Una nueva CNE que no es una novedad
La segregación de la CNMC busca reforzar la especialización, pero supone volver al esquema de 2013, mayoritario en la mayor parte de Europa
La segregación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), articulada mediante un anteproyecto de ley que fue aprobado ayer por el Gobierno, no supone una novedad revolucionaria, sino la vuelta a un modelo organizativo que funcionó hasta 2013, año en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió integrar el organismo en la recién creada CNMC. Sin embargo, la decisión de devolver la autonomía al regulador energético, diez años después, no ha sido fácil ni siquiera en el seno del Gobierno, porque el texto normativo incluye, entre otros cambios, la adscripción del organismo al Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, una decisión a la que inicialmente objetó la exministra de Economía Nadia Calviño, pero que, a la vista de la agenda de descarbonización y de las competencias que atesora el ministerio de Ribera, parece razonable.
Junto a las razones operativas, organizativas y competenciales, la salida de la CNE del paraguas de la CNMC tiene a su favor otros argumentos, como el de la especialización del organismo, más aún en el marco de una economía inmersa en el reto de la transición energética, y la experiencia del derecho comparado. Hay hasta 24 reguladores energéticos europeos que replican el modelo de la futura CNE y poseen el perfil de entidades independientes y no ligadas a ningún organismo regulador, entre ellos los de países como Francia, Portugal, Bélgica, Austria o Finlandia. De hecho, existen razones para defender no solo la conveniencia de conceder autonomía a la CNE respecto a Competencia, sino también de hacer lo mismo con el resto de los reguladores sectoriales, aunque el Gobierno no haya ido más allá del organismo energético.
Por contra, esa independencia implicará muy probablemente un aumento del coste de funcionamiento, que se redujo notablemente –su plantilla disminuyó casi a la mitad– con la integración en la CNMC por el efecto de las economías de escala. En cualquier caso, la escisión rebajará notablemente la actual carga de trabajo de la Sala Regulatoria de la CNMC, en la que los expedientes sobre el sector energético suponen un 70% del total.
El consejo de administración de la futura CNE contará con siete miembros, que deberán tener un perfil altamente especializado. Una vez que el proyecto de ley culmine su andadura, la elección de estos consejeros supondrá un primer examen sobre la existencia de una voluntad política real de llevar el funcionamiento del organismo a las mayores cotas posibles de excelencia y eficacia.
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