Una ley histórica de vivienda
La nueva regulación no atenta contra la propiedad privada ni contra la economía de mercado y, por tanto, no lesiona ninguna libertad individual
La frecuencia de uso ha desgastado algunos términos que deberíamos reservar para acontecimientos y situaciones realmente excepcionales. Histórico e histórica son dos de ellos, pero la aprobación ayer en el Congreso de la Ley de Vivienda merece del acompañamiento de este adjetivo. Estamos ante una ley histórica que va a cambiar la vida de miles de españoles y españolas y va a permitir a nuestra democracia cerrar un agujero negro en su catálogo de derechos que dejaba en un límbico horizonte de sucesos el ejercicio de muchos de ellos.
Una vivienda digna, adecuada y asequible es mucho más que un techo bajo el que cobijarse. Un hogar es mucho más que sus cuatro paredes. Es un proyecto de vida, algo que ni puede ni debe hipotecarse. Al mismo tiempo, es una necesidad democrática porque difícilmente podemos garantizar cuestiones tan fundamentales como la libertad, la seguridad, la intimidad, la educación, la salud o la participación política en su ausencia. Es imposible imaginar una ciudadanía plena sin un lugar físico al que remitirse.
No podíamos consentir por más tiempo que el ejercicio de un derecho básico se convirtiera en un formidable quebradero de cabeza o, a mayores, en una fuente inagotable de angustia o en un atajo directo a la pobreza. Esto es lo que durante demasiados años ha representado la vivienda para muchas familias y para innumerables jóvenes que han visto mutilado el camino a su emancipación.
A quienes critican esta ley sin conocerla o a aquellos que sostienen que ha de ser otra ley, la del mercado, la que resuelva el problema tengo que pedirles que no se dejen cegar por la ideología y que abran los ojos y contemplen la auténtica realidad. Y la realidad es que el mercado ha ignorado la función social de la vivienda y que la liberalización que siguen pregonando ha propiciado una especulación insoportable que se ha traducido en subidas abusivas de precios, zonas tensionadas, situaciones de degradación y hacinamiento, así como la expulsión de sus propios barrios de las personas con menos recursos.
La ley de Vivienda responde no a uno sino a dos mandatos constitucionales recogidos en su artículo 47, donde no solo se recoge el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sino que se emplaza a los poderes públicos a establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo y a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir esa especulación con la que algunos comulgan. Para cualquier demócrata es inaceptable que el nivel de ingresos condicione el disfrute de un derecho básico. Como ministra responsable de la política de vivienda, que no es la política inmobiliaria a la que la derecha suele reducirla, estoy orgullosa de que esta ley vaya a salir adelante porque es solvente, rigurosa y constitucionalmente irreprochable. Quizá la mejor forma de definirla sea por lo no es o por lo que no hace. No es una ley sobre alquileres, sino que aborda el tema de la vivienda en toda su dimensión, desde el régimen jurídico básico de la propiedad a la regulación del derecho de superficie. No atenta contra la propiedad privada ni contra la economía de mercado y, por tanto, no lesiona ninguna libertad individual.
No legitima la ocupación, porque la ocupación es ilegal, esta ley legitima la justicia y la protección social. No invade competencias autonómicas, sino que delimita cuál es el campo de actuación del Estado para conformar parques públicos de vivienda, así como los mecanismos a su alcance para proporcionar casas dignas y asequibles a los sectores más débiles de la población. En definitiva, no va contra nadie y favorece a todos, incluidos los pequeños propietarios, mayoritarios en este país, a los que se ofrecen importantes incentivos fiscales para que pongan en alquiler sus propiedades.
Estoy convencida de que pincharán en hueso los que ya se han revuelto contra ella y amenazan con impugnarla. Y harán lo propio quienes, por insumisión o sectarismo, se nieguen a aplicarla, ya que en última instancia serán los ciudadanos los que les pasen factura.
Vuelvo al principio. Es histórica una ley que enfoca la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Es histórico someter a protección permanente un patrimonio público de vivienda social, que pretendemos ampliar hasta alcanzar el 20% del parque edificatorio. Es histórico establecer la prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado, como lo es disponer de instrumentos para controlar subidas abusivas de los precios del alquiler en situaciones de oferta insuficiente o para sacar al mercado pisos vacíos. Esta ley es un hito trascendental en el trayecto que este Gobierno ha venido recorriendo para devolver a la vivienda la función social que nunca debió perder. Para ello hemos multiplicado por ocho la inversión pública y estamos ejecutando planes muy ambiciosos de impulso al alquiler asequible, que se verán reforzados por los nuevos compromisos contraídos por el presidente del Gobierno para promover y movilizar otras 93.000 viviendas sociales.
Vamos a alumbrar algo más que la primera ley de la democracia en este ámbito. Estamos poniendo en pie el quinto pilar del Estado del Bienestar y, con él, ofreciendo a este país la vacuna más eficaz contra la marginalidad. Vamos a dar esperanza a quienes la habían perdido y a borrar definitivamente esa frontera tan peligrosa para la convivencia que dividía a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda.
Raquel Sánchez Jiménez es ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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