El comparable plan fiscal de republicanos y socialistas catalanes
Las elecciones catalanas son el tubo de ensayo de la escalada soberanista, del reparto de los recursos y de la firmeza del Gobierno
En los últimos veinte años el péndulo de la historia ha llevado a Cataluña a visitar casi todas las circunstancias políticas de su relación con y dentro de España, unas veces como realidad y otras como ensoñación, con audaces proposiciones financieras unas veces y con abierta y radical confrontación política en otras, tan irracionales unas como imposibles las otras. El conflicto sigue abierto, corregido y aumentado, por mucha pérdida de volumen que quiera atribuirse al suflé. En las elecciones de mayo está de nuevo a subasta la oferta de soluciones, las posibles, las imposibles y las descabelladas, y la vieja partitura financiera y fiscal sonará tanto como la monocorde sintonía política. Y hay un irresistible parecido entre las demandas fiscales de ERC y las que en su día plantearon los socialistas catalanes en los años previos a la explosión del proces, que el Gobierno nacional deberá combatir.
El mal Gobierno de Cataluña en los últimos lustros, ocupados en cuitas identitarias en vez de mantener aseada la gestión de las cosas de comer, ha hecho aflorar en la región un deterioro de la sanidad impropio de una comunidad rica, un retroceso de los estándares de calidad educativa preocupantes, una fuga masiva de empresas cuyo regreso ninguna se plantea, episodios de inseguridad no acostumbrados como el conflicto en las cárceles, o una sequía tan pertinaz como la crisis política y de muy complicada solución. Este panorama lleva la atención del electorado a la gestión diaria de los asuntos, cuya dejadez se ejemplifica en el sorpaso flagrante que Madrid le ha endosado como destino de los grandes proyectos de inversión exterior.
La responsabilidad expiatoria de tantos males es la supuestamente deficiente financiación de Cataluña en el modelo cerrado en 2009. Y por ahí han reabierto la brecha los independentistas con una propuesta que pretende sacar a Cataluña del régimen común y ponerla en pie de igualdad con País Vasco y Navarra, y que tiene muchas similitudes, pero no todas, con las fórmulas que han defendido los socialistas catalanes.
Conscientes de que el verdadero poder está en el control del dinero, ERC plantea que la Generalitat recaude a través de una Agencia Tributaria catalana el dinero de todos los impuestos cuyas bases imponibles se generen en Cataluña, y solventar su relación fiscal con el resto del Estado con un cupo negociado bilateralmente con Madrid, para financiar los servicios que el Estado cubre en territorio catalán.
Algo así como un triple salto mortal que proporcione a Cataluña una relación federal con el Estado, tal como tienen ya Euskadi y Navarra, y que dejaría al raso la solidaridad entre españoles consagrada en la Constitución, que deberían soportar en adelante Madrid y Baleares, únicas dos regionales, junto con Cataluña hasta ahora, contribuyentes netos.
El plan de ERC considera la participación temporal en un fondo de nivelación, sin detallar cuándo arrancaría ni cuándo concluiría, porque el Govern en funciones de Cataluña estima que no debería aportar hasta restituir los déficits acumulados de financiación que sus particulares cálculos detectan, y supónese que dejaría de aportar cuando se alcanzase la plena soberanía, la independencia, incluida en el menú político que acompañará al aperitivo financiero y fiscal. Un plan que socavaría la igualdad entre los españoles, tal como ya ha empezado a erosionarse con la condonación pactada de una parte de la descomunal deuda pública autonómica contraída por Cataluña y que soportan todos los españoles porque el tesoro catalán no encuentra mercado para emitir sus propios bonos.
La fuerza nacionalista off shore, liderada por el fugitivo Carles Puigdemont, prefiere empezar por el final, la autodeterminación, y dar por descontadas y quemadas las etapas previas, dado que su radicalidad le impide pararse a solucionar cuestiones tan prosaicas como si sale agua del grifo, hay listas de espera en sanidad, el nivel educativo de los bachilleres resiste comparación, o Cataluña atrae o repele la inversión.
La propuesta financiera de ERC podría encontrar algún tipo de encaje en la que presente el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). No es nueva la intención de los socialistas catalanes de llegar a un modelo de financiación propio de un Estado federal, y ya en 2005 la planteó cuando lideraba la política económica de la Generalitat en el tripartido de entonces. Cierto es también que hoy el PSC dispone de menos autonomía real respecto del PSOE que entonces, y que Moncloa no podrá defender tal fórmula financiera.
Hace casi 20 años, el conseller Antoni Castells explicó en este periódico cómo sería tal mecanismo de financiación, prácticamente igual al que se adivina en el programa del partido en 2021 y, con muchos matices, acoplable al que abandera ERC. Castells, un talante moderado que se sentía antes nacionalista que socialista, según su propio testimonio, ya planteaba recaudar todos los impuestos generados en Cataluña, excepción hecha de las cotizaciones de la Seguridad Social, y disponer de un elevado grado de discrecionalidad sobre la determinación de los tipos y bases de cada impuesto. Pero dentro de un modelo federal para todos, no solo para Cataluña, como propone ERC, planteaba un fondo de nivelación que garantizase un nivel patecido en la calidad de los servicios prestados por las comunidades, siempre a similar esfuerzo fiscal.
Pero de igual manera que proponía PSC, y propone ahora, disponer de más capacidad normativa sobre los impuestos, insiste en limitar la que han practicado otros sobre los impuestos completamente cedidos, como Patrimonio y Sucesiones. En definitiva, quiere un modelo solidario, pero no hasta el punto de convertir con trasferencias a las regiones más pobres en tan ricos como Cataluña (algo de todo punto imposible por vía de transferencias fiscales), y poder determinar tipos y deducciones en los grandes impuestos, algo que ya es posible, pero que no han practicado con la vehemencia de Madrid y otras regiones que la han secundado, y que el PSOE y el Gobierno Sánchez quieren maniatar.
Pero Cataluña, aunque irradia toda la política española en los últimos años, no es el centro del mundo. Culminar en un Estado federal exige un cambio constitucional para el que no hay ni de lejos consenso, y todo cambio en la financiación autonómica pasa por el acuerdo de todas las comunidades (salvo vasca y navarra que cocinan y comen aparte), y se afrontará, si se hace ahora, con la abrumadora mayoría de gobiernos regionales del Partido Popular.
José Antonio Vega es periodista
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