El impuesto del Patrimonio entra en campaña (si es que se fue)
El Ejecutivo valenciano ha sido elegido para tomar decisiones, pero nada es gratuito; el dinero que se deje de ingresar vía tributaria deberá recortarse en gasto público o con otras medidas
El impuesto de patrimonio vuelve a estar de actualidad de la mano de las elecciones pasadas y de las futuras. La primera medida concreta derivada del acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha sido, de hecho, el anuncio de la eliminación del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, y la promesa de reducción en el impuesto sobre la renta. En paralelo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha apuntado en su programa económico la necesidad de prorrogar la tasa temporal a las grandes fortunas de modo que sea permanente.
En un contexto en el que desde buena parte de los foros económicos se demandan planes de consolidación fiscal, el entorno parece más adecuado para al menos no bajar los impuestos. La Comunidad Valenciana fue el año pasado la región con más déficit público, un 3,11% (seguida de Murcia con el 2,97%, lo que sugiere que el déficit es una variable independiente del color político). El Ejecutivo valenciano ha sido elegido (como todos) para tomar decisiones, pero nada es gratuito; los 155 millones que dejarán de pagar los 22.000 valencianos más ricos tendrán que recortarse en gasto público o recaudarse de otros valencianos con menos posibles.
Una cosa es, en todo caso, el debate filosófico, si el dinero está mejor en manos de los contribuyentes (en este caso, de los más acaudalados) o del Tesoro Público, y otro distinto es el diseño del impuesto. Las rentas más altas de las altas, con un patrimonio medio de 19 millones de euros, pagan menos impuesto de Patrimonio que la media de contribuyentes de dicha gravamen en términos absolutos y, obviamente, también relativos, con un tipo medio del 0,03%. Algo similar sucede con las empresas, donde las multinacionales soportan un tipo efectivo menor que las pymes merced a la ingeniería fiscal. Algo que también ocurre con las grandes fortunas, cuya capacidad para contratar brillantes fiscalistas excede la de los que son solo ricos (por no hablar del común de los mortales). Cierto es que el impuesto de Patrimonio limita, de forma justificada, el pago de aquellos contribuyentes que tienen mucha riqueza y poca renta. Fuera de estos casos, hay un doble motivo para combatir este tipo de ineficiencias: por el dinero que se deja de recaudar y porque la lucha contra el fraude es más complicada si el contribuyente medio siente que el sistema no es equitativo. Más allá de estas cuestiones, y teniendo en cuenta el trazo grueso que marcó la pasada campaña, bienvenido sea el debate fiscal.
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