La litigación masiva en materia de consumo: ¿solución jurídica o síntoma de un sistema fallido?
La reciente estimación por parte del Supremo de una acción colectiva por falta de transparencia en relación con las tarjetas revolving puede marcar un punto de inflexión en la litigación en materia de consumo financiero
La reciente estimación por parte del Tribunal Supremo de una acción colectiva por falta de transparencia en relación con las tarjetas revolving puede marcar un punto de inflexión en la litigación en materia de consumo financiero. Esta resolución abre la puerta a reclamaciones de miles de consumidores y pone de relieve, a la vez, la dimensión estructural de determinados conflictos entre clientes y entidades financieras.
Este pronunciamiento se enmarca en un fenómeno más amplio: el crecimiento sostenido de la litigación masiva en materia de Derecho del Consumo, especialmente en el ámbito bancario. Y es que, en los últimos años, los tribunales españoles han afrontado una avalancha de procedimientos relacionados con productos financieros y prácticas contractuales cuya transparencia o legalidad han sido cuestionadas por los consumidores.
La litigación masiva en materia de Derecho del Consumo, particularmente en el ámbito bancario, se ha normalizado hasta el punto de presentarse en ocasiones como un indicador del buen funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica y práctica, esta avalancha de procedimientos revela más bien lo contrario y pone de manifiesto un fallo estructural en la prevención del daño, en la supervisión de las prácticas bancarias y en la eficacia real de los mecanismos de protección previstos por el legislador.
El Derecho del Consumo nace con una vocación esencialmente preventiva. Su finalidad no es que el consumidor gane pleitos años después de haber sufrido el perjuicio, sino evitar que ese perjuicio llegue a producirse. Sin embargo, en la práctica bancaria, la protección del consumidor financiero se ha desplazado hacia un modelo reactivo en el que el conflicto solo se corrige cuando llega a los tribunales. La litigación masiva no es, por tanto, una solución jurídica, sino el síntoma de que el sistema ha fallado en su función principal.
Las entidades financieras han incorporado la litigiosidad como un elemento más dentro de su gestión del riesgo. La comercialización de productos con serias dudas de transparencia material no siempre se detiene ante la posibilidad de futuras reclamaciones judiciales, porque ese riesgo se asume, se calcula y se gestiona. El coste de miles de procedimientos puede integrarse en la propia dinámica del negocio, especialmente cuando una parte significativa de los consumidores no reclama o abandona el proceso por la complejidad y duración de los procedimientos.
El consumidor, por el contrario, soporta gran parte del peso del sistema. Es quien debe detectar el problema, buscar asesoramiento jurídico y asumir tiempos procesales prolongados para defender derechos que, en teoría, ya le reconoce el ordenamiento jurídico. Incluso cuando obtiene una resolución favorable, la reparación llega tarde y el desgaste personal y económico ya se ha producido.
Este fenómeno se observa con especial claridad en la financiación al consumo, donde durante años se han comercializado productos financieros complejos sin una intervención preventiva eficaz. El ejemplo de las tarjetas revolving resulta especialmente ilustrativo, no solo por el volumen de litigios generados, sino por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema. Un tipo de producto que ha evidenciado las dificultades para garantizar una verdadera comprensión del contrato por parte del consumidor y ha obligado a los tribunales a realizar un intenso control sobre su transparencia y sobre sus condiciones económicas. Así. el reciente pronunciamiento del Supremo confirma la dimensión estructural del problema y puede abrir la puerta a reclamaciones de miles de clientes.
Desde un punto de vista jurídico, resulta difícil considerar eficaz un modelo que permite la repetición continuada del daño hasta que interviene el control judicial. La declaración de nulidad de determinadas cláusulas o prácticas no siempre impide que se reproduzcan dinámicas contractuales similares, lo que demuestra que la corrección ex post tiene una capacidad limitada para modificar comportamientos estructurales del mercado. La saturación de los juzgados especializados en materia de consumo es también una consecuencia directa de esta situación. El colapso judicial perjudica nuevamente al consumidor, que ve cómo sus procedimientos se prolongan durante años mientras la entidad financiera mantiene una posición de ventaja derivada de su capacidad económica y organizativa.
En este contexto, resulta legítimo preguntarse si el modelo actual de tutela del consumidor financiero es realmente coherente con los principios inspiradores del Derecho del Consumo. Cuando la corrección de determinadas prácticas depende de que miles de consumidores litiguen individualmente, la función preventiva del sistema queda debilitada.
La protección frente a la banca no puede descansar exclusivamente en la reacción judicial ex post. Resulta necesario reforzar los mecanismos de supervisión previos y garantizar que las obligaciones de transparencia cumplan una función material y no meramente formal. Solo cuando el Derecho del Consumo recupere su dimensión preventiva dejará de ser el consumidor quien tenga que acudir a los tribunales para corregir disfunciones que el sistema debería haber evitado.