Aprobada la pasarela RETA: un punto y seguido en el rescate a los mutualistas que deja fuera a los ya jubilados
La ley sale adelante y el Gobierno tiene tres meses para desarrollarla. Consejos, colegios y asociaciones celebran el hito, pero siguen pidiendo justicia para los excluidos
La pasarela al RETA es ya una realidad para miles de mutualistas condenados a la indigencia con una pensión irrisoria de 400 euros. Miles de abogados, procuradores y otros profesionales, como arquitectos, podrán acogerse voluntariamente al rescate que han peleado durante tres largos años. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva este jueves a una ley cuya tramitación ha mantenido en vilo a los mutualistas. El aval ha sido ampliamente mayoritario. No es la ley perfecta, pero es un punto de partida, se escuchaba en los pasillos. El Gobierno tiene ahora tres meses para aprobar el reglamento que perfile el detalle las cuestiones que han quedado abierta y de el pistoletazo de salida al éxodo de mutualistas.
Entre las batallas ganadas: la ampliación de la pasarela a los ex mutualistas. Sin embargo, el rescate no es universal: no alcanza a los pensionistas, que, de momento, no podrán cruzar a la orilla más verde. Tal y como estaba establecido en el texto inicial, los años cotizados en las mutualidades no valen lo mismo que en el RETA (el famoso uno por uno), salvo que el profesional tenga 52 años o más. Se establece un coeficiente de entre de 0,67 a 0,87 sobre la base mínima de cotización. Tampoco se ha cerrado la puerta, de momento, a que las mutualidades sigan operando como alternativa a la Seguridad Social. Se prevé la elaboración por el Gobierno de un informe de evaluación técnica de la alternatividad en 2030.
En el debate previo a la votación, los portavoces parlamentarios han reconocido que ha sido un camino largo, muchas veces congelado, con vetos y contra vetos. La lucha ha tenido fruto, pero queda en el aire un poso de frustración por la injusticia que seguirán sufriendo los más vulnerables: los mutualistas pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes. Confiaron en un modelo fallido, se ha recordado. El Estado no ha sabido reparar de forma completa el perjuicio sufrido por quienes han sostenido un servicio público esencial como es la justicia gratuita —muchos de los mutualistas afectados son abogados del turno de oficio—, se ha recalcado. Los diputados se han encontrado con un dilema: si dejaban caer las enmiendas del Senado, renunciando específicamente a aquella que deja fuera a los pensionistas, automáticamente se recuperaba el texto aprobado en primera vuelta por el Congreso. Los mutualistas, verdaderos artífices de esta pasarela, han intentado hasta última hora protegerles bajo el paraguas de la pensión pública. Pero la ley ha sido aprobada tal cual salió del Senado.
La actual pasarela inició su tramitación con una propuesta del grupo parlamentario socialista presentada el 21 de noviembre de 2024. En la recta final, el Senado aprobó el pasado 10 de julio el texto definitivo con algunas enmiendas. Este jueves, el Congreso ha abierto por fin la puerta a una solución. La Abogacía, Procura, colegios y asociaciones celebran este paso y mantienen el pulso con el desarrollo reglamentario para que la protección sea lo más justa y garantista posible. Del otro lado, Mutualidad viene trabajando en un plan de contingencia en previsión de la baja de miles de asociados. En una entrevista concedida el año pasado a El País, Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad, dibujó el posible escenario: en el peor de los casos, la entidad calculaba la salida de 60.000 mutualistas (todos los alternativos) y la pérdida de 3.000 millones de euros del ahorro gestionado, un tercio del total.
El pulso de las instituciones
La Abogacía Española muestra su alegría por el hito alcanzado, pero sigue reclamando los arreglos necesarios para que la pasarela sea lo más justa posible. Cabe precisar que el grueso de los profesionales que se ven abocados a pensiones indignas son abogados. “La aprobación de esta ley supone, sin duda, un paso muy importante después de tres años de trabajo diálogo institucional y reivindicación constante por parte de las asociaciones, colectivos y sindicato de mutualistas, pero el texto no recoge todas las demandas que la profesión ha defendido desde el principio”, reclama Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Por eso, subraya que “el desarrollo del reglamento será determinante”. “Confiamos en que este permita dotar a la norma de la flexibilidad necesaria para atender situaciones muy diversas y garantice unas pensiones dignas para quienes han dedicado toda una vida al ejercicio de la profesión; Seguiremos trabajando para proteger a todos los que se queden fuera”, asegura.
“Resulta esencial garantizar la máxima seguridad jurídica en la conversión de los derechos económicos acumulados, evitando incertidumbres y desigualdades entre colectivos con trayectorias similares”, defiende Alberto García Barrenechea, presidente del Consejo General de Procuradores de España. Entre los que posiblemente crucen a la Seguridad Social “se encuentran numerosos procuradores que, tras largas trayectorias, afrontan hoy situaciones de protección social insuficiente que requieren una intervención clara de los poderes públicos”, recuerda Barrenechea.” Por encima de las diferencias políticas, debe prevalecer un objetivo común: una pasarela al RETA justa, inclusiva y eficaz, sin exclusiones injustificadas”, reclama. El presidente de los procuradores valora positivamente “la existencia de la pasarela y la eliminación de restricciones que podían dejar fuera de la solución a mutualistas en situaciones objetivamente merecedoras de protección”.
El empuje de las asociaciones
El hito que supone la ley aprobada hoy en el Congreso es el fruto de la lucha incansable de los mutualistas. El Movimiento #J2, una plataforma integrada en su origen por abogados y procuradores, impulsó en 2023 una iniciativa para lograr una “pasarela al RETA” a través de la cual poder trasladar los ahorros de la mutualidad al sistema de pensiones de la Seguridad Social. Desde entonces, se han ido sumando asociaciones y movimientos como la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, Anama, Plataforma por la Pasarela, Mutualistas por el Futuro, Altodo, Venia o Marea Negra.
