Salvador González (CGAE): “La ley de pasarela al RETA urge: hay muchos compañeros angustiados que no pueden dormir”
El presidente de la Abogacía habla alto y claro sobre los retos que afronta la profesión en un momento de transformación de la justicia
Hace casi un año que Salvador González (Málaga, 1968) tomó las riendas del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Con ello, asumió también el compromiso de velar por los intereses de los 250.000 profesionales colegiados, entre ellos, 150.000 letrados en ejercicio: los que pisan cada día los pasillos de los juzgados.
Un año que el propio González describe como intenso y desafiante en una entrevista para CincoDías en el marco de las novenas jornadas de juntas de gobierno celebradas en Jerez de la Frontera (Cádiz) la semana pasada bajo el lema “Juntos, lideramos”. En un momento marcado por el ruido, la crispación y la fatiga institucional, González pide “sosiego” y escuchar a quienes sostienen el sistema: los profesionales.
Las Juntas de Jerez de la Frontera han servido para escenificar la unidad de la abogacía frente a los grandes desafíos de la profesión en el contexto de la puesta en marcha de una gran reforma de la justicia impulsada por Félix Bolaños desde el ministerio. La pasarela al RETA para los compañeros mutualistas, condenados hoy a una pensión irrisoria, ha sido prioridad desde el primer minuto. Pero también encabezar el diálogo con el ministerio en busca de soluciones a los males crónicos de la justicia. En el horizonte, la nueva ley de asistencia jurídicia gratuita. Una norma que esperan miles de abogados de turno de oficio y sobre la que el propio González comenta: “No va ni lo rápido ni en el sentido que nos gustaría”.
Durante un receso de las jornadas, González saca tiempo para responder con tono aposionado sobre los grandes desafíos de la abogacía. Su carácter tenaz y perfeccionista le impulsa a trabajar incansablemente para dar respuesta institucional a los problemas de los profesionales. La Abogacía, subraya, debe liderar unida.
Pregunta. Hace casi un año que fue proclamado presidente del CGAE. ¿Qué balance hace?
Respuesta. Tengo que ser sincero, llegar a una institución como esta con tantos desafíos por delante no es fácil. Nos encontramos con la cuestión de las pensiones, que estaba preocupando mucho a los compañeros mutualistas. En primer lugar, a los que se jubilaban con cantidades muy bajas y, después, a los que esperaban hacerlo en cinco o diez años, que empezaron a no dormir. Era dramático, teníamos muchas movilizaciones y había que abordarlo decididamente desde el Consejo. Hemos hablado con todo el mundo y removido obstáculos, al punto de que hoy hay una tramitación parlamentaria que ojalá concluya.
Esto nos ha llevado mucho tiempo, además de la gestión del turno oficio y las expectativas que se nos han creado con una ley de asistencia jurídica gratuita que, como ya he dicho en otras ocasiones, no va ni lo rápido ni en el sentido que nos gustaría.
Hemos intentado también fortalecer la comunicación del Consejo para que llegue mejor a los medios, a los ciudadanos y a nuestros compañeros. En todo esto hemos invertido mucho, pero siempre le queda a uno esa sensación de que tenemos que trabajar y conseguir más, por eso debemos ser autocríticos.
La pasarela tiene que alcanzar a todos, no tiene mucho sentido trocear a una parte de los afectados y dejar a profesiones fuera
P. ¿Cómo va la ley de pasarela al RETA? Los procuradores han dicho que crea pensionistas de segunda...
R. La pasarela al RETA es algo que quiere la profesión. Después de hablar con todos los grupos políticos, con sus matices, todos la apoyan, incluso las mutualidades. Esperamos tener un proyecto de ley para poder hacer aportaciones y mejoras. La Abogacía, los afectados, debemos ser capaces de trasladar nuestras razones, que son razones constitucionales. La pasarela tiene que alcanzar a todos, no tiene mucho sentido trocear a una parte de los afectados y dejar a profesiones fuera. En todo caso, cualquier ley será buena, porque recoge el derecho constitucional a una pensión digna. Lo que queremos es que sea lo mejor posible para que lo que haya que reclamar después, en juzgados y tribunales, sea mínimo. Y tiene que hacerse con urgencia, porque, como decía, hay muchos compañeros que no duermen, otros que no viven, y es una situación muy angustiosa para muchos. Espero que salga antes de finalizar este año.
P. ¿Debería reconocerse un año de cotización en la Seguridad Social por cada año en la mutualidad?
R. Hay diferentes formas de construir la pasarela. Esto es algo que va a decidirse por el Parlamento, donde los distintos partidos políticos tendrán que llegar a un consenso. La posibilidad del uno por uno que plantea tanto la plataforma de afectados como J2, es sin duda una posibilidad que llega a todos. Y que llega de una manera, entendemos, favorable al concepto constitucional del derecho a una pensión digna. Pero que hay otros factores que también deben de considerarse. Debemos de tener en cuenta también que hay otras profesiones afectadas: procuradores, arquitectos, médicos ...
