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Escrito en el agua
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El triple salto mortal de las cotizaciones de 1,3 millones de asalariados

Las tres subidas de las cuotas de empresas y trabajadores son un riesgo para el empleo y para crear rentas opacas

Jose Luis Escriva pensiones
José Luis Escrivá, nuevo ministro de Transformación Digital y anterior ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.Eduardo Parra (Europa Press)

La Seguridad Social echó mano en diciembre de un préstamo del Estado de 10.000 millones de euros para abonar la paga extraordinaria de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas. Ni fue la primera vez, ni será la última: se ha convertido en un vicio recurrente, porque las cuentas hace tiempo que no cuadran, y no todas las reformas del año pasado suman. El triple salto de las cotizaciones sociales aprobado en la primavera proporcionará recursos adicionales muy lentamente, y nunca suficientes para equilibrar las cuentas.

Financiar las pensiones con deuda es tanto como pasar la factura de los gastos de hoy a las generaciones futuras. Pero a fin de cuentas la Seguridad Social es un mecanismo piramidal legal en el que cada cual paga para generar un derecho futuro, pero con cuyas aportaciones financia las prestaciones de los pasivos en el presente. Es como una gran familia en la que cada cotizante hace aportaciones 40 años para que cobre pensión su padre, que ya financió la de su abuelo, con la esperanza de que cuando se retire cobrará su renta con las aportaciones de su hijo. Un ejercicio de solidaridad intergeneracional obligatoria por ley.

El problema surge cuando la generación de los padres empieza a ser aceleradamente más numerosa que la de los hijos, que tienen dificultades para financiar la jubilación de aquellos porque están en minoría y sus contribuciones son más modestas por razones diversas que hemos enumerado cienes de veces. Y la solución que los gestores públicos han ideado es un incremento de las aportaciones individuales muy notable, pero reforzado en las rentas más elevadas.

Una especie de triple salto mortal que quiebra la contributividad (esa relación directa que debe existir entre cotización y prestación para ser equitativa) en favor de una supuesta solidaridad, que lastrará el ahorro, el empleo cualificado, el consumo y el crecimiento, y que está por ver si logra empatar unas cuentas cuando los ingresos corren detrás de la velocidad endiablada del gasto.

Recordemos. El primer salto consiste desde hace ya un año, desde enero de 2023, en una elevación de las bases máximas de cotización de todos los grupos en porcentaje similar al de revalorización de las pensiones, esto es: tanto como la inflación media en el año precedente, convirtiéndose en un acelerador de costes y, por tanto, alimentando de nuevo una espiral de precios y de gastos.

En 2023 el incremento fue del 8,5%, y para 2024 será del 3,8%, tal como la inflación media pasada. Pero desde hace doce meses todas las bases abonan un recargo en el tipo de cotización de 0,6 puntos en virtud del mecanismo de equidad intergeneracional, que se ha elevado en 0,1 puntos adicionales para este año (0,7 puntos ya desde ahora), y que crecerá anualmente hasta alcanzar 1,2 puntos en 2029, a partir de cuya fecha se mantendrá estable hasta 2050.

El segundo salto impone que a las bases máximas se le sumará al alza establecido (IPC pasado) un recargo adicional anual de 1,2 puntos hasta 2050. Así, este año las nuevas bases máximas suben un 5%, desde los 4.495,5 euros mensuales a los 4.720,5 euros. Con este recargo anual, y suponiendo una inflación moderada del 2% que establece como objetivo el BCE, en 2030 las bases máximas soportarían un recargo real del 8,5%, del 22% en 2040, y superior al 37% en 2050, según cálculos del servicio de estudios del Banco de España.

Y el triple salto mortal, que se ejecutará en enero de 2025, es someter a cotización la remuneración que exceda de la base máxima en cada momento, con un tipo adicional que oscilará entre el 0,9% y el 1,17% en el arranque, y que está previsto que llegue a una horquilla entre el 5,5% y el 7% en 2045.

Esta particular manera de entender la solidaridad de la reforma Escrivá afectará de lleno a 1,3 millones de trabajadores que cotizan por base máxima (casi el 7%), concentrados más en hombres que en mujeres y más en mayores de 45 años que en menores de tal edad, y de forma muy notable en empresas grandes: las que tienen más de 500 trabajadores encuadran al 14% en base máxima, mientras que las pymes apenas encuadran al 2,4% de su plantilla.

Esta estructura proporciona una idea de qué tipo de empresas y asalariados, sobre todo en servicios financieros, actividades de consultoría y gestión empresarial, servicios informáticos y sanitarios, soportarán la verdadera carga de este triple salto mortal de cotizaciones. Una consecuencia natural de esta sobrecarga en ciclos de crecimiento y demanda modestos, será la limitación de nuevas contrataciones, aunque no necesariamente de profesionales cualificados, menos prescindibles que aquellos menos formados.

Un trabajo de los economistas Doménech (BBVA Research), Boscá (Fedea) y Ferri (Fedea) para el Instituto de Estudios Económicos advierte de los elevados tipos implícitos de las cotizaciones y su influencia sobre el empleo. Cuantifica una notable pérdida de ocupación agregada con estas intensas alzas de cuotas, de hasta un 1% en empleo equivalente a tiempo completo a largo plazo; y alerta del riesgo de penalizar la acumulación de capital humano y el incremento de sus habilidades profesionales y sustituirlo por capital productivo, así como del de huida del factor trabajo más cualificado a zonas fiscalmente más templadas.

Pero no será el único riesgo. El incremento de las aportaciones presionará a la baja las revisiones salariales de todas las franjas laborales, y no es descartable la reaparición de pagos opacos para esquivar su conversión en base imponible a efectos de Seguridad Social. La propia norma proporciona un estímulo a la ocultación de rentas o una parte de ellas a efectos de cotización, ya que las aportaciones de nuevo cuño no tienen réplica equitativa en las cuantías de las pensiones máximas de los cotizantes: si las bases máximas avanzan desde 2024 1,2 puntos porcentuales por encima del IPC, las pensiones solo lo harán en 0,11 puntos desde 2025 a 2050, y los ingresos devengados por los excesos de los salarios no generan prestación. En definitiva, tornan su condición de salario diferido por el de simples impuestos al empleo.

José Antonio Vega es periodista

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