Desde el pasado 24 de marzo está en vigor un nuevo sistema de formación a los trabajadores abierto a la concurrencia del sector privado. La norma introduce también más control del dinero público.
Patronal y sindicatos seguirán vinculados al sistema como los agentes encargados de diseñar cómo debe ser la formación y además cobrarán por ello.
El Gobierno mantiene su intención de sacar a empresarios y sindicatos de la ejecución de los cursos, pero, a cambio, les mantendrá en el diseño de la formación y les ofrecerá una retribución por realizar dicha planificación.
Un problema económico y ético.
Las supuestas irregularidades en la concesión de cursos de formación ha llevado a la Policía Nacional ha iniciar una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada “Edu Costa” en la que tiene previsto realizar entre setenta y noventa detenciones.
