El ICAM reclama a Bolaños que convoque el segundo examen de acceso a la Abogacía de 2026
El Colegio madrileño advierte de que la falta de un calendario puede retrasar la colegiación y la incorporación laboral de quienes ya han completado su formación
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que convoque de forma urgente la segunda convocatoria de la prueba de acceso a la Abogacía correspondiente a 2026. La institución considera que la falta de información sobre la fecha del examen está generando incertidumbre entre los aspirantes y puede retrasar su colegiación y su incorporación al mercado laboral.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha trasladado esta preocupación al ministro mediante una carta en la que solicita que se publique la convocatoria y se comuniquen cuanto antes las previsiones sobre la celebración de la prueba. Según el colegio, la ausencia de un calendario afecta especialmente a quienes ya han terminado, o están a punto de concluir, la formación exigida para ejercer.
La primera prueba de acceso de 2026 fue convocada mediante la Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo. El ICAM reclama ahora que se dé continuidad al calendario con una segunda evaluación, siguiendo la práctica de años anteriores.
La institución recuerda que la regulación de estas pruebas establece que su convocatoria debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado con al menos tres meses de antelación respecto a la fecha de celebración. Aunque la normativa contempla una periodicidad mínima anual, el Colegio sostiene que una segunda convocatoria aportaría previsibilidad a los aspirantes y evitaría demoras en el acceso a la profesión.
El área de Abogacía Joven del ICAM ha advertido de que la incertidumbre puede dificultar la planificación de quienes esperan incorporarse a un despacho, iniciar una actividad profesional propia o acceder a otras oportunidades laborales. “No es razonable que quienes han dedicado años a formarse y han cumplido con las exigencias académicas necesarias sigan sin saber cuándo podrán afrontar el último paso para ejercer”, ha señalado Gabriel Rodríguez, diputado responsable de Abogacía Joven del Colegio. “La Administración debe ser consciente de que sus tiempos tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas. Los jóvenes abogados no pueden pagar las consecuencias de la falta de planificación”, ha añadido.
Por su parte, Celia Herrero, responsable de Abogacía Joven del ICAM y presidenta de la sección de iniciación profesional, ha precisado que la reclamación no pretende modificar las exigencias del examen. “No estamos pidiendo que se rebaje ninguna exigencia ni que se alteren las garantías de acceso a la profesión. Estamos reclamando algo tan elemental como que los futuros abogados sepan cuándo van a poder examinarse y organizar su futuro”, ha manifestado. “La incertidumbre administrativa no debe convertirse en una barrera añadida para acceder a la Abogacía”, ha concluido.