si tenemos en cuenta que las Administraciones públicas con las que se tiene que relacionar cada ciudadano son muy numerosas, por lo que, además, sería imprescindible que entre ellas existiera una mayor coordinación al objeto de facilitar la vida a la ciudadanía.
Con base en lo anteriormente expuesto, los economistas consideramos necesario y perentorio que se lleven a cabo acciones como impulsar de manera urgente la mejora de los procedimientos en orden a evitar la verificación presencial de documentación y evitar desplazamientos innecesarios a las oficinas de las diferentes administraciones. También sería conveniente que se analizaran las solicitudes de unificación de criterio que planteen los colegios de profesionales cuando comuniquen actuaciones dispares por parte de la Administración en procedimientos similares.
Asimismo, en ocasiones, es requerida documentación y datos que ya obran en los registros de otras administraciones, siendo además habitual que se solicite adjuntar esta documentación en formatos específicos muy concretos, lo que supone una gran carga administrativa de trabajo, a veces de difícil cumplimiento. Para solventar estos problemas deberían firmarse y hacer efectivos convenios para el suministro de información entre administraciones, así como flexibilizarse la aportación de ficheros en otros formatos de uso habitual.
Por otro lado, los plazos de espera y respuesta no se han visto reducidos, siendo este uno de los objetivos fundamentales de la digitalización, y, además, la cita ha de pedirse electrónicamente –lo que supone un hándicap para aquellos solicitantes con menor experiencia digital– o, si se hace por teléfono, en muchos casos resulta difícil obtener respuesta. Por ello, deberían explorarse fórmulas para que el aumento de las horas de teletrabajo de los empleados públicos no suponga una merma en el trato presencial o directo de los administrados.
En definitiva, los profesionales siempre hemos apostado por un enfoque equilibrado que armonice las ventajas de la digitalización con las de la atención personalizada en aras de la eficiencia. Nadie discute, o debería discutir, que la digitalización es una palanca clave para el crecimiento de nuestro país, y no cabe duda de que se están produciendo importantes avances en este sentido; pero hemos de repartir los esfuerzos para que el trabajo de unos no recaiga en otros, y armonizar medidas para que estas nuevas herramientas sirvan para reducir la burocracia de forma real y no para incrementarla, mejorando los tiempos de respuesta y su eficacia.
Valentín Pich es presidente del Consejo General de Economistas de España
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