Ribera y el codiciado control de la CNE en el año primero después de Calviño
Las eléctricas velan armas ante el nuevo organismo y la retribución por la distribución, la clave de bóveda de la transición y el coche eléctrico
Corría el mes de septiembre de 2022 y una batalla soterrada se libraba entre los Ministerios de Transición Ecológica y Asuntos Económicos, entre Teresa Ribera y Nadia Calviño. Mariano Bacigalupo, a la sazón marido de la primera, ponía rumbo al regulador de los mercados tras su salida de la autoridad de Competencia. Su adiós provocaba en la institución un movimiento tectónico en cascada. Le sustituía en el consejo de la CNMC María Jesús Martín, directora de Energía en el organismo y un perfil de la máxima confianza de Bacigalupo y Ribera, al punto de que esta ya la había sumado en otro tiempo a su equipo del ministerio como directora general de Política Energética y Minas. La vacante para liderar la energía en la Comisión era de especial relevancia. Primero, por el descontrol entonces de los precios de la electricidad y el gas y su impacto en la ciudadanía. Segundo, porque sus decisiones marcarían la relación con Transición Ecológica. La elegida, Rocío Prieto, lo fue a propuesta de Cani Fernández, presidenta de la CNMC y, desde luego, más próxima a Calviño que a Ribera. De hecho, fue la vicepresidenta económica la que apostó por el nombramiento de Fernández tras conocer de primera mano durante su etapa bruselense los buenos oficios de aquella en favor de sus clientes en Cuatrecasas.
Dos acontecimientos han modificado en las últimas fechas ese esquema de relaciones, tanto personales como institucionales. El primero, la marcha de Calviño al Banco Europeo de Inversiones (BEI) abre un vacío sobre espacios que hasta ahora controlaba con mano de hierro –y a menudo sin guante de seda– la vicepresidencia económica, a la vez que deja sin valedores a perfiles muy apalancados en su respaldo. Segundo, el acuerdo de investidura alcanzado por PSOE y Sumar incluye un punto que ha obligado a todos los actores a mover ficha y probar sus fuerzas. Según recoge el documento en cuestión, ambos partidos se comprometen a impulsar “el establecimiento de una Comisión Nacional de la Energía, un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática”.
La nueva CNE, de hecho, va a ser uno de los campos de batalla donde se dirima el nuevo equilibrio de fuerzas de un área económica pos-Calviño. Para empezar, fuentes al corriente de las conversaciones en marcha explican que Cani Fernández, al principio dispuesta a oponerse a un nuevo organismo que de facto supone trocear y devaluar la CNMC, ha tirado de Sun Tzu para evitar dejarse muchas plumas en una guerra en la que, de antemano, tiene poco que ganar. La saga/fuga de Calviño, principal defensora de la actual estructura del organismo de competencia, no le deja muchas alternativas y, de perdidos, mejor parlamentar y avenirse a las demandas de las más pujantes huestes que comanda Teresa Ribera. La vicepresidenta tercera, un valor claramente al alza en el Ejecutivo tras el éxito europeo del tope del gas y siempre en la oraciones del general en jefe que marca la estrategia desde Moncloa, no va a considerar la CNE una presa menor.
“La Comisión Nacional de la Energía va a ser una autoridad administrativa todo lo independiente que quieras formalmente, pero en muchas ocasiones ejercerá como el organismo técnico del ministerio. La CNE de finales de los noventa y principios de los 2000 ya era muy solvente desde el punto de vista técnico y muy potente en lo económico. La nueva algo tendrá que decir en la retribución de las inversiones, tanto las de Red Eléctrica como las que afectan a la distribución. Sin esas inversiones no hay transición energética y Ribera lo sabe. No hay duda de que querrá controlar ese proceso directamente”, expone una fuente interna del área económica.
En ese afán de acaparar poder, es fundamental quién presida la nueva instancia energética. De hecho, fuentes próximas a la ministra de Transición Ecológica dan por hecho que la apuesta más segura es la propia María Jesús Martín, que tiene mandato en vigor como consejera, una trayectoria profesional impecable y, desde luego, una cercanía con la vicepresidenta a prueba de bomba. Solo una sombra se cierne sobre esa apuesta y son las eventuales complicidades con Sumar, que convirtió la creación de la nueva Comisión en un punto clave de un acuerdo especialmente empujado por el hoy relegado Nacho Álvarez. Los plazos legales, además, no ayudan a una resolución rápida. Desde el punto de vista orgánico, basta con desgajar la dirección general de Energía de la CNMC y convertirla en la base de la nueva CNE. Sin embargo, la creación de una autoridad independiente obliga a una tramitación por ley, y no cabría el recurso a un real decreto. Por mucho que el anteproyecto esté listo, su aprobación final se puede demorar un año.
Por el camino, muchos proyectos pendientes que soportan mal un impasse. Por ejemplo, está pendiente de finiquitar el mecanismo de minoración y cómo se computan los contratos a plazo, un dosier que ha generado muchos problemas internos -y con Iberdrola- en la propia CNMC. También el citado problema de la retribución de la distribución y –menos– del transporte, que se espera con los cuchillos afilados en el sector, en la certeza de que el ministerio se juega ahí la sustantiva batalla por el coche eléctrico. La retribución de las redes es capital para las compañías, en tanto apuntala una mayor o menor valoración de unos activos esenciales para atraer como minoritarios a los fondos de infraestructuras, siempre ávidos de negocio y esenciales para engrasar el círculo virtuoso de la captación de capital y la continuidad de la inversión. Finalmente, falta por definir una política clara sobre el hidrógeno, sea del color que sea, y por los almacenamientos, sobre todo de baterías.
Existe el convencimiento en instancias gubernamentales y empresariales de que es preciso dar una vuelta de tuerca a la actual dirección de Energía de la CNMC, con demasiados frentes abiertos y una dirección que viene del gas cuando el partido se juega en la electricidad. No obstante, el repliegue de Fernández no oculta lo que siempre ha mantenido del proyecto, esto es, que un organismo que integre regulación y competencia, como hace la CNMC, es más fuerte en tanto aporta funcionarios que pueden acometer inspecciones coercitivas sobre las eléctricas. PSOE y Sumar han querido que la inclinación del foco cambie. No es difícil intuir qué mano quiere mecer esa cuna.
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