El acuerdo de Windsor: ¿punto y aparte en las relaciones posBrexit?
El compromiso supone una gran victoria para el primer ministro británico, Rishi Sunak, aunque su ratificación parlamentaria todavía no está asegurada
Tras la tormenta con Johnson y el interregno de Truss, la aparente calma con Sunak. La tarde del lunes dejó una imagen que, tras el referéndum de 2016, parecía casi utópica: un primer ministro británico y una presidenta de la Comisión Europea ofreciendo una rueda de prensa conjunta, felicitándose mutuamente por haber alcanzado un acuerdo político, y declarando su voluntad de protagonizar una relación más estrecha en el futuro. El texto pactado por el Reino Unido y la UE, denominado acuerdo de Windsor por el lugar de su ratificación, podría poner fin a la guerra política y comercial en torno a Irlanda del Norte, el mayor escollo al que había dado lugar el Brexit.
El acuerdo de Windsor, que aún debe ser ratificado por las partes, contempla cinco medidas principales: tres de naturaleza comercial y dos de naturaleza jurídico-constitucional.
Por una parte, se centra en tres de los grandes problemas comerciales a los que había dado lugar el anterior protocolo, negociado por Boris Johnston en diciembre de 2019. En primer lugar, establece un sistema de sendas rutas entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Los productos que circulen solamente entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte –es decir, cuyo destino final no sea el mercado interior de la UE– transitarán por las denominadas líneas verdes, unas rutas comerciales que apenas conllevarán controles aduaneros. Aquellos productos que transiten entre Gran Bretaña y la UE – en otras palabras, que entren o salgan del mercado interior – circularán, sin embargo, por líneas rojas y deberán someterse a los controles aduaneros o sanitarios requeridos por la regulación posBrexit. En segundo lugar, el acuerdo modifica el régimen tributario aplicable en Irlanda del Norte: el nuevo acuerdo incide en que será Westminster, y no Bruselas, quien determine el IVA y las ayudas estatales en la región. Por último, reduce el papel de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en la circulación de medicamentos en la región, otorgándoselo a su homóloga británica.
El acuerdo también plantea soluciones a dos de los retos constitucionales que inquietaban al Gobierno británico: el papel del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el de la Asamblea de Stormont, el parlamento autonómico norirlandés. El TJUE seguirá teniendo, como no podía ser de otra manera, la última palabra en toda disputa relacionada con el mercado interior y con el Derecho de la Unión Europea. El nuevo acuerdo, sin embargo, reduce su papel en primera instancia, dotando de mayor protagonismo a los tribunales de la región y estableciendo, a su vez, un marco de resolución de conflictos más cercano al arbitraje internacional que reclamaban los brexiters. La Asamblea de Stormont, a su vez, adquirirá un cierto poder de veto: ante legislación europea que afecte a la ciudadanía de la región, y siempre que se den ciertas condiciones, 30 diputados de dos partidos distintos (es decir, un tercio de los 90 diputados de la Asamblea) podrán activar el denominado freno de Stormont, un mecanismo legislativo que bloquearía la aplicación de dicha legislación en la región.
Sobre el papel, el acuerdo de Windsor supone una gran victoria para Rishi Sunak, que ha sabido mostrarse como un primer ministro pragmático y sensato y que, de paso, ha dejado retratados tanto a Boris Johnston (por deshonesto) como a Liz Truss (por incompetente). La ratificación parlamentaria del acuerdo no está, sin embargo, asegurada: Sunak todavía no cuenta con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP), el partido más intransigente del mainstream unionista en Irlanda del Norte y cuyo posicionamiento determinará el de parte de la derecha más euroescéptica de los tories. Y aunque es cierto que el posicionamiento del DUP no será decisivo para la ratificación del acuerdo, que cuenta con el voto a favor del Partido Laborista, sí lo será para el restablecimiento del gobierno autonómico en Irlanda del Norte, bloqueado por el propio DUP y que Rishi Sunak ha planteado como su principal objetivo político una vez alcanzado un acuerdo con la UE.
Además de desatascar la cuestión irlandesa, el acuerdo también podría marcar una nueva fase de confianza mutua entre Londres y Bruselas, desatascando una serie de acuerdos bilaterales. Fue la propia Von der Leyen, de hecho, la que confirmó que, una vez ratificado el nuevo texto jurídico, la UE comenzaría el proceso para incorporar al Reino Unido a Horizonte Europa, el programa de investigación científica de la Unión. En este nuevo marco de respeto mutuo, no descartable que el Reino Unido pudiera reincorporarse a una serie de programas parecidos, entre ellos Erasmus, Copernico o el tratado Euratom.
El éxito del acuerdo de Windsor, que aún debe ser ratificado por Westminster, radica en sus matices. No devolverá a Irlanda del Norte a su situación –política, económica, jurídica– previa al Brexit. Tampoco solucionará todos los problemas a los que ha dado lugar este último, la gran estafa piramidal de la política contemporánea. Sí parece suficiente, sin embargo, para satisfacer a todas sus partes: unionistas y republicanos en Irlanda del Norte; brexiters moderados y remainers en Londres; y las propias instituciones europeas. Y, ante todo, parece marcar el retorno de la confianza y la palabra, esos ingredientes que tanto se habían echado en falta en las malogradas relaciones anglo-europeas. Aunque sólo sea por ello, el acuerdo de Windsor, con su pompa, su circunstancia y su impenetrable jerga jurídica, ya habrá merecido la pena.
Guillermo Íñiguez es investigador doctoral en la Universidad de Oxford y colaborador de Agenda Pública
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