Mitos y realidades de la competencia fiscal
La creciente tensión entre autonomías y las habituales acusaciones de dumping esconden las deficiencias del modelo
No es una novedad. Un trabajo recientemente publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que casi la mitad de los ricos que cambian de comunidad autónoma eligen Madrid como nueva residencia. En concreto, el 1% más acaudalado registró más de 6.000 mudanzas en el trienio comprendido entre 2016 y 2019, de las cuales el 42% tuvo la región capitalina como destino final. Más allá del titular, el documento es relevante, en tanto entra en motivaciones adicionales a las fiscales, el argumento al que normalmente se recurre para explicar las deslocalizaciones. A partir de ahí, el informe arroja luz al debate sobre la competencia fiscal, a veces esquivo, la mayoría de veces ideologizado, y a menudo carente de datos académicos que sustenten las tesis de cada cual.
Para empezar, en la parte fiscal, el documento rebate el excesivo foco mediático en torno a figuras tributarias como sucesiones y donaciones o patrimonio, en tanto no son los impuestos que más justifican un trasvase de comunidad. De hecho, es el impacto del IRPF el que más propicia un cambio de residencia. En Madrid, por ejemplo, el tipo de gravamen agregado máximo sobre la base liquidable general se situaba en el 45% en 2022, frente al 54% o 50% de territorios como Comunidad Valencia o Cataluña, respectivamente. Parece lógico, a tenor del carácter recurrente del impuesto sobre la renta, frente a otros gravámenes que se abonan de forma puntual o incluso una vez en la vida.
Pero, además de la causa tributaria, factores puramente económicos, como el crecimiento del PIB regional, la inversión extranjera directa, la tasa de urbanización o la especialización en sectores de alto valor añadido, son claves para tomar –o contribuyen a explicar– la decisión de traslado. Se trata de cuestiones vinculadas al efecto capitalidad, siempre difíciles de cuantificar, pero que están lejos de ser ajenas a la movilidad interterritorial.
Asumir estas certezas tal vez facilitaría avanzar en la transparencia y en la homogeneización del sistema fiscal, limitando una dispersión actual que coadyuva a que los contribuyentes españoles tengan una mayor o menor factura en función del lugar en el que tributan. La creciente tensión entre autonomías y las habituales acusaciones de dumping fiscal esconden las deficiencias de un modelo condicionado por el heterogéneo mapa fiscal autonómico. Los innumerables retrasos en la reforma de la financiación de las comunidades han congelado en el tiempo esas distorsiones. Con el ciudadano como principal rehén.
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