No creo que el Consejo deba tomar posición por una o por otra. Lo que tiene que conseguir es que haya una solución rápida, que sea eficaz y que alcance a la mayor parte posible de los afectados. Por otro lado, la pasarela, y en eso sí hay unanimidad por parte de todos, debe ser voluntaria.
Al ministerio le hemos pedido más recursos para la implantación de la ley de eficiencia; no es razonable que no se haya constituido la comisión para la calidad de la justicia
P. Estamos ante una revolución del sistema judicial. El próximo 1 de julio entrarán en marcha la primera ola de tribunales de instancia ¿Llegamos a tiempo?
R. Toda modificación estructural conlleva, seguro, errores de implantación y problemáticas que tienen que resolverse. Le hemos dicho al ministerio que faltan medios. Es decir, que, además del BOE, hacen falta recursos para implantarla. Creo que los plazos que se han establecido para la nueva organización de la planta judicial son cortos y la intensidad del trabajo, por lo que percibimos los operadores, no es suficiente. La ley de eficiencia crea una comisión para la calidad de la justicia que no se ha constituido. No parece razonable que en un momento tan crítico no exista este foro para compartir cómo vamos con este cambio de paradigmas.
P. Se suma la incertidumbre por la dispersión de criterios para admitir demandas tras la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC)...
R. Siempre que hay un cambio de modelo, como en este caso con el requisito de procedibilidad de los MASC, hay cierta incertidumbre, pero aquí hay mucha incertidumbre. Estamos trabajando en reducir este cúmulo lo antes posible. Tenemos que atajarlo trabajando con todos: con jueces, con magistrados y con el ministerio. No obstante, un margen de incertidumbre siempre va a haber, porque al final nos remitimos a resoluciones jurisdiccionales. Al ministerio le hemos trasladado diez medidas para ayudar con la ley de eficiencia, una de ellas es que se ponga en marcha la comisión.
Plantear una reforma exprés del acceso a la carrera judicial sin el necesario debate de los implicados no es el mejor camino
P. Hace unos días mantuvieron una reunión con las asociaciones de jueces que rechazan la reforma del acceso a la carrera judicial. ¿Cuál es la posición del CGAE al respecto?
R. A jueces y fiscales les trasladamos que el sistema ya tiene muchos años y que abordar una reforma no es algo insólito. Lo que no parece razonable es que se haga sin hablar con los que cada día estamos en la justicia: con jueces, con fiscales, y, por supuesto, con la Abogacía. Son 150.000 profesionales los que, en su despacho, arrancan cada uno de los procedimientos judiciales. Una reforma exprés de una ley orgánica, sin el necesario debate de los implicados, no es el mejor camino.
P. Hace una semana, el Poder Judicial reclamó de nuevo responsabilidad a los políticos para no socavar la confianza de los ciudadanos en la justicia ...
Los primeros en sumarnos al comunicado del Poder Judicial fuimos nosotros. La presidenta salió defendiendo la independencia judicial en el mes de diciembre en relación a unas manifestaciones que se habían hecho respecto de órganos judiciales en asuntos concretos. Ahora, el comunicado lo ha emitido la comisión permanente. Realmente la independencia judicial existe en cada uno de los órganos judiciales del país, pero a la ciudadanía se le está transmitiendo otra cosa.
P. ¿Cree que se está politizando la justicia?
R. En las palabras que he dirigido a los 700 directores de la Abogacía Española que se reúnen estos días en Jerez, he hecho un llamamiento claro a los poderes públicos y a la política para que dejen en paz a la justicia. Se traslada al ciudadano una imagen que no ayuda en nada a la percepción de independencia judicial ni al Estado de derecho. Hay que dejar fuera del debate político a la justicia.
Retos sobran y hay uno en el que estamos trabajando en los últimos meses, y que creo que va a ser fundamental, es el de fortalecer la independencia judicial y el Estado de Derecho.
P. ¿Cómo es la relación actual con el Ministerio de Justicia?
R. Es una relación cordial, en la que ponemos encima de la mesa toda la colaboración que nos es posible. Somos conscientes de que el ministerio tiene limitaciones presupuestarias, por un lado, y por otro dificultades para sacar adelante legislación en un Congreso y en un Parlamento muy dividido. Somos conscientes de todo eso. Pero también es verdad que hay cosas que entendemos que desde el ministerio se podrían mejorar, como, por ejemplo, la presencia hoy aquí, estos días en Jerez, donde se reúnen 700 dirigentes de la Abogacía Española, 700 dirigentes de los 150.000 abogados y abogadas, de los 240.000 colegiados y colegiadas de toda España.
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