Sostenibilidad y accesibilidad en sanidad: Europa sopla a favor
La nueva regulación sobre el IVA, que entrará en vigor en 2025, puede aplicarse a productos y tecnología sanitaria, aunque en España sigue pendiente
Las vacunas, la secuenciación del genoma, la cirugía robótica... son avances que suponen, o supondrán, un antes y un después en la vida de millones de personas. Para lograrlos, ha sido preciso realizar una decidida inversión.
La mejora de la atención sanitaria depende en gran medida de nuestro grado de innovación. La tecnología y la investigación médica, siempre en constante evolución, brindan nuevas oportunidades para avanzar en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. La apuesta del sector privado por incorporar la tecnología y los avances más punteros ha sido siempre clave estratégica para poder dar respuesta a las necesidades de alta complejidad e incorporar procedimientos pioneros que permitan ofrecer una calidad asistencial de excelencia. Así, por ejemplo, una de cada tres actividades quirúrgicas de alta complejidad de España se realiza en centros privados. Igualmente, el sector privado fue pionero en incorporar la protonterapia o la cirugía asistida por robot y cuenta con el 42% de los mamógrafos que hay en España, con el 52% de las resonancias magnéticas y el 32% de los TAC de última generación.
No obstante, se requieren medidas facilitadoras por las instituciones públicas para que el sector de la provisión sanitaria genere inversiones en I+D en un momento de saturación en la accesibilidad del paciente, tras una pandemia que ha despertado en la población una mayor preocupación por su salud. A día de hoy, estos pacientes llegan tanto desde el modelo de aseguramiento y consulta privada, como fruto de los conciertos de la colaboración público-privada.
La capacidad de inversión del sector sanitario se topa con viento a favor. Europa, en esto, tiende la mano para que los Estados miembros hagan uso de la directiva 2022/542 de abril de 2022, que establece la posibilidad de determinar un tipo de IVA superreducido por debajo del 5% para productos que supongan un beneficio para el interés general, un ámbito en el que desde luego tiene holgada cabida la sanidad. De hecho, la normativa recoge la posibilidad de aplicarlo en los equipos, aparatos, dispositivos y artículos médicos, lo que daría la posibilidad de incrementar la inversión en la tan necesaria innovación tecnológica que precisa el sector para ser cada vez más eficiente.
Esta nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y deja en manos de cada país la decisión sobre en qué ámbitos se aplica, pero hace ya más de 400 días que esta directiva salió publicada sin que haya habido noticias sobre la posibilidad de que vaya a ser aplicada a los productos sanitarios; una reivindicación, la de la reducción de la presión fiscal sobre estos bienes de primera necesidad, que no por justa, además ya viene de largo.
En un contexto en el que el Sistema Nacional de Salud se enfrenta a múltiples retos que ponen en riesgo el principio más básico de la accesibilidad a la red sanitaria, es preciso tomar todas las medidas necesarias para garantizar la máxima calidad asistencial que debemos a los pacientes. Con un IVA reducido, podremos invertir en innovación tecnológica y permitir su acceso al paciente, potenciando la eficiencia del sistema sanitario en su conjunto y mejorando el bienestar de la población. En sentido contrario, España desaprovechará la posibilidad de que un sector que atiende a 15 millones de personas tenga facilidades para investigar, innovar y desarrollar en tecnología y en nuevas terapias.
La reducción de la presión fiscal en los productos sanitarios impactaría positivamente, además, en la prevención de enfermedades, área que requiere actualmente una mayor inversión y desarrollo y que resulta altamente prometedora. Al hacer más asequibles los servicios, dispositivos y material de medicina predictiva y preventiva, se fomentaría la detección temprana de enfermedades y se promovería un enfoque proactivo en la salud de la población. Esto, a su vez, disminuiría la carga económica y social de enfermedades crónicas y agudas, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y reduciendo los costes a largo plazo para el sistema sanitario.
Es preciso señalar en este sentido la gran asignatura pendiente que supone para España la medicina preventiva. Nuestro país destina apenas 49 euros por habitante a esta disciplina, 33 menos que la media de la Unión Europea (UE), según datos publicados por Eurostat. Sin embargo, su relevancia es capital a la hora de contribuir a una sociedad más saludable. Tener más recursos disponibles favorecería sin duda una inversión decidida en esta materia.
La patronal de tecnología sanitaria estima que adaptar la situación fiscal del material sanitario puede suponer un ahorro de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública y la privada. La reinversión de estos recursos en otros ámbitos, como la innovación tecnológica o terapéutica, no solo implica un beneficio para los pacientes, sino que también tiene un impacto positivo en el sistema de seguridad social y en la economía en general, al impulsar la inversión en investigación y desarrollo, promoviendo la eficiencia del sistema sanitario y contribuyendo al bienestar general. Es fundamental que las autoridades evalúen positivamente esta posibilidad y consideren las indudables implicaciones favorables que un IVA reducido en materia sanitaria tendría en la salud y calidad de vida de la población, así como en la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario.
Carlos Rus es presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) y de la comisión de Sanidad de la CEOE
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