Un enfoque sensato del alquiler turístico
Tanto el plan general que prepara Madrid como la normativa que ha aprobado la UE tienen que poner claridad en un sector que debe ordenarse, no sofocarse
La eclosión de las viviendas turísticas han convertido esta modalidad de alojamiento vacacional en un problema acuciante en toda Europa, pero especialmente en los países con más patrimonio, mejor clima y mayor oferta de ocio. En el caso de España, que tiene todos esos naipes en la mano, no es un fenómeno nuevo, pero su veloz crecimiento y, sobre todo, la fragmentación de su regulación lo han convertido en un dolor de cabeza creciente.
Desde que en 2013 se excluyeron estas viviendas de la normativa general del alquiler, la regulación ha pasado a manos de las comunidades autónomas, lo que ha supuesto fragmentar el sector y convertirlo, a efectos normativos, en un reino de Taifas, donde coexisten legislaciones muy restrictivas con otras bastante más laxas. A ello se une que se trata de una actividad ampliamente cuestionada por su polémico impacto en las ciudades, las comunidades de vecinos y el precio de los alquileres, así como por su compleja relación con la hostelería tradicional y lo conflictivo de algunas regulaciones, un aspecto sobre el que ha tenido que pronunciarse la CNMC.
En ese panorama general hay que encuadrar la decisión del Ayuntamiento de Madrid de paralizar la concesión de licencias para este tipo de viviendas, a la espera de que se reforme el Plan General de Ordenación Urbana de la capital, que abordará el fenómeno, pero que no estará listo hasta 2025.
La medida ha caído como una bomba en el sector, puesto que va acompañada también de la imposición de cuantiosas multas para los pisos que operan sin licencia. Aunque la cifra de viviendas para alquiler turístico en la capital es una incógnita, el INE maneja una cifra cercana a las 14.000 mientras que fuentes del sector aluden a 24.000. En cualquier caso, los cálculos apuntan a que solo el 7% del total opera con licencia, lo que explica la mala acogida que la medida ha tenido en el sector.
La necesidad de regular con eficacia el alquiler turístico resulta indiscutible ante los problemas de saturación que está generando en los núcleos con mayor afluencia de visitantes –Madrid es uno de ellos– además de la dificultad que supone hallar un equilibrio que evite que la sobresaturación acabe dañando no solo a los vecinos, sino al propio turismo. Tanto la regulación que prepara la capital como el reglamento que ha aprobado la UE sobre esta cuestión pondrán claridad en un sector, que debe ordenarse, no sofocarse. En el caso de Madrid, no parece descabellado estudiar una posible regularización para aquellas viviendas que cumplan con requisitos fiscales y de habitabilidad, pero se trata de un proceso, en cualquier caso, que debe llevarse a cabo con sensatez.
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