Hágase la luz y sea barata
Comprometer con Bruselas la evolución energética hasta 2050 sin la oposición y con el sector en contra es un lujo que España no se puede permitir
Desde el sector de las renovables se dice que los verdaderos perjudicados por la excepción ibérica han sido ellos y los consumidores con contratos a precio fijo. Ellos, porque el tope al gas ha sido, en realidad, un tope al precio de venta de las renovables, ya que el gas se paga, en verdad, a precio internacional, y los consumidores con precio fijo porque han tenido que costear esta diferencia entre el precio real del gas y el tope ficticio establecido solo a efectos de calcular el precio del resto de fuentes de generación en el mercado mayorista de electricidad.
Según este razonamiento, la excepción ibérica ha limitado durante algunos meses el precio mayorista (y, por tanto, en los clientes acogidos a la tarifa regulada vinculada al mismo, aunque sin evitar una masiva fuga de clientes hacia el mercado libre), pero ha generado tres grandes efectos secundarios perjudiciales: ha incentivado el consumo de gas para la generación eléctrica (los ciclos combinados cobraban el precio internacional del gas, pero vendían al tope establecido, es decir, por debajo de coste a un precio subvencionado por el conjunto de consumidores); ha incrementado la exportación de electricidad subvencionada por nuestros consumidores a Francia y Marruecos y ha aminorado la rentabilidad de las renovables.
Y, lo bien cierto, es que todos los datos conocidos avalan esta interpretación crítica con un mecanismo excepcional que, a pesar de haberse prorrogado hasta final de año, hace tiempo que no se aplica. De hecho, el reciente descenso del precio de la electricidad en España (y Europa) que lo sitúa en niveles previos a la guerra de Ucrania, se explica, tanto por la caída del precio internacional del gas, como por la mayor generación eléctrica de fuentes renovables más baratas.
A pesar de estas quejas legítimas y argumentadas, dos datos destacan en el análisis del sector eléctrico español actual: durante 2022 se ha incrementado en más de 6GW la potencia instalada de renovables y, en segundo lugar, hemos entrado en la edad de oro de los PPA (contratos de suministro a plazo y con precio fijo).
La explosión de las renovables (pese a todos los impedimentos y retrasos burocráticos en los permisos y en las nuevas subastas) aventura que 2023 será el primer año en que representen más del 50% de nuestro mix energético. En este primer trimestre la eólica ya ha sido la primera fuente generadora de electricidad (27% del total).
Superado el debate sobre la excepción ibérica y una vez el Gobierno ha abordado, con el retraso habitual, el cambio de una tarifa regulada muy volátil por su inexplicable vinculación, hora a hora, con el precio del mercado mayorista (hay quien piensa que de haberse hecho antes, no hubiera sido necesaria la excepción ibérica), dos son las tareas pendientes para este año: la revisión/actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la reforma del mercado eléctrico europeo. Ambas, buscando dos objetivos: incrementar la independencia energética de Europa incentivando las renovables y asegurar un suministro eléctrico barato mediante cambios en las reglas del mercado marginalista para suavizar los mayores costes de las políticas de autonomía estratégica impulsadas por la UE en este contexto de nueva guerra fría.
Para las dos tareas, el año electoral, sumado a la polarización que vive nuestra política, no ayudan. Comprometer en Bruselas la evolución energética de España hasta 2050 en un nuevo PNIEC, sin hablarlo con la oposición y con el sector en contra, es un lujo (¿electoral?) que, como país, no podemos permitirnos. Sobre todo, si está presente un aspecto decisivo como es la posición política sobre el cierre o la prórroga de permisos para nuestras centrales nucleares que puede depender del resultado de las elecciones generales de este mismo año. Esta actualización deberá llevar aparejada la consiguiente ampliación de la actual planificación de redes eléctricas, a negociar con las comunidades autónomas.
Algo similar ha ocurrido con la propuesta de reforma del mercado presentada por el Gobierno en solitario y que ha concitado la crítica unánime del sector, que sin embargo se ha mostrado mucho más cercano a la propuesta presentada por la Comisión Europea.
La necesidad de reforma del mercado eléctrico europeo es, hoy, evidente. Como dice un informe de la consultora PwC sobre el asunto: “la estructura del mercado se mantiene muy similar a la diseñada en sus orígenes, mientras que se han producido cambios relevantes” como “la creciente integración de renovables” (¿Cómo se tiene que adaptar el mercado eléctrico al contexto actual? Abril 2023) fenómeno que ha sido estimulado, precisamente, por el juego de incentivos contenidos en las reglas del actual mercado.
De cara al futuro, sería conveniente que España no quedara marginada de la corriente principal de consenso que se está generando entorno a la propuesta de la Comisión. En especial, en lo que tiene que ver con los siguientes puntos esenciales, recogidos en el informe citado: proteger al consumidor de la volatilidad excesiva del mercado; incentivar la contratación de energía a largo plazo a precio fijo (los PPA) hasta conseguir que sea la forma mayoritaria de mercado; complementarlo con formas de contratación con diferencias de precios, siempre de forma voluntaria, para incentivar determinadas inversiones; mantener el actual mercado spot como mecanismo de ajuste a corto plazo; poner en marcha mecanismos que retribuyan adecuadamente la capacidad (mercados de capacidad) que faciliten el almacenamiento y la flexibilidad; garantizar una adecuada seguridad jurídica y una ágil gestión administrativa de los permisos, a la altura del desafío que abordamos.
Haría bien el Gobierno en aparcar su actual propuesta, diseñada para la confrontación (en muchos de cuyos puntos el PSOE no se reconocía, hasta ahora), y empezara a reunirse con los grupos parlamentarios y con los diferentes agentes implicados en el sector, para ir consensuando una posición de país entorno a lo que parece reunir hoy a la mayoría. Sobre todo, porque, además, es sensato.
Jordi Sevilla es economista
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