La protesta social contra la tala de árboles en Madrid llega al BEI
El organismo europeo, que financia con 372 millones la ampliación de la línea 11 de metro, analiza una reclamación vecinal contra Ayuso. El estudio de impacto pasa por alto que la tuneladora trabajará durante cuatro años al lado de un colegio público con 500 alumnos
La financiación del Banco Europeo de Inversiones siempre es recibida como agua de mayo por administraciones públicas y empresas europeas. La Comunidad de Madrid así lo celebró cuando en noviembre de 2022 acordó con el BEI la firma de un crédito por 372 millones de euros destinado a la ampliación de la línea 11 del metro de Madrid. Un año después esa financiación ha comenzado a verse envuelta en la polémica ante la protesta de los vecinos afectados por la obra, que han presentado una denuncia contra el Mecanismo de Reclamaciones de la entidad europea en la que ponen en duda la aplicación de los criterios de sostenibilidad social y medioambiental del denominado Banco del Clima.
Las protestas vecinales se han intensificado en los últimos días, después de que se haya realizado la tala de árboles con la que da comienzo la obra en el parque de Comillas y en Arganzuela, las zonas verdes más afectadas por una ampliación de metro que unirá las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal. Los ciudadanos perjudicados argumentan en su denuncia ante el BEI que el trazado inicial del proyecto, aprobado en noviembre de 2021, se modificó posteriormente sin el correspondiente estudio ambiental para conocer su impacto sobre el medio ambiente y la población. “Este hecho pudo ser ocultado por el promotor [la Comunidad de Madrid] para evitar poner en riesgo la financiación del proyecto”, reconocen en su reclamación ante el BEI los denunciantes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial.
Tales modificaciones incluyeron novedades que ahora están en el centro de las protestas. La ubicación de una estación de metro dentro del parque de Arganzuela -frente a su ubicación inicial en el Paseo de Yeserías, que no es zona verde-, y la apertura de una estación en el barrio de Comillas -cuyo parque ha pasado a ser el punto de entrada de la tuneladora, en lugar de la ubicación inicial en Conde de Casal- no se recogieron en el primer estudio de impacto que recibió el BEI para la concesión del crédito. Esa modificación del proyecto implicó además la tala de un número muy superior de árboles: desde los 79 del plan inicial a 1.027 árboles, una cuantía que ha quedado finalmente reducida a los 523 tras la movilización vecinal.
Se da la circunstancia de que el cambio de ubicación de la tuneladora a Comillas supondrá la realización de la obra a tan solo 25 metros de distancia del colegio público Perú, que acoge a 500 escolares, incluido primer ciclo de infantil (de cero a tres años) y es además centro preferente para alumnos con trastorno del espectro autista (TEA). En el colegio también se desarrollan cada tarde dos programas de Cruz Roja y Save the Children/Caixa ProInfancia que atienden a menores en situación familiar vulnerable. “Las obras van a tener un grave impacto sobre el colegio durante al menos cuatro años. Traerán un enorme ruido, polvo, un trasiego continuo de camiones transportando escombros y material. No se concibe una obra de tal magnitud al lado de un centro escolar”, señala Mikel Ogueta, miembro de la Asociación de Familias de Alumnos del Perú.
La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid sí realizó un análisis posterior de impacto medioambiental sobre los cambios respecto al proyecto inicial de la obra en la que se argumentó que la nueva ubicación para la tuneladora en Comillas “permite suponer un menor impacto sobre la población sobre todo en lo referente a las molestias por cortes en la circulación”. Aunque sin detenerse sobre los posibles efectos sobre el colegio. La instalación de una estación de metro dentro del parque Arganzuela, con la consiguiente tala de numerosos árboles, también se consideró como un impacto poco significativo en esta posterior valoración de impacto.
Según recoge la denuncia vecinal presentada ante el Banco Europeo de Inversiones, “si el BEI tuvo conocimiento del Proyecto Constructivo antes de aprobar el crédito, no comprobó adecuadamente la documentación remitida, ni exigió que las evidentes modificaciones sustanciales fueran sometidas a un proceso de evaluación ambiental de carácter público, para garantizar que el proyecto financiado cumpliera con los estándares el BEI”.
Fuentes oficiales de la institución europea señalan a este diario que la reclamación presentada al BEI por el movimiento vecinal está siendo tratada por el Mecanismo de Reclamaciones del Banco, que incluye también un servicio de mediación entre las partes en el que la Comunidad de Madrid ha rechazado participar.
Desde el organismo europeo añaden que “el BEI entiende que la tala ha comenzado en base a la resolución de la Comunidad de Madrid, órgano medioambiental competente, sobre el Informe de Impacto Ambiental del proyecto y la obtención del permiso de tala del Ayuntamiento de Madrid, que es quien en última instancia autoriza este procedimiento”. Y defienden que “todos los proyectos que reciben financiación del BEI están de acuerdo con la legalidad vigente”. La actual vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, tomará posesión como presidenta del BEI el próximo 1 de enero.
Fuentes de la Comunidad de Madrid insisten igualmente en que “tanto el proyecto original y el proyecto modificado cuentan con declaración de impacto ambiental favorable y con todas las autorizaciones necesarias. Además se va a a reducir un 50,9% los árboles afectados al pasar de 1.027 a 523 por lo que el proyecto cumple todos los parámetros necesarios para la financiación del BEI. Por lo tanto, no hay en estos momentos una situación que requiera de una mediación y no está entre los asuntos que se tratan con el BEI”.
Una vez presentada la denuncia vecinal ante el Banco Europeo de Inversiones, que ahora está en fase de evaluación inicial, la actuación del Mecanismo de Reclamaciones del grupo financiero puede incluir desde el análisis de la documentación del proyecto, la solicitud de más información, visitas en el terreno o consultas con los demandantes y los servicios del banco. Y el resultado de su investigación puede variar desde la desestimación de las alegaciones hasta recomendaciones a la dirección del Grupo BEI, quien concede la financiación, para la reevaluación del proyecto. El plazo de respuesta definitiva a la reclamación, en función de la naturaleza de la queja, va de los 25 a 240 días hábiles, un tope que dejaría sin efecto una posible resolución a favor de los demandantes para una obra de una duración estimada en al menos cuatro años.
El movimiento vecinal añade que “es muy posible que, en un futuro no muy lejano, un tribunal de justicia declare ilegal las obras de ampliación de la línea 11 de Metro. En ese caso, ¿habrá financiado el llamado Banco del Clima un proyecto ilegal, cuando la ciudadanía le ha avisado de las irregularidades existentes?”. De momento, los juzgados han rechazado la solicitud de medidas cautelarísimas presentada al inicio de la tala por Ecologistas en Acción, pero la denuncia contencioso-administrativa sigue adelante.
Las acusaciones de obra ilegal también han sido lanzadas por los partidos de la oposición madrileña en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y excompañera del Consejo de Ministros de Nadia Calviño como titular de Industria, Comercio y Turismo, anunció la semana pasada el registro en el Parlamento Europeo de una nueva consulta para que se pronuncie sobre el “arboricidio” por las obras de ampliación de la línea 11 y aseguró que se trata de una “tala ilegal”. “El BEI está trabajando por la lucha contra el cambio climático y claramente perder los árboles, lo que supone la prolongación de la línea 11, atenta contra el sentido común pero también contra la emergencia climática”, criticó Maroto.
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