Los medios de comunicación, histórica debilidad de Telefónica
La entrada del Gobierno en la compañía obliga a más transparencia y trazabilidad de su relación con todo el proceso de creación de la opinión pública
Pedro Sánchez sabe como pocos que Telefónica no es una compañía cualquiera. A primeros de octubre de 2016, dimitió de secretario general del PSOE tras un tormentoso comité federal del PSOE en el que perdió la votación para celebrar unas nuevas primarias. Días después, Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno, gracias a la abstención de 68 de los 83 diputados del PSOE. Al día siguiente, el militante Sánchez salía en el programa Salvados de Jordi Évole acusando a diestra y siniestra, pero solo nombró a un empresario, a César Alierta, presidente de Telefónica (2000-2016), al que acusó de “trabajar porque hubiera un gobierno conservador”.
Siete años después de aquella entrevista, Pedro Sánchez encuentra en la incursión del Reino de Arabia Saudí en la centenaria compañía la gran excusa para que el Reino de España vuelva al accionariado con la compra de un 10%, a través de la SEPI. Hay muchos argumentos, sin duda, para pensar que Telefónica es estratégica para España y más para evitar que una autocracia con semejante currículo meta sus manos en tan delicados cables.
Asumiendo esta premisa, ahora lo sustancial debería ser la puesta en marcha de mecanismos de transparencia creíbles, que vayan más allá de los actuales controles de la publicidad comercial e institucional de Administración y sector público en general, que garanticen que Telefónica no se convierte en una extensión más del partido político que lo sustenta. Los precedentes son lo suficientemente elocuentes como para no dejar a la buena voluntad de la compañía y el Gobierno que tomen en serio la necesidad de poner en marcha medidas corporativas que garanticen la neutralidad real de Telefónica en el ámbito político y de la creación de opinión.
En 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) había vendido el último paquete (21%) del Estado en Telefónica, se utilizó con todo descaro a esta compañía para crear un grupo de comunicación multimedia al servicio del Gobierno. Aznar colocó a su entonces amigo Juan Villalonga al frente de la operadora y, en el primer año, compró el 25% y la gestión de Antena 3 TV, el 100% de la emisora de radio Onda Cero y promovió Vía Digital. En el 2000; Villalonga cayó en desgracia, no por estas inversiones, sino por aprobarse una escandalosa remuneración y fue relevado.
Llega César Alierta, aglutina en Admira todas las participaciones en medios de comunicación: españolas (Antena 3 TV, Onda Cero y Vía Digital), argentinas (Telefé y Azul TV) y hasta británicos (5% de Pearson, editor de Financial Times). Empieza el baile. Primero, pacta con Prisa la fusión de su Vía Digital con Canal Satélite Digital, que pasa a ser Sogecable. Después, incrementa la participación en Antena 3 TV hasta el 59% para de inmediato empezar a desinvertir. En mayo de 2003, para desconsuelo de Vocento, vende el 25% y la gestión de la televisión, que lleva de premio a Onda Cero, al Grupo Planeta, lo que propicia la creación de un nuevo grupo multimedia de corte conservador.
En 2009 estalla en España la crisis, que tarda un año en mostrar su mayor crudeza, con la caída de inmobiliarias, cajas de ahorros y otras empresas endeudadas más allá de lo razonable con la compra de activos sobrevalorados. Telefónica aprovecha la coyuntura para retornar a los medios, entra en el capital de Prisa, propietario de este periódico, mediante el canje de unos bonos convertibles en acciones suscritos en 2012, y en tres años después se hace con el control total de Sogecable, rebautizada como Movistar+.
En marzo de 2016, José María Álvarez-Pallete sucede a César Alierta en la presidencia de Telefónica, con pleno conocimiento de la herencia, lleva en el grupo desde 1999 y es el consejero delegado desde 2012. Consciente del recelo político que generaba su predecesor, en junio de 2017, concede una entrevista a El País donde trata de establecer su política: “Mi rol es que Telefónica esté al margen. (…) En este mundo, la transparencia va a ser uno de los valores más apreciados. Llevo un año (desde su nombramiento) intentando que a Telefónica se la vea como una compañía que está ahí para apoyar, para ayudar, para invertir, para hacer cosas que movilicen la economía y no para otras cosas”.
En mayo del año pasado, Álvarez-Pallete vende el 7% de Telefónica en Prisa a un grupo de empresarios españoles (Alconaba). Pocos días después declararía a El Mundo: “Queremos salir de la creación de opinión. Una compañía como Telefónica no deber estar en el sector de la creación de opinión”.
Los antecedentes aquí relatados invitan al escepticismo. El Gobierno y Álvarez-Pallete, o quien le suceda, tienen la obligación de dar con fórmulas de transparencia y trazabilidad de su relación. La entrada de la SEPI en el capital de Telefónica puede tener sentido en la estrategia industrial del país, pero no puede convertir a la compañía en un elemento más de la propaganda de la acción política del gobierno turno y del partido que los sustenta. Hay ejemplos similares en Europa de exquisita neutralidad, hace falta la convicción y a ello tiene que ayudar la ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación aprobada en septiembre de 2022 por la CE y en octubre pasado por el Parlamento Europeo.
Telefónica es una de las compañías con más roce con los medios de comunicación, como proveedor de servicios y generador de ingresos, ya que seguramente es la empresa que más invierte en publicidad, y sus diferentes sucedáneos, en los distintos soportes informativos. De ahí que su capacidad e influencia desborde a la presencia en el capital o los consejos de administración.
En cualquier caso, la historia de los medios de comunicación españoles en democracia no se puede explicar sin mencionarla.
Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información
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