La reducción de jornada pone en riesgo el sector de la dependencia
Es imperativo que las autoridades reconsideren su planteamiento y trabajen conjuntamente con los representantes del sector
En las últimas semanas, desde el sector de la dependencia seguimos con creciente inquietud todas las noticias relativas a la posible aprobación de la nueva normativa en materia de jornada laboral. Este cambio legislativo, de ser implementado inminentemente, tendría graves y negativas repercusiones para un sector que desempeña un papel crucial en la atención a una población especialmente vulnerable, como son las personas mayores y dependientes. Por eso, desde esta tribuna me gustaría destacar tres aspectos críticos que hacen imperativo un replanteamiento de la normativa propuesta por el Ministerio de Trabajo: la escasez de personal cualificado para prestar servicios de ayuda a domicilio (SAD), el inevitable incremento de costes de la medida y la invasión en competencias propias de la negociación colectiva.
El primero y quizá más urgente de los problemas es la crónica escasez de personal cualificado en nuestro sector. Contar con profesionales capacitados en el ámbito de los cuidados a domicilio es una necesidad absoluta para garantizar un servicio de calidad y digno. Sin embargo, las entidades dedicadas a la atención de personas mayores y dependientes ya enfrentan serias dificultades para encontrar y fidelizar a estos trabajadores. El crecimiento de los servicios de atención domiciliaria en los últimos tiempos, derivado tanto de la evolución demográfica como de los cambios legislativos por aumento de la intensidad horaria del servicio de ayuda a domicilio, según el Real Decreto 675/2023 del 16 de julio, hacen que la oferta de personal cualificado sea insuficiente.
La reducción de la jornada laboral, si bien puede tener como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores, incrementará la demanda de profesionales en un espacio donde ya es difícil encontrar personal suficiente y adecuado. Esto no solo pondrá en riesgo la continuidad de los servicios, sino que también podría afectar a la calidad de la atención prestada. En última instancia, quienes sufrirán las consecuencias serán las personas dependientes y sus familias, que podrían ver truncadas sus expectativas por falta de profesionales para cuidarles, mermando la calidad de un servicio que resulta vital para su bienestar diario.
En segundo lugar, es necesario abordar el inevitable incremento de costes que esta normativa implicará. En este sentido, es preciso aclarar que la mayoría de las entidades del ramo de la dependencia operan bajo un modelo de gestión indirecta de servicios de titularidad pública, lo que significa que las condiciones de la atención domiciliaria que prestan dependen de contratos públicos cuyos precios están regulados por la Ley de Desindexación. Dicha normativa impide que los incrementos de costes de los servicios por motivos ajenos a su gestión se trasladen automáticamente al precio de los contratos, lo que coloca a las entidades adjudicatarias en una situación de inestabilidad financiera y pone en riesgo la sostenibilidad del sector en el medio plazo. El aumento de personal requerido para cubrir la reducción de jornada, así como el incremento de los salarios de los trabajadores a tiempo parcial, implicará que las entidades se enfrenten a una carga económica adicional que no podrán asumir ni trasladar de manera inmediata, ya que estas nuevas condiciones no pudieron ser contempladas en el momento de presentar sus ofertas a la licitación pública. En otras palabras, es como cambiar las reglas del juego a mitad de partido.
Por último, me gustaría destacar la invasión de competencias en la negociación colectiva que supone esta actuación. Tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral es una materia que se aborda y pacta en el ámbito de la negociación colectiva entre empleadores y representantes de los empleados. Este proceso permite alcanzar acuerdos equilibrados y sostenibles que tienen en cuenta las realidades específicas de cada población: las particularidades de una gran ciudad como Madrid son distintas a las de una diputación como la de Almería o a las de una región de Castilla y León. Al imponer cambios unilaterales en la jornada laboral, la normativa socava el principio de autonomía de la negociación colectiva, minando la capacidad de las partes para encontrar soluciones que beneficien a todos. Por lo tanto, es fundamental que cualquier cambio en las condiciones laborales se realice a través del diálogo social y el consenso entre todas las partes implicadas.
Por todo ello, y en especial para garantizar la mejor atención a las personas mayores y dependientes que han decidido permanecer en sus domicilios y que pueden hacerlo gracias a los cuidados de los trabajadores y las trabajadoras del sector, en su mayoría mujeres, apelo a la responsabilidad de las autoridades para considerar las características propias del sector y explorar medidas alternativas y períodos de transitoriedad que eviten dañar un servicio tan esencial como la ayuda a domicilio.
La reducción propuesta de la jornada laboral, aunque bien intencionada, plantea serias amenazas para el sector de la ayuda a domicilio. Es imperativo que las autoridades reconsideren su planteamiento y trabajen conjuntamente con los representantes del sector para encontrar soluciones viables y sostenibles. La calidad de vida de las personas usuarias y la sostenibilidad de las entidades que les prestan servicio nos obliga a actuar con responsabilidad ante un cambio normativo que impacta de manera directa en el sector de los cuidados a domicilio.
Ignacio Gamboa es presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade).
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