Ana Gil, abogada sevillana y portavoz del Movimiento #J2, celebra el logro “misión cumplida”, pero advierte: “No es algo maravilloso, queda escenario judicial, escenario europeo y lucha para rato”. Desde 2024, la plataforma ha protagonizado hasta siete manifestaciones en Madrid. La abogada es clara: “Se ha conseguido un texto decente, un punto de partida que nos permita un desarrollo reglamentario que nos permita salir de la Mutualidad en la que estamos atrapados un colectivo enorme”. Entre las victorias, Gil destaca la enmienda que ha permitido mejorar la pensión de los mutualistas mayores de 52 años o que hubieran ingresado en la mutualidad antes de 1995. La ley aplica en estos casos un coeficiente del 1% al traspasar lo aportado a la bolsa de periodos cotizados en la Seguridad Social en vez del rango del 0,67 al 0,87 fijado con carácter general. “Los que hemos tenido carreras largas sin cotización a la Seguridad Social podremos aplicar el uno por uno que hemos defendido desde el principio para todos”, celebra. “Seguiremos peleando por los agravios comparativos que se puedan producir”, avisa.
Los arquitectos, un colectivo menos visibilizado, también celebran este punto de partida. Maria Luisa de Saavedra, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), “la ley que acaba de aprobarse en un avance muy importante que va a permitir a muchísimos mutualistas poder mejorar y solucionar una situación de injusticia Impuesta desde años inmemorables”. La vicepresidenta de ANMARQ también critica que no se haya dejado fuera a los pasivos, “quienes durante más años han estado obligados a un sistema fallido y más han aportado para las pensiones de las generaciones anteriores”. Un colectivo, cuanta, que “roza los 6.000” profesionales, de los que arquitectos y aparejadores “son los más numerosos”, con una edad comprendida entre los 72 y los 82 años. De Saavedra explica que la brecha tecnológica obliga a los arquitectos a jubilarse antes que abogados o procuradores. En la asociación hay registrados 1.500 pasivos.
Altodo, Asociación de letrados por un turno de oficio digno, también celebra la aprobación de la pasarela, pero la considera insuficiente. “No es digna ni justa si deja fuera precisamente a los pasivos, que son las personas que más pueden necesitar el incorporarse al sistema público de previsión social, porque precisamente ahí es donde hay personas cobrando pensiones que están incluso por debajo de una pensión mínima no contributiva”, clama su presidenta, África Calleja. Desde la asociación recalcan la incoengruencia que supone la existencia de pensiones no contributivas !y sin embargo alguien que sí ha contribuido al sistema se ve abocado a una pensión que está por debajo de mínimos, cobrando pensiones de 400 euros“. Como punto positivo: “el texto deja claro que la transferencia de aportaciones desde las mutualidades al Sistema Público de Seguridad Social estám exentas de tributación y se marca un plazo de tres meses al Gobierno para que tramite el pertinente reglamento”.
Defenda (Asociación de Defensa de los Derechos de la Abogacía) ha manifestado su “más enérgico rechazo a las limitaciones incorporadas al texto durante el trámite en el Senado”. María Amparo Martínez, presidenta de la asociación, celebra la ley porque “representa un avance largamente esperado”, pero denuncia que “cojea de defectos estructurales insostenibles que empañan la medida”. Destaca la exclusión deliberada de miles de mutualistas jubilados “que actualmente perciben prestaciones indignas”. Profesionales que “confiaron de buena fe en un modelo alternativo amparado por el Estado y no pueden ser abandonados a su suerte”. La organización muestra asimismo “profunda preocupación por las fórmulas que condicionan el traspaso de fondos”: rechazan de plano cualquier mecanismo de actualización por el IPC sobre las cotizaciones históricas o criterios de equivalencia actuarial.
Desde Mutualistas por el Futuro celebran la aprobación definitiva de la pasarela al RETA, “una medida que responde a una reivindicación histórica y que permitirá a quienes así lo deseen incorporarse voluntariamente al sistema público”. No obstante, la asociación subraya el carácter voluntario de la opción y no reniegan, como otras, de la función de previsión social de estas entidades: “Miles de mutualistas estamos satisfechos con el modelo alternativo y queremos seguir formando parte de él, pero reclamamos hacerlo con las mismas garantías, sin desigualdades y con plena seguridad jurídica”. Y exigen un desarrollo reglamentario “que asegure la protección del ahorro acumulado por los mutualistas y preservar los derechos tanto de quienes opten por acogerse a la pasarela como de quienes quieran permanecer en el sistema alternativo”.
¿Por qué se ha aprobado la pasarela RETA para estos profesionales?
Los abogados, procuradores y otros profesionales colegiados, como arquitectos o ingenieros, tenían un sistema de previsión social propio: las mutualidades profesionales. El sistema fue obligatorio hasta 1995, año en el que se convirtió en alternativo: los profesionales podían elegir entre la mutualidad o la Seguridad Social (RETA). La Mutualidad de la Abogacía, ya convertida en aseguradora, viró en 2005 de una estructura similar al de reparto utilizado por la Seguridad Social a un modelo de ahorro personal o capitalización individualizada. Muchos dicen que se quedaron como mutualistas alternativos confiando en las promesas de que les iban a quedar pensiones similares a las de RETA. La decisión se complicaba porque no podían llevarse sus ahorros a la Seguridad Social, pues quedaban cautivos en las mutualidades. La realidad es que, tras una vida cotizando, muchos se ven abocados a pensiones de apenas 400 euros. La solución pasaba por una decisión política y una articulación legal.