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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Una reforma necesaria, pero con costes

La propuesta adoptada por Escrivá es tan agresiva en la mejora de los ingresos como tímida a la hora de atacar el gasto

CINCO DÍAS

Nunca ha sido sencillo que un Gobierno, independientemente de su color, afronte con decisión cuestiones de muy largo plazo, como son las pensiones. El asunto está en la mesa el primer día de trabajo de cada inquilino de la Moncloa, merced a la tozudez de la demografía. Pero la lenta marea demográfica incentiva, también, dejar el problema en el montón de asuntos pospuestos. Consume mucho capital político y los rendimientos, de haberlos, llegarán dentro de varias legislaturas. Por eso resulta paradójico que la reforma de las pensiones se plantee en el momento en el que las costuras de la coalición de Gobierno son más débiles. El anclaje europeo ha vuelto a jugar a favor de obra, pues sería difícil pensar, en estos tiempos de política espectáculo, un mínimo consenso de no ser por las exigencias (menos estrictas que años atrás) de Bruselas.

Son obvias las diferencias entre gestación de esta reforma, pactada con los técnicos de Bruselas, con la decisión previa de subir todas las pensiones el 8,33%. Y mientras la inflación castiga más a las capas de menores ingresos (donde hay numerosos pensionistas), tiene menos encaje subir un 8,3% una pensión máxima de 42.000 euros cuando el salario medio es de 27.000. Hecha esta diferencia, y asumiendo que el elemento redistributivo es una clave de bóveda del sistema de pensiones, la reforma adoptada por Escrivá salva el apartado del gasto a costa de atacar de forma decidida los ingresos. Nada es gratis.

El destope de bases máximas, el alza del mecanismo de equidad al 1,2% y la contribución extraordinaria de los salarios más altos (por encima de bases máximas) son medidas de ingreso que hacen más sostenible el sistema. A cambio, eso sí, de elevar el coste laboral para las empresas. Son tímidas las medidas en el ámbito del gasto. El cambio en el periodo de cómputo, al quedar a elección del ciudadano, no implica ahorros en el gasto. Son razonables las mejoras previstas en las pensiones mínimas o las medidas para paliar la brecha de género.

Más allá de estas consideraciones, el sello europeo implica un aval de seriedad, y el pacto político reduce el riesgo de descarrilamientos. Tampoco había mucha alternativa: un enfrentamiento con Bruselas por no llevar a cabo la reforma pactada no solo habría puesto en riesgo el desembolso de los fondos europeos; también habría dado una pésima señal a los mercados, además de retrasar una reforma que, matices aparte, nadie se podía permitir soslayar. Aunque esté a medias.

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