Un nuevo año y una gran oportunidad
2026 consolidará varios ejes regulatorios que ya están marcando la agenda laboral del tejido empresarial
El año 2026 se presenta como un punto de inflexión para la economía y para los sectores que la sostienen, incluido el sector jurídico y fiscal. Las empresas y los servicios profesionales se enfrentan a un escenario donde la estabilidad es la excepción y la transformación: la norma. La combinación de factores geopolíticos, económicos, tecnológicos y sociales está alterando las reglas del juego: crecimiento moderado global, bonanza relativa en España, anomalías presupuestarias, disrupción tecnológica y la entrada de nuevos actores en sectores tradicionalmente estables.
En el ámbito local, España encara 2026 con una posición relativamente sólida: crecimiento del PIB superior a la media europea (2,3%-2,9%), impulsado por la inversión, el consumo y la ejecución final de los fondos europeos. El mercado laboral mantiene dinamismo y la inversión extranjera sigue fluyendo hacia sectores estratégicos como energía, infraestructuras y tecnología. Sin embargo, esta bonanza convive con una anomalía institucional: la falta de nuevos presupuestos y un incremento del techo de gasto récord (+8,5%), que revela tensiones políticas y riesgos para la estabilidad fiscal.
España, por tanto, vive una paradoja en la que el crecimiento económico está por encima de la media europea pero, a la vez, cuenta con desequilibrios estructurales que antes o después exigirán reformas profundas. Para las empresas, este contexto implica una doble lectura: oportunidades para crecer y diversificar, pero también la necesidad de blindarse frente a posibles ajustes fiscales y cambios regulatorios.
En materia fiscal, tanto el marco normativo europeo como el español serán grandes vectores de cambio en 2026 para cualquier empresa que opere en un entorno globalizado.
La fiscalidad internacional se reconfigurará con la entrada en vigor del Pilar Dos del proyecto BEPS 2.0, impulsado por la OCDE y el G20, que establece un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. España ya ha aprobado el Impuesto Complementario para garantizar este nivel mínimo, con efectos retroactivos desde 2024, lo que obliga a las corporaciones a revisar sus estructuras fiscales y a reforzar sus sistemas de cumplimiento.
En paralelo, la Unión Europea avanza hacia una mayor armonización y digitalización de la fiscalidad. La directiva FASTER transformará los procedimientos para la devolución de retenciones en origen sobre dividendos e intereses transfronterizos. El objetivo es reducir costes y tiempos mediante certificados digitales de residencia fiscal y sistemas de relief at source y quick refund, lo que exigirá a las empresas adaptar sus procesos internos y sus plataformas tecnológicas. La directiva, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de enero de 2025, deberá incorporarse al derecho interno de los Estados miembros no más tarde del 31 de diciembre de 2028.
El nuevo año también consolidará varios de los ejes regulatorios que ya están marcando la agenda laboral de las empresas; entre otros, el refuerzo del control horario y la trazabilidad de la jornada, la ampliación de los permisos para la conciliación, la obligación empresarial de implementar planes de movilidad sostenible cuando la plantilla excede de los 200 trabajadores, la transposición de las directivas europeas en materia de transparencia retributiva y condiciones laborales y el incremento sostenido de las cotizaciones sociales.
Por otro lado, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027 está elevando el nivel de exigencia en materia de cumplimiento normativo empresarial, con especial foco en impedir la contratación temporal fraudulenta y garantizar los derechos a la igualdad e inclusión, así como la seguridad y salud en el trabajo.
En paralelo, también veremos un inevitable aumento de adopción de tecnología, que será uno de los ejes fundamentales sobre los que gire la competitividad y la transformación de las funciones jurídicas y fiscales de las empresas. El nuevo año marcará el paso definitivo desde la construcción del marco regulatorio a su aplicación práctica y supervisión efectiva, cuando finalmente se apruebe el Proyecto de ley de servicios digitales. Normas como la Digital Services Act (DSA) y, sin duda, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Más allá del cumplimiento técnico, estas normas refuerzan la responsabilidad de los órganos de administración en la supervisión de sistemas automatizados, la gestión de riesgos tecnológicos y la toma de decisiones informadas sobre el uso de datos y algoritmos. Para muchas organizaciones, el verdadero reto será articular una gobernanza interna coherente que permita integrar innovación y control sin frenar la transformación digital.
2026 no será un año para la complacencia, pero la respuesta no está en la improvisación, sino en la anticipación. Las empresas deberemos abrazar la tecnología con propósito, diversificar servicios y mercados, invertir en talento y cultura e integrar la sostenibilidad en la estrategia. Esta anticipación bien entendida y planificada será la clave para marcar el camino de las empresas y de las firmas de servicios profesionales. La oportunidad está aquí y hay que saber aprovecharla.