Del éxito mundialista a la cita de 2030: la gran oportunidad de España
La celebración del Mundial 2030 plantea el reto de armonizar los distintos ordenamientos jurídicos de las sedes anfitrionas bajo un único acuerdo con la FIFA
Tras el estallido de júbilo a raíz de la conquista de la segunda estrella por parte de la Selección Española de fútbol, resulta pertinente cuestionarnos los pormenores que han dado forma a la consecución de este nuevo hito deportivo, y que bien podría concretarse en la siguiente elocución, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
La respuesta concisa podría concentrarse en subrayar el desarrollo alcanzado por la industria deportiva en España (y en la que el fútbol ostenta, sin lugar a duda, el lugar predominante). No obstante, esta síntesis resultaría excesivamente escueta, pues se omitirían las verdaderas acciones e iniciativas que han aupado una vez más a nuestra nación al lugar más alto del podio futbolístico mundial.
Tras los infructuosos intentos de traer los Juegos Olímpicos a Madrid (hasta en tres ocasiones en lo que va de siglo), la alternativa a la hora de recuperar protagonismo internacional pasaba nuevamente por acentuar la profesionalidad alcanzada en el deporte rey, y cuyo prestigio se ha consolidado a través de los logros obtenidos en competiciones continentales e internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones. En este contexto, la repercusión de la Copa Mundial de la FIFA posee innumerables aristas, y esto hace necesaria la determinación de los aspectos en los que se concentran sus efectos más notables.
Debemos tornar nuestra mirada al documento oficial de la candidatura (bidbook) conformada por las tres federaciones que albergarán el grueso de la cita del año 2030. Así, de sus 377 páginas puede extraerse la determinación de las asociaciones miembro de España, Portugal y Marruecos a la hora de generar un impacto que se desglosa en los siguientes conceptos.
Por una parte, la reverberación en el ámbito social, y que además es ensalzada por el rol de común denominador que ejerce el fútbol en la actualidad, al ser capaz de aunar diversas culturas y pueblos alrededor de este deporte.
Igualmente, resulta innegable la repercusión de un mundial de futbol en lo que atañe a la atracción de inversión extranjera, y que inevitablemente hemos de ligar a la simbiosis conformada por la innovación tecnológica junto a la modernización de las infraestructuras, lo que a su vez da lugar a una demostración de las capacidades de las empresas españolas a la hora de competir con sus homólogos en el extranjero (basta aludir a las numerosas compañías que ejecutan proyectos en el ámbito de la construcción, la energía, o el transporte, entre otros sectores).
Las estimaciones sitúan el impacto económico del Mundial 2030 en España por encima de los 5.000 millones de euros, una cifra que solo se alcanzará si el marco legal que articula el proyecto (contratos de infraestructuras, régimen fiscal aplicable a patrocinadores y proveedores, seguridad jurídica para la inversión privada) resulta sólido y predecible. La experiencia de anteriores fases finales del torneo demuestra que la seguridad jurídica del país organizador es, en la práctica, tan determinante para atraer inversión como sus infraestructuras o su tradición futbolística.
Organizar un Mundial trasciende los retos deportivos y logísticos, pues también constituye un notable ejercicio de ingeniería legal y fiscal de primer nivel.
La cita de 2030 plantea, en primer lugar, el reto de armonizar distintos ordenamientos jurídicos bajo un único acuerdo con la FIFA: España, Portugal y Marruecos como sedes principales, a los que se suman Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones de los partidos del centenario. La coordinación normativa entre los países organizadores resulta decisiva para el éxito del proyecto en ámbitos, entre otros, de la contratación pública para la construcción y reforma de infraestructuras, régimen laboral aplicable a las obras y a los servicios del evento, movilidad transfronteriza de aficionados y protección de los derechos de imagen y patrocinio.
A ello se suma el paquete de garantías legales y fiscales que la FIFA exige históricamente a los países organizadores. Como muestra de ello, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de julio de 2024, un acuerdo de garantías que exime a la FIFA del Impuesto sobre Sociedades, establece un régimen especial de IVA y concede facilidades en materia de visados y permisos de trabajo para su personal. Este compromiso ya ha generado debate jurídico, porque debe compatibilizarse con la directiva europea del IVA (2006/112/CE) y con la directiva 2022/2523 sobre el tipo mínimo global del 15% para grandes grupos.
Así las cosas, hemos de concluir que las consecuencias de albergar una edición de la Copa Mundial de la FIFA trascienden los contornos meramente futbolísticos que a priori podríamos esbozar. El reto, por tanto, no es solo deportivo ni económico. Es también, y de forma decisiva, jurídico.
En este punto, no podemos más que ilusionarnos con un proyecto transformador que requerirá inexorablemente del compromiso de los poderes públicos como también de la colaboración de las entidades privadas a la hora de mostrar una imagen floreciente de los países anfitriones, siendo esta meta el resultado deseable que inspira los esfuerzos que siguen desarrollándose en el momento de estas líneas, y cuyo legado será incluso mayor en caso de que, nuevamente, los resultados deportivos acompañen las aspiraciones de España.