Una decisión que dejará cicatrices
El traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos tendrá consecuencias políticas, empresariales y reputacionales que la compañía debe estar preparada para asumir
La decisión de Ferrovial de trasladar la sede social de la compañía a los Países Bajos ha generado un verdadero terremoto político, empresarial y financiero. El Gobierno reaccionó ayer con extrema contundencia a los planes del grupo, que pasan por realizar una fusión inversa entre Ferrovial SA y la holandesa Ferrovial International SE (FISE), trasladar la sede social, mantener un tiempo la doble cotización en España y los Países Bajos y finalmente salir a Bolsa en EEUU. Una decisión, la salida de España, sobre la que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, expresó ayer el “claro rechazo” del Ejecutivo y que calificó como un gesto que “no se entiende y no es positivo para el país”.
Calviño tiene razón al señalar que la decisión de Ferrovial no ha sido todavía lo suficientemente explicada por sus gestores en todo lo que se refiere al detalle de las razones estratégicas y financieras del traslado, como también la tiene al afirmar que no es positivo para España. En cuanto a la inteligibilidad del movimiento, desde el propio Gobierno se ha confirmado que la factura fiscal que tendrá el cambio de sede para la Hacienda española no será importante, dado que el 80% de la actividad de la compañía tributa fuera del país. Las ventajas en este terreno se limitan a priori a una mejor fiscalidad para los dividendos de las filiales extranjeras del grupo que no justifica el ruido de un cambio de sede, aunque sí una reflexión sobre la necesidad de avanzar en una armonización fiscal europea que sigue siendo una quimera. La compañía alude a las ventajas de cotizar en Amsterdam para preparar su futura salida a Bolsa en EEUU, pero se trata de una razón que no ha sido desmigada todavía con suficiente claridad.
El anuncio, de momento, ya ha servido también para inflamar el debate partidista.
La salida de Ferrovial constituye un desgarro en un entramado empresarial cuyas raíces e historia están fuertemente ligadas a España y cuyo crecimiento y desarrollo se han nutrido de la obra pública española. La decisión de una compañía de trasladar su sede social constituye un movimiento de autonomía legítimo enmarcado en la libertad de empresa y dentro de una Europa cuya falta de fronteras ofrece grandes ventajas a las economías nacionales, pero también inconvenientes. En estos casos, la cuestión es si ese traslado implica efectivamente toda la estructura operativa que implica una sede o es una mera maniobra para obtener ventajas fiscales.
La salida de la sede de Ferrovial de España dejará en todo caso cicatrices políticas, empresariales y reputacionales que la compañía ha de estar preparada para aceptar.
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