Gobernabilidad y economía
El potencial de nuestra economía es enorme pero, desde 2008, somos un país donde los relatos no se convierten en acciones y en resultados
Las Elecciones Generales de este domingo han registrado grandes cambios con respecto a las de 2019 y casi cuatro millones de españoles han vuelto a confiar en los dos grandes partidos que tienen el 65% de los votos, 3 de cada cuatro congresistas y 9 de cada 10 senadores. No obstante, la sociedad española continúa muy polarizada en dos bloques de derechas y de izquierdas que no se entienden y la gobernabilidad en manos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos.
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Las Elecciones Generales de este domingo han registrado grandes cambios con respecto a las de 2019 y casi cuatro millones de españoles han vuelto a confiar en los dos grandes partidos que tienen el 65% de los votos, 3 de cada cuatro congresistas y 9 de cada 10 senadores. No obstante, la sociedad española continúa muy polarizada en dos bloques de derechas y de izquierdas que no se entienden y la gobernabilidad en manos de los partidos nacionalistas catalanes y vascos.
La economía ha tenido un papel secundario en la campaña, tanto en la de las generales del domingo, como en las autonómicas y municipales de hace dos meses. Se confirma que el Partido Popular para conseguir una mayoría suficiente para gobernar necesita que la tasa de paro superé el 20%, como sucedió en 1996 y 2011. El Rey tiene un dilema entre aceptar una investidura de Alberto Núñez Feijóo como lista más votada pero con pocas probabilidades de prosperar o una de Pedro Sánchez que necesita los escaños de Junts per Catalunya para ser reelegido. Y la probabilidad de repetición electoral como en 2019 y 2016 es elevada.
Desde la crisis de 2008 la economía española ha acumulado tres graves problemas estructurales que necesitan cambios en la política económica para solucionarse: nulo crecimiento de la productividad, precariedad salarial y desigualdad y elevada deuda pública. Resolver los tres problemas a la vez es extremadamente complejo y exigiría un gran acuerdo programático de los dos grandes partidos ya que es necesario incluir a las comunidades autónomas en el acuerdo y la mayoría están gobernadas por el PP. Lamentablemente la polarización de la campaña hace poco probable unos acuerdos similares a los Pactos de la Moncloa de 1977.
La productividad no crece porque la mayoría de empresas españoles no están incorporando tecnología en la producción de bienes y servicios en el periodo de mayor desarrollo tecnológico mundial de los últimos tres siglos. El problema se concentra en el tamaño empresarial y en la sobre ponderación de empresas de menos de 10 trabajadores en España, pesan el doble que en Alemania, tienen la mitad de productividad que las microempresas germanas y tienen salarios medios la mitad que las empresas medianas y grandes.
El otro problema es el escaso desarrollo del ecosistema tecnológico español. Las universidades españolas son una fábrica de burocracia. Sería necesaria una reforma en profundidad del sistema universitario español, manteniendo la influencia del claustro en la gestión académica pero profesionalizando su gestión no académica y especialmente las oficinas de transferencia tecnológicas. Para que esos proyectos puedan escalar y crecer es necesario el desarrollo del mercado de capitales, la venta de créditos fiscales, la compra innovadora y una revisión en profundidad de la fiscalidad para que las empresas tecnológicas españolas tengan, al menos, las mismas condiciones que sus competidores globales. Esto exige un gran acuerdo nacional que incluya a las comunidades autónomas.
Si esto tiene éxito, en 2030 España estaría en condiciones de aumentar el empleo, de dejar de hablar del desempleo como un problema crónico y de aumentar los salarios, especialmente de nuestros jóvenes. Los verticales de Israel Start up nation también son válidos para España: Agro, agua, movilidad, sostenibilidad y renovables e inteligencia artificial. Israel desde el año 2000 ha doblado el empleo, la productividad y su salario medio. Taiwán, Corea del Sur, Irlanda son los países con los que España se tiene comparar y no con Francia y Alemania que han tenido una evolución de su productividad aún peor que la de España en los últimos veinte años.
Nuestro país es de los pocos que no ha desarrollado la concentración de la riqueza en el percentil 1% de su población. Al revés, somos un rara avis en el mundo que ha pasado a una parte importante de su población de clase media baja en los años ochenta a clase madia alta ahora. Pero tenemos un problema de pobreza relativa en el percentil 30 de menos renta que se ha agravado desde la crisis de 2008 y concentrado en los inmigrantes. Un inmigrante tiene diez veces más probabilidad de estar en la pobreza que un nacido en España. Somos uno de los países de la OCDE que menos invierte en su capital humano en las empresas y que peor gestiona las políticas activas de empleo. Hay que modificar los seguros de desempleo, sobre todo de larga duración, rentas mínimas, etcétera y vincularlos con incentivos a políticas activas de empleo.
Y por último, aunque no por ello menos importante, España debe reducir su deuda pública y retornarla a una senda de sostenibilidad como han hecho nuestros vecinos portugueses en la última década. Para eso es necesario aumentar el potencial de crecimiento y la tasa de empleo y además reducir el déficit pública estructural como exigen los tratados europeos y el artículo 135 de la Constitución española. El nuevo gobierno tendrá que subir el IVA a la electricidad, el gas y los alimentos en los presupuestos de 2024. Pero es necesario contener el gasto en pensiones y sanidad y liberar recursos para el resto de partidas, especialmente: educación, universidades y desarrollo científico y tecnológico.
El potencial de nuestra economía es enorme pero, desde 2008, somos un país donde los relatos no se convierten en acciones y en resultados, ni en lo público ni en la mayoría de nuestras empresas.
José Carlos Díez es profesor de economía en la Universidad de Alcalá
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