El interminable culebrón energético de España
La operación sería hoy casi ciencia ficción, a la vista de cómo la guerra ha cambiado las prioridades energéticas y del fuerte intervencionismo de los Gobiernos
Mucho ha llovido desde que el fondo de pensiones austrialiano IFM anunciara su opa por Naturgy. Tanto ha llovido que la operación sería hoy poco menos que ciencia ficción, a la vista de cómo la guerra de Ucrania ha dado la vuelta a las prioridades nacionales en materia energética y cómo los Estados occidentales se posicionan sin ambages a favor o en contra de operaciones corporativas.
La oferta, lanzada en terreno pantanoso (los fondos accionistas de Naturgy fueron informados, pero la opa no estaba pactada con ellos), pasó varios meses de barbecho mientras el Gobierno se decidía a autorizarla o no. Tras la autorización llegó el contraataque de Caixa, que a punto estuvo de hacer descarrilar la oferta. La operación, con todo, dejó un accionariado marcado por cuatro grupos de origen diverso: un fondo de infraestructuras, otro de capital riesgo, otro de pensiones y Critera, brazo inversor de la Caixa. De esta configuración accionarial salió el proyecto Géminis: una disgregación de la empresa en varias partes que podía cuadrar (pese a su complejidad) con los intereses de las partes, pero no con las prioridades estratégicas del Gobierno, que se pronunció en contra del proyecto Géminis. La última vuelta de tuerca ha sido el nombramiento de un consejero delegado, una propuesta de los propios fondos que se ha visto frustrada por el cambio de opinión del propio candidato. Vuelve pues Naturgy a la casilla de salida.
Naturgy opera en un sector, el energético, sujeto a una intensa regulación que trata de compaginar seguridad en el suministro con necesidades de inversión y rentabilidad del capital. Un esquema de rendimientos predecibles que resulta atractivo a ojos del inversor y que, por tanto, abre la puerta a operaciones corporativas. Pese a ello, sería difícil explicar cuál es la política del Gobierno (de este o de otro) al respecto, oscilando entre el laissez faire financiero y la voluntad de controlar un sector estratégico.
Esta indefinición facilitó no solo el sonrojante culebrón de Endesa y su pésima resolución, sino también la bizarra apuesta de las constructoras por comprar energéticas en plena burbuja inmobiliaria. Sin un criterio claro, España pasó de tener un fuerte grupo de petróleo y gas a una Naturgy sin un accionista de referencia y con el 40% del capital en inversiones con fecha de caducidad. El blindaje antiopas ha despejado el panorama: España tiene claro que quiere controlar algunos sectores. Pero, aun sin legislar, solo un criterio claro habría evitado quebraderos de cabeza.
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